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Las propuestas del Gobierno para mejorar la calidad del empleo e impulsar la flexibilidad laboral

Fátima Báñez, ministra de Empleo
Gtres
Autor: Redacción

El Ministerio de Empleo abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para llevar a cabo un plan específico que mejore la calidad del mercado de trabajo, impulse la flexibilidad laboral, aumente la eficiencia de las políticas activas de empleo y refuerce la sostenibilidad del sistema. Entre las medidas que propone están fomentar el teletrabajo, racionalizar los horarios, luchar contra la brecha salarial, aumentar la protección de los autónomos o fomentar la colaboración entre Administraciones para ayudar a los parados a encontrar trabajo.

Estas son las principales propuestas con las que el Gobierno ha configurado su hoja de ruta:

1. Estudiar la posibilidad de poner en marcha un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral que se haga efectivo en los supuestos de despido, movilización geográfica, y de desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

2. Promover activamente la igualdad entre hombres y mujeres y la cultura de la transparencia en los procesos de selección en todos los niveles de contratación.

3. Elaborar un pacto nacional para la conciliación familiar y la racionalización de horarios, así como el estudio de las posibilidades que traería consigo el cambio de uso horario. “Queremos que la jornada laboral que, con carácter general, acabe a las seis de la tarde, y para ello impulsaremos un pacto con representantes de empresas y trabajadores”, ha explicado la ministra Fátima Báñez. Para ello se mejorarán los mecanismos de flexibilización de la jornada laboral, con la implementación de fórmulas de teletrabajo y la creación de una bolsa de horas para gestionar asuntos propios; y se fomentará una mayor eficiencia en los desplazamientos, impulsando para ello la movilidad sostenible y la utilización del transporte colectivo.

4. Impulsar la negociación colectiva para acercarla a la empresa, reforzando las garantías de negociación, para que siga contribuyendo a reforzar la competitividad y los derechos de los trabajadores por igual.

5. Reforzar la cartera común de servicios de políticas activas con la colaboración permanente con las CCAA. Para ello, recalca el Ministerio, se culminará en el marco del diálogo social la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. También se prevé impulsar la evaluación independiente de las políticas activas empleo, implementadas por el conjunto del Sistema Nacional de Empleo (SEPE y Servicios públicos de empleo de las CCAA), con la creación del Instituto Estatal para el Talento en el Empleo.

6. Constituir una comisión de trabajo que analice las posibilidades y proponga vías para una mejor implantación del modelo de Formación Profesional Dual. Además, dentro del marco del diálogo social, se reabrirá el diálogo social para ultimar el Real Decreto para el desarrollo de la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

7. Actualizar y ampliar el Programa de Activación para el Empleo (PAE). Para ello, se abrirá en los próximos días una mesa de diálogo social para mejorar el Programa de Activación para el Empleo y vincularlo con el Plan Prepara, del que se han beneficiado casi 700.000 personas en la pasada legislatura. Asimismo, se trabajará con el recientemente aprobado Programa de Acción Conjunta para desempleados de larga duración, orientado a parados de larga duración de entre 30 y 55 años, con una distribución de más de 515 millones de euros para los próximos 3 ejercicios. 

8. Creación de una tarjeta social para conocer todas las ayudas. El Ministerio quiere promover una mejor coordinación y refuerzo de las ayudas, rentas y prestaciones sociales estatales con las de ámbito autonómico, con el fin de garantizar su transparencia y complementariedad y potenciar su eficacia. Para ello se impulsará la implantación de una “tarjeta social” que permita conocer para cada individuo las prestaciones y asistencias sociales de las que se beneficia por parte de las diferentes Administraciones Públicas.

9. Renegociar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020, después de que las medidas puestas en marcha entre 2013 y 2016 hayan beneficiado, según los datos del Ministerio, a más de 1,7 millones de jóvenes. Una nueva estrategia en la que tendrán especial protagonismo las mejoras del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

10. Mejorar el régimen de autónomos. Se prevé crear una subcomisión para la mejora de la protección de los trabajadores autónomos y la aprobación en las Cortes de una ley integral de apoyo a los trabajadores por cuenta propia. En el marco de esta propuesta se encuentra ampliar la famosa Tarifa Plana de 50 euros para los nuevos autónomos, una medida que ha favorecido a un millón de personas desde su puesta en marcha, así como la modificación del régimen de altas y bajas de cotización para hacerlas efectivas el día en que se soliciten. También se prevén sacar adelante medidas como posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, o las medidas para mejorar el criterio del IVA de caja.

11. Reforzar la lucha contra el fraude laboral. El Ministerio ha aprobado la recientemente la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y prevé reforzar las instituciones de vigilancia y control de la normativa laboral y de Seguridad Social, así como estrechar la colaboración con autonomías y agentes sociales para estructurar las actuaciones inspectoras, especialmente en materia de contratación, siniestralidad laboral, igualdad y no discriminación, formación en el empleo, trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. Desde la puesta en marcha en 2012 del Plan de Lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, se ha conseguido aflorar 403.000 empleos irregulares y 5.700 empresas ficticias creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones, unas actuaciones que han tenido un impacto económico de 17.189 millones de euros.

12. Alcanzar un consenso para garantizar las pensiones. Otro de los compromisos del Ministerio es llegar al mayor consenso posible para definir la fórmula que permita garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En este sentido, Báñez ha recalcado que en el seno del Pacto de Toledo se abordará si es necesario avanzar en la separación de fuentes de financiación, sin que ello signifique cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones, reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes, avanzar en las fórmulas que permitan el envejecimiento activo y transformar las reducciones de cotización en bonificaciones a la Seguridad Social para aliviar las cuentas del sistema. Además, ha recordado que la base máxima de cotización se ha elevado en 3 puntos (lo que permitirá un ingreso anual de unos 310 millones de euros) y que se está estudiando la posibilidad de que se suba la pensión que cobrarán dichas personas.