El Gobierno de Canarias ha defendido la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas contra el informe emitido por Competencia (CNMC), en el que avisa al Ejecutivo insular de que la limitación que se quiere imponer a esta actividad económica puede acabar con la propia actividad y se convierta en algo residual. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, defiende que el estudio del organismo no aborda correctamente la realidad de las islas y se centra solo en criterios de mercado, dejando de lado el derecho a la vivienda, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del territorio.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el Anteproyecto de Ley (APL) de ordenación de las viviendas de uso turístico en Canarias y afirma que varias de las medidas propuestas deberían estar más justificadas. La normativa ya ha iniciado su tramitación parlamentaria.
La normativa para pisos turísticos en Canaria limitará que se pueda dedicar un máximo del 10% de la edificabilidad residencial de un núcleo de población a viviendas vacacionales. Ese porcentaje será del 20% en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Además, las viviendas deberán tener al menos 35 m2 y diez años de antigüedad. Además, uno de los aspectos destacados de la ley es que no se podrán implantar nuevas viviendas de alquiler turístico hasta que cada planeamiento urbanístico municipal lo habilite expresamente durante los próximos cinco años.
“La CNMC no cuestiona el modelo turístico por el que apuesta Canarias, pero recuerda que toda intervención que restrinja la competencia debe estar justificada por razones imperiosas de interés general. Además, debe ser necesaria y proporcionada, y acreditarse que es la única medida efectiva”.
Entre las recomendaciones para mejorar la regulación y que son susceptibles de una mayor justificación se encuentra la de excluir de la norma usos de hospedaje distintos de los turísticos a los alquileres temporales por motivos de estudios, trabajo o por razones médicas; o justificar la antigüedad mínima de la vivienda de 10 años, y, en casos de vivienda con protección pública, vincular dicho término al plazo de protección pública.
En definitiva, la Comisión considera que ciertas medidas deben modularse ya que los problemas de vivienda no son iguales en todas las zonas.
Por su parte, la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias considera que el dictamen alcanzado no aborda correctamente la realidad de las islas y se centra solo en criterios de mercado, dejando de lado el derecho a la vivienda, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del territorio.
La consejera Jéssica de León criticó propuestas del informe como permitir el uso de Viviendas de Protección Oficial para alquiler vacacional y la expansión del turismo en áreas con vivienda escasa, que, según el Gobierno canario, ponen en riesgo tanto el acceso a la vivienda como la conservación del entorno natural. La ley ha sido respaldada por diversas instituciones legales, afirmando su alineación con principios de sostenibilidad y derechos fundamentales.
El Gobierno canario suspende temporalmente las sanciones por residir en zonas turísticas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto-ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, iniciativa que responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
Por tanto, se suspende por un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley, la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa.
El objetivo es otorgar este plazo adicional de tres años para que los Consistorios lleven a cabo la imprescindible especialización de usos en las zonas turísticas, que es un principio básico establecido en nuestra legislación autonómica, turística, territorial y urbanística desde la Ley de Directrices de 2003. Una especialización que debería de haberse realizado desde hace 22 años, pero que cobra especial relevancia desde la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.
La consejera Jéssica de León destacó que los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas
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