Barcelona compra vivienda pública que iba a acabar en el mercado privado. El Ayuntamiento de Barcelona ha ejecutado una nueva adquisición de 170 viviendas para engordar el parque público de alquiler a la empresa pública Regesa, del antiguo Consejo Comarcal del Barcelonés, ahora en proceso de desinversión en manos del Área Metropolitana. La operación ha necesitado una inversión de 10,7 millones de euros para llevarse a cabo.
Es la segunda operación de estas características de este mandato, después de que a finales de 2021 el Consistorio comprara 198 viviendas de la sociedad pública, una estrategia para evitar la privatización de unas promociones levantadas en la primera década de los 2000 en suelo municipal cedido.
Las fincas que se compran ahora son las últimas de titularidad de Regesa en la ciudad, y sólo restarán una treintena de viviendas situadas en diferentes promociones, que al tratarse de vivienda de protección oficial podrían ser adquiridas directamente por el Ayuntamiento o por cualquier otra administración.
Con esta operación, el Consistorio amplía el parque público de viviendas y consolida la condición de vivienda pública protegida de estas promociones, construidas en suelo municipal cedido a Regesa por un período de 75 años. La cesión de derechos de superficie a otras administraciones y terceros por la promoción de vivienda protegida ha sido durante décadas una práctica habitual para construir pisos de alquiler protegido pero con períodos de protección inferiores a los del derecho de superficie. “Esta divergencia podría conducir a las viviendas, en caso de que acabaran en manos privadas, a poderse alquilar a precios más elevados una vez vencido el plazo de protección”, señalan desde el ayuntamiento.
Esta situación podría convertirse en una realidad en promociones construidas por Regesa, que en su momento vendió su derecho de superficie. “El último episodio de estas características tuvo lugar en 2013, cuando el Consejo Comarcal del Barcelonés, formado por los ayuntamientos de la comarca, vendió el derecho de superficie de 298 viviendas al fondo de inversión Azora y no a ninguna administración pública”, sostienen.
La adquisición directa de las fincas permite al Ayuntamiento obtener la plena propiedad de las fincas, de modo que no llegará a producirse disfunción ni contradicción alguna que acabe en la privatización y libre comercialización de las viviendas. Todas las viviendas en cuestión se encuentran ocupadas, por lo que las 170 familias inquilinas en estos dos bloques (97 pisos en la Virgen del Puerto, 25 en Teodor Llorente y 48 en la Selva) pasan a formar parte del parque público municipal de forma estable y definitiva.
Barcelona se alía a otras capitales europeas para proteger los comercios emblemáticos
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Barcelona perderá casi un 50% de su VPO en 7 años, hasta casi 36.500 pisos
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Un abogado advierte: los propietarios pueden aplicar subidas acumuladas del alquiler si están contempladas en el contrato
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A&G y Grupo Marjal apuestan por el 'senior living' en España con 300 viviendas en Alicante
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