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España, a la cola de la OCDE en defensa de la propiedad privada... por culpa de unos impuestos confiscatorios

Autor: Redacción

España es uno de los países desarrollados que menos defiende la propiedad privada. Así de directo es el informe que han publicado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Property Rights Alliance bajo el nombre de ‘Índice de Derecho de la Propiedad 2019’.

Un texto que, además de sacar los colores a nuestro país en esos términos, pone el foco en la excesiva tributación que se aplica sobre los propietarios, que llega a ser confiscatoria en muchos casos, y que viene a confirmar los efectos que una adecuada protección de este derecho, recogido en el artículo 31 de la Constitución, puede tener para la prosperidad de una sociedad,

“Este índice pretende medir la fortaleza del marco de derechos de propiedad existente en cada país y muestra una clara correlación positiva con una batería de indicadores que representan, de un modo u otro, el progreso de una economía y una sociedad”, aclaran los impulsores del documento.

¿Y en qué puesto está España? En la escala mundial, ocupa una posición media-alta, aunque en la comparativa de los países desarrollados sale peor parada: está en el puesto 29 de los 36 mercados analizados, por detrás de países como Estonia, Eslovaquia, Lituania o Turquía. La única gran economía europea que está por detrás es Italia, que ocupa el tercer peor puesto del ranking. En cambio, los primeros puestos están ocupados por Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia, EEUU y Japón. 

El estudio califica la evolución de la defensa de la propiedad privada en nuestro país de “decepcionante”, ya que la nota todavía sigue por debajo de los niveles precrisis. Según este índice, los derechos se han ido reduciendo, al igual que el acceso a la financiación. La única categoría que mejora es el registro de la propiedad.

Con estas cifras sobre la mesa, el estudio lanza una crítica a la Administración Pública y pide tomar medidas para reforzar este derecho, que considera prioritario para el bienestar económico-social y para atraer inversiones extranjeras.

“El derecho de propiedad es un derecho esencial y conforma una de las instituciones básicas sobre las que se asientan las sociedades modernas, que se caracterizan por el progreso, la prosperidad económica, la paz y el orden social, tanto más, cuanta más protección garanticen a este derecho. Es un derecho íntimamente ligado a la libertad, hasta el punto de que no puede existir libertad donde no se respeta la propiedad y preferencias que los consumidores manifiestan libremente en el mercado”, sostiene el informe.

Y añade que "cuando los Gobiernos actúan conculcando el derecho de propiedad se produce una interferencia en las dinámicas de oferta y demanda, introduciendo distorsiones en el mercado, expulsando del mismo a algunas actividades o incrementando artificialmente el coste para otras. De este modo, un marco que no se repute como un adecuado garante de estos derechos, cercena y bloquea la innovación y el emprendimiento, y, en definitiva, la iniciativa privada, ante la imposibilidad de calcular adecuadamente la relación coste-beneficio de los proyectos. Además, esta situación es terreno abonado para que las asignaciones de recursos dentro de una economía, escasos por definición, se orienten hacia actividades ineficientes. Todo ello supondrá un perjuicio para la productividad de una economía a largo plazo y, por ende, para el crecimiento económico, ya que la evidencia empírica ha puesto de relieve que los derechos de propiedad constituyen uno de los factores clave que influyen positivamente en el progreso económico de un país”.

Cuidado con los impuestos confiscatorios

Otro de los puntos más controvertidos del informe es el que habla las situaciones en las que algunas figuras tributarias como el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISySD) o el Impuesto de Sociedades se vuelven confiscatorias, vulnerando así el derecho a la propiedad privada. Por eso, el IEE considera necesaria una reforma fiscal.

“La protección efectiva exige el respeto al principio de no confiscación en materia tributaria, como límite al ejercicio del poder normativo y a la progresividad del sistema tributario, y se apoya también en los principios constitucionales de capacidad contributiva e igualdad. Debe aplicarse a los tributos individualmente considerados, a la acumulación de tributos y al sistema tributario en su conjunto, para así lograr que todas las figuras tributarias vigentes puedan adaptarse plenamente a este principio mediante el establecimiento de un límite máximo a la tributación, bien por vía normativa o a través del desarrollo jurisprudencial. Sin embargo, el sistema tributario español, en ocasiones, puede contravenir este principio”, sostiene el documento, que pone varios ejemplos concretos.

Uno de ellos es el Impuesto sobre el Patrimonio, del que sostiene que “siendo un gravamen adicional sobre la riqueza inmobiliaria, redundante con el resto de los existentes y que en puede tener carácter confiscatorio”.

Algo similar afirma sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que opina que “existe una clara vulneración del principio de no confiscación, puesto que es un tributo que fácilmente llega a extremos que obligan a los contribuyentes a prescindir de su derecho a la propiedad privada”.

El estudio también resalta la famosa plusvalía municipal, ya que hasta que fue declarada inconstitucional cuando se vendía a pérdidas, la Administración ha estado cobrando impuestos. La última sentencia del Constitucional en este sentido ha declarado inconstitucional el tributo cuando el contribuyente debe pagar más dinero vía impuestos que la ganancia que ha obtenido con la transacción. 

Por otro lado, y una de las reflexiones que más interesa al mercado inmobiliario, el informe recalca que "no se deben establecer topes de precios en bienes y derechos, ya que pueden suponer una vulneración al derecho de propiedad, en la medida en que no se permite la libre transmisión de esa propiedad, o de los frutos de esta, a valores de mercado, que eran la señal bajo la que el ahora propietario valoró para emprender tal proyecto o inversión".

Las posibles soluciones

Entre las posibles soluciones que incluye el estudio para reforzar la defensa de la propiedad privada está examinar los supuestos de sobreimposición, doble imposición y plurimposición de impuestos para garantizar el principio constitucional de no confiscación. "Sería necesario establecer un límite a la tributación general, bien normativamente, o bien a través del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, por el cual la suma de todos los impuestos directos pagados por el individuo no pudieran superar nunca el 50% de su renta, como ha determinado el Tribunal Constitucional alemán, y que también ha sido reconocido por el Constitucional francés, en la medida en que se ha puesto un tope máximo al porcentaje que la suma de los impuestos directos (Renta y Patrimonio) puede suponer sobre la renta del individuo".

Otra de las necesidades más acuciantes es que España apuntale un entorno legal y político más estable, "algo especialmente importante si tenemos en cuenta la volatilidad institucional de los últimos cuatro años, marcados por la celebración de cuatro elecciones generales. La incertidumbre redunda negativamente en la seguridad jurídica, golpeando al grado de protección de los derechos de propiedad". Y también pide que se agilice el funcionamiento de una justicia para que no se dilaten en exceso los timpos de resolución.

Todo ello, concluye el informe, redundaría "en un mayor crecimiento económico, generación de riqueza, bienestar a largo plazo, estabilidad y paz social".