Los banqueros se unen a la APB en sus críticas al regulador. Por otra parte, el TC debe decidir sobre el recurso en el caso de las multas a los bancos.
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Autoridade da Concorrência
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Frederico Gonçalves
Frederico Gonçalves

La credibilidad de la Autoridad de la Competencia (AdC) de Portugal está siendo cuestionada por varios banqueros en Portugal. El organismo regulador, dirigido por Nuno da Cunha Rodrigues, ha lanzado una consulta al mercado sobre el sector bancario minorista, que recibirá las respuestas hasta septiembre y que está siendo objeto de fuertes críticas por parte de los líderes de algunas de las principales instituciones financieras que operan en el mercado luso. Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TC) del país debe decidir sobre el recurso de la AdC relativo al caso en el que ésta impuso multas a varios bancos por concertación de prácticas restrictivas de la competencia.

Según el diario Público, antes de que los grandes bancos presentaran las cuentas del primer semestre del año, Vítor Bento, presidente de la Asociación Portuguesa de Bancos (APB), que representa a las principales instituciones bancarias, criticó a la AdC por haber lanzado una consulta al mercado, durante un periodo de dos meses, en la que pregunta al país si considera que el sector bancario tiene una competencia efectiva.

"La consulta pública parte ya de conclusiones. Está completamente orientada a obtener resultados predeterminados. Tiene los vicios típicos de cuando se quiere orientar los procesos de decisión en un sentido determinado", acusó entonces el economista Vítor Bento, en una entrevista concedida al Jornal de Negócios y a Antena 1.

Posteriormente, en las ruedas de prensa en las que se dieron a conocer los resultados semestrales, los banqueros intensificaron sus críticas. "El presidente de la APB hizo un comentario que, en mi opinión, lo dice todo: estas consultas y la forma en que se plantean en los medios de comunicación vienen acompañadas de preguntas que ya tienen como objetivo obtener determinados resultados", denunció el presidente ejecutivo de Santander, Pedro Castro e Almeida, citado por el diario Público.

João Pedro Oliveira e Costa, líder del BPI, fue más allá en sus críticas: "Cuando entidades que tienen un objetivo determinado entran en campos en los que, por razones que solo ellos pueden entender, quieren posicionarse de una determinada manera, pierden credibilidad. (...) Pierden credibilidad la organización y las personas. Lo lamento porque creo que son entidades necesarias".

Una opinión que, por cierto, comparten Paulo Macedo, de Caixa Geral de Depósitos (CGD), y Miguel Maya, de BCP. Según el director general del banco estatal CGD, "las autoridades realizan las investigaciones que consideran oportunas", mientras que el presidente del BCP defendió que hay «guerras de precios para captar créditos hipotecarios y en varias líneas de negocio», lo que demuestra que "el mercado portugués es muy competitivo".

Los banqueros garantizan así que no hay duda de que existe una gran competitividad en el mercado financiero portugués, por lo que la idea de falta de competencia, defendida por el regulador AdC, no es cierta, según la publicación.

El Constitucional debe decidir sobre el cártel bancario

Cabe señalar que la consulta al mercado sobre el sector bancario minorista finaliza el 24 de septiembre de 2025, y la AdC desea llegar a conclusiones y propuestas aún este año. Paralelamente, se está debatiendo y sobre la mesa hay otro tema polémico, relacionado con el llamado cártel bancario.

El diario Público escribe que el Tribunal Constitucional (TC) debe decidir sobre el caso, que se refiere a un conjunto de procesos en los que la AdC impuso multas a varios bancos por concertar prácticas restrictivas de la competencia, en particular por intercambiar información sensible sobre clientes, tasas y operaciones de crédito, entre 2002 y 2013.

El TC ya se ha pronunciado una vez en contra, pero la AdC ha recurrido a la conferencia de jueces, el último paso para evitar el fin de este caso. ¿Qué puede pasar? El TC puede estar de acuerdo con la Relación, rechazar la reclamación y eso acabará con el caso que se arrastra desde hace años y anulará las multas, o, de acuerdo con la AdC, puede enviarlo a la Relación para una nueva decisión, lo que dará lugar a más litigios, explica el mismo periódico.

Estas fueron las multas impuestas por la AdC a los bancos:

  • Caixa Geral de Depósitos (82 millones de euros);
  • BCP (60 millones de euros);
  • Santander Totta (35,65 millones);
  • BPI (30 millones);
  • Montepio (13 millones).
  • BBVA (2,5 millones);
  • BES (actualmente en liquidación, 700 000 euros);
  • BIC (por hechos cometidos por el BPN, 500 000 euros);
  • Crédito Agrícola (350 000 euros);
  • UCI (150 000 euros);
  • Barclays (por haber denunciado la práctica y presentado la solicitud de clemencia, no se le obligó a pagar la multa y solo recibió una amonestación).

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