Carles Sala: “La vivienda pública está en la primera línea del debate político pero en la última del presupuesto”

Carles Sala se incorporó como director del Área Jurídica y portavoz del Colegio y asociación de agentes inmobiliarios en noviembre de 2022. Abogado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Sala ha gestionado las políticas públicas de Vivienda de la Generalitat de Catalunya en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2018, y también a lo largo de esta última legislatura, hasta octubre de 2022. Con una visión completa sobre el ámbito de la vivienda pública en Cataluña, el ejecutivo asegura en una entrevista con idealista/news que falta presupuesto para poder llevar a cabo una política de vivienda asequible eficaz.

De ocupar el puesto de secretario de vivienda a convertirse en el portavoz y defensor de las API en Cataluña. ¿Por qué este cambio?

Yo he ocupó el cargo de secretario de vivienda en diferentes periodos entre los años 2011 y 2022. En 2018 acabé una etapa tremenda, que comenzó en 2011 en una situación o contexto todavía marcada por la crisis de 2008, y que se repitió en 2012-2013, por lo tanto, una etapa compleja. Cuando salí del gobierno catalán me volví a reincorporar como funcionario y pedí la compatibilidad para ejercer también como abogado consultor para ayudar al colectivo de los administradores de fincas. En 2021 me “seducen” para volver a la Agencia d’Habitatge, que estaba con el mismo equipo que yo dejé. Además, supuestamente iban a haber más recursos para políticas de vivienda y los fondos Next Generation a nuestra disposición. Por lo que el escenario era idílico.

Me enfadé mucho cuando, después de 14 meses, salimos del gobierno, ya que me había comprometido en llevar a cabo esta función. Pero todo son etapas, y ahora estoy emprendiendo una nueva. Me siento cómodo, y se que en ocasiones soy visto como el “ex secretario de vivienda de la Generalitat de Catalunya” por nuestros propios asociados, pero estoy cómodo, porque al final entre 4.500 asociados deben haber de todos los colores.

¿Cómo valoraría sus años al frente de la Agencia d’Habitatge en Catalunya?

La etapa más complicada fue cuando se produjo una contraposición o polarización de las actuaciones a realizar. Recuerdo muy especialmente cuando la Ley 24/2015, la de emergencia habitacional, se aprobará por unanimidad en el Parlamento. No paramos de buscar ideas desde la parte ejecutiva del Gobierno: se habían firmado casi 4.000 viviendas de cesión por parte de las entidades financieras para ponerlas a disposición de las personas en situación vulnerable, pero nos pedían otro tipo de medidas, que fueran más coactivas. Era muy difícil combinar aquello en lo que tu crees y el camino que crees que has de seguir, con lo que te piden. Pero las leyes están para aplicarlas y desarrollarlas.

“Creo que la vivienda es objeto de un pacto de Estado, no sólo de una ley”

¿Qué aprendió durante esos años?

Muchos. Parte de estos están incluso reflejados en mi tesis doctoral, donde recojo cuáles son los resultados en cuanto a vivienda pública de las últimas legislaturas, pero qué es lo que se necesita de verdad. Lo podría sintetizar y decirte que lo que me llevo de conclusión es que seguramente, en la vivienda pública, no hace falta tanta norma, sino presupuesto. La vivienda pública siempre está en la primera línea del debate político y en la última del debate presupuestario.

Habiendo gestionado las políticas públicas de Vivienda de la Generalitat de Catalunya en distintos periodos, ¿cómo valoraría el parque de vivienda asequible que tenemos?

Insuficiente, absolutamente. Como secretario de vivienda tenía, como instrumento, a la Agencia d’Habitatge, con la que poder movernos hacia delante. Pero el cambio de paradigma que trae la crisis financiera cambia absolutamente el rol de la Agencia. Pasamos de una necesidad de facilitar el acceso de las personas a la vivienda (2008) pero en 2012 pasa a ser prioritario que las personas no perdieran la vivienda que ya tenían. A partir de aquí, entras en una dinámica en la que no está comprometido tu solo como Generalitat, sino que también dependes de decisiones de terceros, el Estado, la Sareb, Europa…Y te sientes atrapado. Y es evidente en que, en un momento en que las entidades financieras tampoco estaban en buen momento para dar acceso a la financiación para promotores, ni públicos ni privados, la única manera de ampliar este parque era a través de utilizar el parque de los grandes tenedores (de los de verdad, no de lo que se conoce ahora gran tenedor) o a través del tanteo retracto, adquiriendo viviendas para destinarlas a personas.

