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Así es la urbanización de lujo en Galicia que los tribunales obligan a demoler

Autor: Redacción

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la sentencia que ordena la demolición de 52 viviendas de una urbanización de lujo situada en suelo no urbanizable de especial protección en San Vicente do Mar (O Grove). Un caso que se remonta al boom inmobiliario y que ha tenido varios capítulos judiciales. Así esta urbanización de lujo en primera línea de playa.

Nuevo capítulo del culebrón de la urbanización Raeiros, situada en primera línea de playa en San Vicente do Mar (O Grove).  Una urbanización de lujo que cuenta con piscina interior y exterior, campos de tenis, padel o squash. Unso 30.000 m2 de zonas comunes con jardines, cafetería, parques infantiles y garaje.

52 chalets que ahora vuelve a enfrentarse a la demolición de la parcela. Unas viviendas  de unso 300 m2 que se venden por entre 350.000 y 400.000 euros, que cuentan con 4 dormitorios, 4 baños y terraza con vistas al mar.

Desde sus inicios ha estado rodeada de polémica, ya que no solo se sitúa en zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas, sino que además se construyó con licencia de apartahotel de uso turístico. La Axencia de Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU) ya ordenó el derribo en 2010 y 2014, pero los recursos en los tribunales han alargado en el tiempo está agonía urbanística.

Los distinto tribunales han hecho hincapié en que las obras ejecutadas no están amparadas por la licencia. “Resulta clara la existencia de los apartamentos como fincas independientes y de propietarios individuales, en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”, afirma la sentencia de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG).

Ya en 2007, la Administración autonómica requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación, pero ignoraron la orden. “Ante el incumplimiento de la resolución de abril de 2007, y el mantenimiento de la parcelación ilegal y del uso residencial prohibido, la única alternativa de restaurar la legalidad pasa por la demolición, ya ordenada en el año 2010. Está obligación en la que se subrogan en cada momento quienes sean los titulares de los inmuebles a demoler”, destaca el tribunal.

Contra el fallo cabe recurso de casación ante la sala correspondiente del TSXG o el Tribunal Supremo.