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Colau pide a Bruselas que la vivienda sea una prioridad para las instituciones comunitarias

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
Autor: Redacción

Ada Colau sigue en su cruzada para reducir los problemas de acceso a la vivienda. Laia Ortíz, teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, ha ratificado su petición en Bruselas para que se implemente el Pilar Social Europeo y que la vivienda sea una propiedad para las instituciones comunitarias.

En un acto en el Parlamento Europeo, la teniente ha instado a que el derecho a la vivienda y la lucha a favor de las familias sin hogar reciban una dotación de los fondos estructurales a partir del año 2020. Además, Ortíz también ha reclamado la implantación de una renta mínima garantizada.

"Una Europa más social, es una Europa que reduce las desigualdades y eso pasa por garantizar el derecho a la vivienda, que en Barcelona provoca hasta el 80% de las situaciones de pobreza", expresó Ortiz, que ha protagonizado la presentación los compromisos del Pilar Social por parte de Barcelona y, posteriormente, ha participado en un debate sobre vivienda.

"Barcelona ha puesto la defensa del derecho a la vivienda como una prioridad política y presupuestaria, como muchas otras ciudades, y ahora pedimos a las instituciones europeas que hagan lo mismo", ha añadido la teniente de alcalde de Derechos Sociales.

La capital catalana ha asumido especialmente la defensa del derecho a la vivienda como una de las políticas sociales que necesita un impulso más claro a nivel europeo. El mismo compromiso lo han asumido también las ciudades de Gante (Bélgica), Glasgow (Reino Unido), Leipzig (Alemania), Ljubljana (Eslovenia), Lyon y Nantes (Francia), Timisoara (Rumanía) y Utrecht (Holanda).

Entre las nueve ciudades tienen previsto destinar 2.176 millones de euros a la vivienda social entre los años 2019 y 2024, además de construir 75.000 nuevas viviendas en el mismo periodo. Las nueve ciudades europeas, además, invierten anualmente 78,2 millones para atender personas sin techo. Estas cifras, por lo tanto, son una buena muestra de la urgencia y de la necesidad de que la vivienda sea considerado como un derecho a nivel de toda Europa.

La defensa del derecho a la vivienda ha sido una costando por parte del Ayuntamiento de Barcelona. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, Laia Ortiz ya asistió en Viena a la conferencia Housing for all. Este encuentro sirvió para dar un nuevo impulso a la propuesta global para que la vivienda pase de ser considerado una mercancía a ser considerado un derecho humano, un movimiento que ya se presentó en julio pasado en un encuentro de las Naciones Unidas en Nueva York en el seno de la red global Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

De hecho, Barcelona está trabajando para que la declaración municipalista Cities for adeqaute housing que se presentó en ese momento tenga una traslación a Europa lo antes posible.