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La ley hipotecaria se aprobará previsiblemente en el Congreso el jueves 21 de febrero

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el hemiciclo del Congreso / Gtres
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el hemiciclo del Congreso / Gtres
Autor: Redacción

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril dejará en el aire leyes en fase de tramitación. Pero no es el caso de la ley hipotecaria, ya que el Congreso la salvará: debatirá y votará el jueves 21 de febrero las enmiendas introducidas por el Senado. Del total de estas enmiendas destacan varios puntos que, de aprobarse, afectarían directamente a los futuros hipotecados, como, por ejemplo, el aumento de los porcentajes de amortización en hipotecas fijas o la supresión del AJD.

La ley hipotecaria será una de las pocas leyes que salvará el Congreso antes de que se suspendas las Cortes Generales el 5 de marzo ante las elecciones generales convocadas para el 28 de abril.  

Esta ley es consecuencia de la transposición de una directiva europea y su aprobación ya lleva casi dos años de retraso. De aprobarse sería una de las leyes económicas más importantes que consigue sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los principales cambios que presentan las enmiendas a la ley hipotecaria son los siguientes:

Aumentan los porcentajes de amortización

Uno de los cambios más significativos es el referente a la amortización en el caso de las hipotecas fijas. De esta manera, el decreto ley aprobado en el Congreso en diciembre de 2018 establecía un pago máximo del 2% en los 10 primeros años de vida del préstamo hipotecario y un máximo del 1,5% en los siguientes años. El nuevo texto aumenta estas cuantías hasta el 4% en el primer caso y el 3% en el segundo caso.

Suprimir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)

El pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido una de las grandes batallas de la banca y los juzgados españoles durante el 2018. Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez intervino en la polémica y mediante una ley estableció que los bancos deberían ser los pagadores de este impuesto. Esta medida se incluía en el Decreto Ley del crédito inmobiliario de 2018.

Sin embargo, desde el grupo parlamentario del Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, también han aprovechado la tramitación de la ley hipotecaria para intentar hacer realidad una de sus promesas electorales: eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) a la banca. Y es que en una de sus enmiendas se propone que los bancos estén exentos de pagar este tributo cuando concedan una hipoteca para primera vivienda, lo que les ahorraría abonar entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria.

Cambio en las vinculaciones

En el Decreto Ley del 11 de diciembre de 2018 se prohibían las prácticas de venta vinculada en los préstamos hipotecarios con la excepción de la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario.

La norma apunta a que el banco deberá aceptar pólizas alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a la que la entidad hubiera propuesto. La enmienda del Senado matiza que las pólizas de seguros ofrecidas por el prestamista deberán ser de carácter temporal anual renovable.

Con esta medida se propone que el banco ya no pueda obligar al cliente a abonar 4.000 o 5.000 euros de golpe por un seguro que dure cinco o diez años, algo que sucede actualmente con ciertos seguros de vida o de protección de pagos. Con esta enmienda se pretende que las pólizas ofrecidas por las entidades se puedan renovar siempre de año en año, lo que le daría al cliente la opción de comparar su seguro con el de otras compañías y la posibilidad de cambiarse cada 12 meses a la empresa que le ofreciera unas mejores condiciones.

Hipoteca verde

En las enmiendas del Senado se incluye la creación de un crédito verde para aquellas viviendas eficientes energéticamente. Además, se señala que “para convertir en inscripción de hipoteca la anotación derivada de un Crédito Verde se otorgará escritura pública por el importe a esa fecha del saldo vivo de la financiación de la que trae causa, más sus intereses ordinarios, de demora, comisiones y gastos. Esta inscripción, en aras del interés público, estará exenta del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados”.

Entrada en vigor de la Ley dentro de tres meses

Los más de dos años de retraso en la aprobación de la Ley hipotecaría llevaron al Congreso a decidir que la Ley entrara en vigor a los 30 días naturales de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, este plazo se retrasaría hasta los 90 días si finalmente se aprueban todas las enmiendas contenidas en el nuevo documento que volverá al Congreso de los Diputados en las próximas semanas.