La compra de una vivienda de segunda mano está gravada por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En ocasiones, aunque el comprador haya abonado este impuesto, la consejería de hacienda de la comunidad autónoma correspondiente reclama el pago de un dinero extra por calcular un precio de compra superior al pagado. El afectado puede escapar de este pago “extra” mediante un procedimiento legal aunque no es 100% seguro
Como ya denunció idealista news, hacienda puede reclamar más impuestos en caso de que estime, según unas tablas de precios mínimos, que el precio de compraventa de una vivienda usada es superior al escriturado ante notario. Sobre estas tablas las comunidades autónomas calculan el itp mínimo que tiene que pagar una persona cuando compra una casa de segunda mano
Cuando el comprador recibe una carta de hacienda notificándole el pago “extra” de impuestos, puede recurrirlo ante la justicia. Dispone de un mes para presentar un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa ante el tribunal económico administrativo regional (tear) de la ccaa pertinente. Pese a la interposición de esta reclamación, el comprador tiene que pagar só sí la deuda tributaria
Ambos procedimientos no son excluyentes, con lo que se puede presentar un recurso de reposición y si éste resulta negativo, entonces se puede interponer una reclamación económico-administrativa
Pero un experto consultado por el confidencial asegura que no es 100% seguro la devolución del dinero extra pagado pero que en la mayoría de los casos se suele dar la razón al afectado
21 Comentarios:
Ante la duda, no compro. No me cabe en la cabeza que el vendedor tenga la "obligación" de informar sobre la certificación energética de la vivienda pero no tenga ninguna "obligación" de informar sobre los impuestos (algún sitio habrá donde informarse, hacienda no se inventa las cifras sobre la marcha) que se deben pagar por esa vivienda.
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Hombre, no creo que la culpa sea del vendedor. Aquí la culpa es de la administración, que arbitrariamente, tasa las viviendas al precio que le da la gana y presupone que el notario es un mentiroso. Si fuéramos un país serio, no tendríamos este problema en el que nadie se fía de los notarios y en el que la administración tiene como costumbre robar a los ciudadanos.
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Completamente de acuerdo, y si nadie se fía de los notarios, ¿Para qué los queremos? Son una rémora medieval que seguimos arrastrando.
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