La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cedido hasta el momento 730 viviendas destinadas al alquiler social, según respondió el Gobierno en respuesta parlamentaria. Este dato supone solo un 36% de lo que en un principio tenía previsto, en torno a unas 2.000 viviendas.
La Sareb se unió a las principales entidades bancarias para entregar pisos al parque de viviendas de Alquiler Social, pero las negociaciones que la sociedad ha tenido directamente con las Autonomías no han llegado a buen término. La Sareb solo ha llegado a acuerdos con la Generalitat de Cataluña (600 viviendas), Aragón (80) y la Xunta de Galicia (50).
La entidad cuenta en su cartera con más de 45.000 viviendas para uso residencial, procedentes de los activos tóxicos inmobiliarios, y cuyo principal objetivo es lograr su venta para obtener beneficios. La cesión de estos pisos y apartamentos para alquiler social son por un carácter temporal, por lo normal 4 años, y el arrendamiento no puede superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Por lo general, los costes de mantenimiento y seguro de la vivienda corren a cargo de la Comunidad Autónoma. Estos gastos son los que están produciendo ciertas reticencias entre los gobiernos autonómicos.
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