
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zonas de mercado residencial tensionado de San Sebastián, A Coruña y 21 municipios de Navarra. Con esta incorporación, ya son 301 municipios los que han recibido esta consideración en cuatro comunidades autónomas.
Los municipios navarros incluidos son: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En el País Vasco se suma Galdakao (Distrito 2) y en Galicia, A Coruña.
La declaración de zona tensionada es un mecanismo recogido en la Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite controlar los precios del alquiler en zonas donde han subido de forma desproporcionada. Para ello, se establece un índice de precios de referencia, basado en los datos fiscales de alquileres en cada zona, que deben respetar los grandes tenedores.
Esta figura también obliga a las administraciones públicas a poner en marcha planes urgentes para aumentar la oferta de vivienda en alquiler en un plazo máximo de tres años. Además, incluye incentivos fiscales para propietarios que rebajen los precios y limita las subidas en nuevos contratos, que deben respetar el importe del contrato anterior.
Desde el Ministerio de Vivienda, se señala que más de 8,28 millones de personas viven ya en zonas declaradas tensionadas. También se anticipa que Santiago de Compostela, Asturias y nuevos municipios vascos serán incluidos próximamente.
El Gobierno subraya que esta medida beneficia a inquilinos y pequeños propietarios, quienes pueden deducirse hasta el 90% del ingreso por alquiler si reducen el precio en al menos un 5%. Por ejemplo, una rebaja del 5% en un alquiler de 700 euros puede traducirse en 420 euros menos al año para el inquilino, sin que el propietario pierda rentabilidad gracias a los beneficios fiscales.
El Ministerio también ha criticado el rechazo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, acusándolas de boicotear la aplicación de la ley. En cambio, defienden que la medida ya funciona en Cataluña, donde ha bajado el precio de los alquileres y se han firmado más de 11.800 nuevos contratos.
“La ciudadanía nos pide que actuemos, que protejamos el mercado de la vivienda y que garanticemos el acceso justo a una vivienda digna”, han señalado desde el Ministerio.
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta