Ante la crisis inmobiliaria y sus efectos devastadores en el empleo y en los promotores, las administraciones autonómicas han salido en ayuda del sector inmobiliario. Atrás quedó la voluntad del vicepresidente Solbes de que el sector purgase en solitario sus pecados. En el último mes se han conocido los planes de socorro de La Comunidad De Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha
La idea es dar salida al stock de vivienda acumulado sin vender. Madrid ha llegado a un acuerdo con los promotores y con las entidades financieras: ellos bajan hasta un 20% los precios y ellas dan créditos que antes no daban (alrededor de 3.500 millones de euros), “en condiciones preferentes”, tal y como afirma la consejera de Vivienda de la CAM, Ana Isabel Mariño. En Cataluña, se establecen, igual que en Madrid, unos precios máximos para que el inmueble acceda al programa. Pero también un máximo de renta, que ronda los 46.000 euros brutos anuales, para que los ciudadanos puedan entrar en el mismo
En cambio, el plan de Castilla La-Mancha busca que se sigan construyendo inmuebles aunque más accesibles al bolsillo de todos los ciudadanos. “El sector de la construcción no son sólo los empresarios, sino miles y miles de trabajadores. Eso es lo que nos preocupa”, concede Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Vivienda de Castilla La-Mancha
A éstos se suman los proyectos de Murcia, Baleares y Aragón en un sentido parecido. Según las declaraciones de sus responsables, el objetivo es “facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos”, pero a nadie se le escapa que de camino se le va a echar una mano a los promotores
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