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El Gobierno elimina uno de los privilegios inmobiliarios de la Iglesia

Autor: Redacción

El Congreso de los Diputados ha aprobado las reformas de la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro Inmobiliario que supone una mayor coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad para evitar discrepancias en la inscripción de inmuebles. También quita la posibilidad a la Iglesia de inscribir propiedades  a su nombre con una sola certificación.

Después de la polémica del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la iglesia, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a esta reforma que imposibilitará que la Iglesia Católica pueda inscribir inmuebles por un procedimiento especial mediante una simple certificación.

Se trata de un sistema impuesto desde 1998, y reservado para las administraciones públicas, que no le exigía a la Iglesia el título de dominio, es decir, ser el dueño de la propiedad. Así, podía inscribir por primera vez a su nombre cualquier edificio o finca con una sola certificación. Con este sistema la Iglesia es la propietaria oficial de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En cuanto al Catastro y Registro de la Propiedad, la ley permitirá el intercambio de datos que agilizarán el trabajo y evitarán discrepancias en la inscripción de las fincas creando una sola identificación con lo que se estima un ahorro de unos 1,8 millones de euros.

Más actuaciones para notarios y registradores

Los registradores tendrán acceso a los planes urbanísticos, generales y de desarrollo, y a las modificaciones posteriores de todos los municipios españoles. Además, junto a los notarios serán los encargados de elaborar los expedientes de inmatriculación de fincas, rectificación de superficie, deslinde, reanudación de tracto, duplicidad de inscripciones o liberación de cargas.

Además, se agiliza la tramitación de los suelos rústicos calificados como urbanizables pero que no cuentan con un planeamiento urbanístico pormenorizado. Ahora se podrá aprobar su ubicación sin grandes problemas lo que facilitará su valor catastral, muy inferior al de los bienes inmuebles urbanos.

Este apartado se adapta a una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 que ratificó a los suelos urbanizables sin plan parcial aprobado como rústicos. 900.000 bienes inmuebles que hasta ahora estaban considerados como bienes de naturaleza urbana deben ser considerados como bienes de naturaleza rústica, con la consiguiente rebaja de su valor catastral y, por consiguiente, del IBI.