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El Código de Buenas Prácticas Bancarias concede un 46,4% de las solicitudes recibidas

Desde la puesta en marcha por parte del Gobierno del Código de Buenas Prácticas Bancarias para acabar con el drama de los desahucios, se han recibido 50.852 solicitudes de las que los bancos han resuelto poco más de un 46% (23.640). La mayoría han sido para reestructurar la deuda. Mientras, el Fondo Social de Vivienda ha adjudicado 4.000 viviendas y se han suspendido 17.551 desahucios.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBP), al que están adheridos 95 bancos, han atendido 23.640 socilitudes de las 50.852 presentadas por familias en riesgo de exclusión social, lo que supone un 46,4% de la peticiones. El Ministerio de Economía, que ha presentado los datos argumenta que no entran dentro del ámbito de aplicación, incumplen los requisitos o no han entregado la documentación necesaria.

De estas 23.640 peticiones resueltas, un 78% corresponden a reestructuración de la deuda (18.620), mientras que 5.014 atendieron dación en pago, con la consiguiente extinción de la deuda, y solo seis acabaron en una quita de la deuda.

En paralelo a las resoluciones del CBP, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha adjudicado 4.000 viviendas y además se ha suspendido 17.551 desahucios.

Flexibilización de las condiciones de acceso

El Gobierno lleva desde la puesta en marcha de este Código y el FSV realizando ampliaciones en sus condiciones para dar cabida a un mayor número de familias, dado el número de ciudadanos que lo solicitaban y se quedaban fuera de los requisitios mínimos exigidos.

El pasado mes de febrero en aprobó el Real Decreto Ley que establece una segunda oportunidad para los deudores de buena fe. En él se aprobó la exclusión de las cláusulas suelo de las hipotecas a los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas y se prorrogó hasta 2017 la suspensión de los desahucios de viviendas habituales que vencía el pasado mes de mayo.

Con las nuevas condiciones, el código de buenas prácticas puede aplicar, en determinados supuestos, pagar únicamente la parte relativa a intereses durante un plazo de 4 años, aumentar el período de la hipoteca hasta 40 años, lograr una reducción de hasta el 25% del capital pendiente o incluso conseguir la dación en pago.

Además, el Gobierno flexibilizó los criterios para acceder a las condiciones ventajosas. Aumentó el límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Hasta entonces se calculaba por 12 pagas y ahora se calcula por 14 -sube desde 19.170 a 22.365 euros-, así como la inclusión de los mayores de 60 años. Se elevó el límite de precio de compra de los inmuebles desde los 250.000 a 300.000 euros y se estableció la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo para los deudores situados en el umbral del nuevo CBP.

En los seis primeros meses del 2015, las entidades recibieron 13.436 solicitudes para aplicar el CBP, un 17,78% más que durante la segunda mitad de 2014. De las solicitudes recibidas, se han resuelto un total de 7.141 operaciones. De ellas, en 5.970 casos se concluyó con una reestructuración viable de la deuda pendiente. En 1.171 casos se acordó la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria y ninguna operación finalizo con una quita.