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Los APIS alertan: el Gobierno abre la puerta a expropiaciones de viviendas a particulares

Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los APIS
Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los APIS
Autor: Redacción

El pasado sábado se publicó en el BOE un plan de ayudas al alquiler que ha levantado mucha polémica porque por su redacción da a entender que se pueden expropiar viviendas vacías o segundas residencias de particulares. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria aseguran que sí se abre la puerta a la expropiación, pese a los desmentidos del Gobierno.

Tras realizar un análisis de la norma los APIS de España han llegado a la conclusión de que “sí se abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada y eso sólo puede hacerse a través de procesos expropiatorios”.

Así lo afirma Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los APIS, y aclara que la normativa “incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y no se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas. Más bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida”.

En concreto, se trata de una orden ministerial para adaptar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que ha desarrollado ayudas al alquiler destinadas a inquilinos afectados por el covid-19 (aquí explicamos cómo acogerse a estas ayudas) y también a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Es en este punto donde la orden ministerio indica lo siguiente (artículo 4):

“Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”.

La orden ministerial tiene como finalidad desplegar los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y así se indica en su preámbulo. “Sin embargo la realidad es que incorpora medidas que se escapan a las consecuencias directas de la crisis del COVID-19”, alerta Gerard Duelo.

Sin embargo, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que las ayudas del plan para el alquiler no permiten la expropiación de “viviendas vacías o segundas residencias”. El ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, ha puntualizado que lo que se ha hecho es ampliar en cien millones la dotación del Plan Estatal de Ayuda a la vivienda para que comunidades y ayuntamientos puedan disponer de estos fondos para alquilar viviendas o disponer de habitaciones de hotel para colectivos vulnerables como personas sin hogar o mujeres maltratadas, en caso de que no haya de vivienda pública.

No obstante, numerosos expertos y juristas han criticado en diversas redes sociales la mala redacción del artículo y han dejado claro que de su redacción se extrae que es posible expropiar viviendas de titularidad privada.