Las devoluciones masivas de la plusvalía, seis meses después de la sentencia del Constitucional que tumbaba este impuesto por el método de cálculo, están colapsando a muchos ayuntamientos, según la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL). Pese a que el Gobierno puso en marcha una reforma exprés del tributo, estos funcionarios denuncian la externalización por parte de los consistorios de los servicios de inspección de los tributos locales.
Durante la celebración de la jornada “Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local", organizada conjuntamente por la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), los inspectores locales han manifestado las devoluciones masivas por parte de casi todos los ayuntamientos de lo cobrado indebidamente por la plusvalía, tras la reciente declaración de inconstitucionalidad del impuesto, llevada a cabo mediante sentencia número 182/2021, de 26 de octubre, dictada por el Tribunal Constitucional.
Los expertos de Ático Jurídico recuerdan que todos aquellos que vendieron antes del 10-11-2021, y reclamaron la devolución de la plusvalía antes del 26-10-2021, recuperarán previsiblemente lo pagado.
Pese a que el Gobierno modificó el impuesto, a través del Real Decreto-Ley 26/2021, con efectos desde el 10 de noviembre de 2021, casi seis meses después muchos de los ayuntamientos no han sido capaces de adaptarse a la nueva norma.
Desde ANIHPL destacan que “de facto se está produciendo una amnistía fiscal” por la decisión del Constitucional de no hacer del fallo retroactivo. PP y Vox ya han acudido al TC para iniciar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva plusvalía del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los inspectores locales también denuncian que los consistorios siguen externalizando los servicios de Inspección de los tributos locales hacia entidades privadas argumentando falta de medios del personal funcionario.
Los expertos aseguran que los tributos locales e mueven en una inseguridad jurídica permanente, y lo mismo que le ha ocurrido a la plusvalía, le puede pasar al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o al de Actividades Económicas (IAE).
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