La AIReF avisa: el IMV solo llega a uno de cada tres potenciales beneficiarios

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación no contributiva aprobada por el Gobierno para prevenir el riesgo de pobreza de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades fundamentales, solo ha llegado a 284.000 hogares desde su puesta en marcha. Es decir, al 35% de los 800.000 a los que, según sus cálculos, podría beneficiar.

Esto se debe, según indica, entre otras cuestiones, a que casi 470.000 familias con derecho a percibir esta prestación, lo que supone el 58% del total de los posibles beneficiarios, no solicitaron el IMV en 2022. De ellos, más del 60% son hogares sin menores y el 64% reside en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Otra razón que explica el bajo número real de beneficiarios es que el 69% de las solicitudes se han denegado desde el Gobierno.

Estos datos se recogen en la Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital publicada por la AIReF, la evaluación que este organismo realiza anualmente por mandato de la propia ley. Su presidenta, Cristina Herrero, ha explicado en rueda de prensa que esta evaluación no incluye a las autonomías forales, que no han dado la información necesaria para poder incluirlas en este informe.

Herrero ha detallado que los datos de beneficiarios, algo más de 284.000, son similares a los que se contabilizaron el año pasado y que también el porcentaje de solicitudes denegadas se mantienen en los mismos niveles que en 2021. Tampoco ha mejorado el plazo de tramitación de la prestación, que se sitúa en torno a los 120 días.

Además, la presidenta de la AIReF ha indicado que el gasto anual en 2022 para esta prestación ha sido de 1.900 millones, lo que supone un 47% del gasto potencial previsto. Según sus cálculos, totalmente desplegado tendría un coste de 4.100 millones de euros.

Por otro lado, el organismo identifica "dificultades y escasos avances en el despliegue de la prestación, a pesar de las acciones encaminadas a favorecer su solicitud y a potenciar la eficacia de la prestación". Y también detecta "un alcance limitado del nuevo complemento de infancia".

En el estudio, la autoridad repasa las acciones que ha puesto en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en los últimos meses para favorecer la solicitud del IMV y potenciar la eficacia de la prestación. Por ejemplo, detalla la AIReF, "se ha creado el Registro de Mediadores Sociales del IMV en el que actualmente hay inscritas más de una decena de entidades sociales con capacidad para certificar situaciones complejas de los hogares solicitantes de IMV. Asimismo, se ha realizado una intensa campaña para dar a conocer la prestación y facilitar la solicitud, como el autobús informativo que ha asesorado a múltiples interesados en la prestación a lo largo del país. Adicionalmente, ha iniciado 34 proyectos piloto en colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Entidades del Tercer Sector e instituciones académicas. Estos proyectos ofrecen apoyos específicos en función de las necesidades de cada hogar para así favorecer la inclusión social de los beneficiarios".

A pesar de ello, el volumen de beneficiarios se ha mantenido estable en 2022 respecto al año anterior, or lo que la AIReF insiste en "la necesidad de que se aceleren y refuercen los mecanismos de intercambio de la información que la Administración posee sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales. En especial, se acentúa la importancia de que las Comunidades Autónomas aceleren el volcado uniforme y consistente de los pagos de sus rentas mínimas autonómicas en la Tarjeta Social Digital y en los registros de la Agencia Tributaria".. 

Toda esa información, además, se podría llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones, según defiende el organismo, ya que ello "permitiría avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del IMV cuya concesión se inicie de oficio o que se configure como impuesto negativo. Este sistema de información y gestión permitiría la transferencia inmediata de los beneficiarios de las rentas mínimas de las CCAA al IMV y podría servir para gestionar otras prestaciones sociales o transferencias directas de forma más focalizada", insiste. 

Por último, recalca la autoridad, "se podría valorar la posibilidad, pertinencia y factibilidad de simplificar la definición de renta computable para el acceso al IMV en base a la información de frecuencia mensual que la Administración ya posee". Todo ello, concluye, permitiría ir modulando la prestación en función de las necesidades reales de los beneficiarios en cada momento del tiempo mejorando la capacidad del IMV de ajustarse a situaciones de pobreza sobrevenida".