París vuelve a limitar el precio del alquiler tras un primer fracaso

El elevado precio del alquiler junto con la falta de pisos han hecho que ciudades como París hayan aprobado una nueva ley para limitar el precio de las rentas. En el caso de la Ciudad de la Luz, el Gobierno socialista de François Hollande ya aprobó en 2014 una norma para limitar el alquiler y que sólo estuvo en funcionamiento dos años porque fue suspendida por los tribunales y el Gobierno aún no sabe si ha funcionado. Ahora, de nuevo, han aprobado la Ley Elan, con la que el Gobierno francés pretende un sector menos complejo y regulado para “construir más, mejor y más barato”.

Con esta nueva ley el inquilino podrá consultar si el alquiler se ajusta a la ley teniendo en cuenta las características del piso, el barrio en el que está y la fecha de construcción. Para eso hay una página web específica donde se detalla el tope máximo. Si el propietario hace caso omiso al tope del alquiler será sancionado con multas de entre 5.000 y 15.000 euros.

No obstante, puede especificar la existencia de un complemento de alquiler si las características del inmueble lo justifican, es decir si tiene una serie de comodidades superiores a los pisos de la misma gama del mismo barrio, como disponer de terraza, jardín o parking.

En 2014, Francia aprobó la Ley Alur que permitía techar los precios de alquileres en zonas donde habían aumentado mucho. La medida se puso en marcha en algunas zonas de París y fijaba los precios por zonas. Una comisión decidía cuál era el precio de mercado para las viviendas en cada inmueble en función de sus características y su situación y en menor medida de otras variables como la cercyo no eanía a las redes de transporte, la luminosidad de la vivienda o las vistas. El alquiler de cada casa estaba fijado por ley dentro de una horquilla. Alur consistía en que no se podía firmar un nuevo contrato de alquiler que estuviera más de un 20% por encima de ese precio ni un 30% por debajo. Básicamente, el gobierno intervino los alquileres.

Esta medida encontró dificultades importantes en su aplicación y una oposición numantina en los propietarios de inmuebles, que terminaron por tumbar la medida en los tribunales. Encontraron una grieta en el proyecto: se aplicaba en París y en Lille de manera experimental y los jueces entendieron que tenía que aplicarse en todo el territorio, así que paralizaron Alur. En Elan, Macron acaba de resucitar la norma y permite que se ponga en marcha de manera experimental, con lo que volverán a techarse los alquileres en París y otras ciudades.

Más venta de viviendas de alquiler social

Francia es un gigante de la vivienda de alquiler social. Para comprender las magnitudes basta esta comparación: en España el 1% del parque de viviendas es de este tipo. En Francia, el 17%  y el 22% en París. Emmanuel Macron se ha propuesto que esas viviendas circulen y para ello pretende agilizar su venta a los inquilinos hasta conseguir que estos compren 40.000 viviendas al año. En 2017 se vendieron 8.000, un 0,2% del parque inmobiliario. El Gobierno busca desprenderse del 1% cada año.

Para la oposición, este es un intento claro de privatización del sistema y encuentran que la idea es poco sostenible políticamente en zonas calientes con precios altos como París donde la lista de espera es aún alta. Se calcula que en la capital francesa más de 200.000 familias aguardan para entrar a vivir en uno de estos pisos. En realidad, lo que pretende el gobierno es financiar el recorte en el gasto del Estado en esta partida, que es el más cuantioso en todo el presupuesto de Vivienda.

Algunos inquilinos intuyen en la medida una oportunidad de convertirse en propietarios y además acceder a un margen de negocio en el caso de volver a poner esa vivienda en el mercado de compraventa. Se calcula que esos pisos se pueden adquirir entre un 20 y un 30% por debajo del precio de mercado, pero ¿se pueden vender? Al margen de los detalles y las enmiendas de la Cámara Alta, existen algunas condiciones.

El comprador no podrá vender la casa en cinco años y en ese tiempo se compromete a no alquilarla. Tampoco se podrá comprar cualquier vivienda, puesto que volarían las del centro de ciudades con precios al alza como París . A la espera de ver cómo se aplica la norma, cabe la posibilidad de establecer planes quinquenales de venta con cuotas por zonas.

La oposición ha criticado duramente esta idea de desprenderse de viviendas de alquiler social sin que se hayan alcanzado el porcentaje de viviendas sociales aprobadas por ley para cada comuna. En la ley SRU de Solidaridad y Renovación Urbanas de 2001 modificada en 2006, Francia se había propuesto que las viviendas de alquiler social representaran un 25% de todas las áreas. En París aún representan el 22%. La ley contempla que los pisos vendidos sigan figurando como vivienda social en este cómputo durante diez años.