En cuanto al parque, y aun siendo muy escaso, Cataluña es de las comunidades que al menos ha avanzado y ha iniciado más viviendas de protección oficial. Hay comunidades que en los últimos 10 años no han puesto ni un ladrillo para vivienda pública. Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, Rioja, Ceuta, Comunidad Valenciana, Andalucía…

¿Cuál cree que es la solución para sumar más vivienda de este tipo?

El otro fuimos a visitar, con el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios, a los nuevos responsables de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y yo les confesé que, en su momento, desde la Generalitat aplaudí Metrópolis Barcelona, el vehículo publico-privado que se constituyó con Neinor Homes y Cevasa. Me parecía una iniciativa interesante. Pero el problema es la eficacia. A día de hoy no hay ninguna obra iniciada con esta herramienta, mientras que, en Madrid, con el Plan Vive, que también es una iniciativa público-privada, va como rapidísimo y funciona bien.

También hablamos de la necesidad de estimular y no coaccionar. La normal de destinar el 30% a VPO de nuevas promociones, por ejemplo. Hay que ser autocrítico y reconocer que no ha funcionado.

En cuanto a su cambio y su fichaje por la asociación, ¿cómo valora sus primeros meses?

Bien. Aquí tenemos un colegio profesional con un presidente que no lo es solo de Barcelona, sino también el presidente del Colegio Profesional de APIS de España, por lo que he tenido la oportunidad de comprobar la dimensión y relaciones que podemos tener con el Ministerio. Y algo que me ha impresionado es la capacidad de generar servicios para los profesionales y la voluntad de expansión.

Además, la aportación de herramientas tecnológicas y las empresas nativas digitales (Proptech), que también me ha sorprendido ver la capacidad de proporcionarlas a las APIS para que no se vean desactualizadas.

Este primer semestre del año ha sido, cuanto menos, raro para el negocio inmobiliario. ¿Cuál es el feedback que reciben de los asociados?

Pues nos hemos encontrado en la recta final de una Ley de Vivienda que no sabíamos si venía o no y con una voluntad, expresada en el Ministerio, de que los profesionales inmobiliarios se reconozcan como profesión necesaria y un registro obligatorio de APIS, recibiendo una negativa por parte del Gobierno central.

“No vamos a aceptar acciones peyorativas y poco civilizadas por parte del Sindicato de Inquilinos”

Estamos muy pendientes de ver como evoluciona la Ley de Vivienda y que cierre debates inciertos, algo que hacía falta y que no se está llevando a cabo. A los actores del mercado inmobiliario debes darle seguridad jurídica, y por lo tanto lo que no puede ser es que desde 2020 se sigan prorrogando medidas coyunturales y convertirlas en medidas estructurales, y además apruebas una Ley de Vivienda donde, ciertas cuestiones no sabrás cómo evolucionarán hasta 2025, como el Índice de Precios. Creo que la vivienda es objeto de un pacto de Estado, no sólo de una ley.

Hace un par de semanas, desde la asociación se expresó malestar con el Sindicato de Inquilinos ¿Qué ha pasado?

Tengo la impresión de que, hablando como hemos hablado de la Ley de Vivienda, el Sindicato de Inquilinos quería ir aún más lejos con ella. Querían ser unos interlocutores válidos frente a la administración, de cara a reclamar según que cuestiones en políticas de vivienda… que se implementara el alquiler social obligatorio. Supongo que de las pocas cosas que propusieron, solo llegó a buen puerto el tema de la retribución a los agentes inmobiliarios cuando se intermedia una operación y la contención de rentas. Y mientras no haya contención de rentas, su éxito o su frustración la intentan canalizar en nosotros.

El problema es que está malmetiendo en el honor de la actividad inmobiliaria y sus profesionales. Están generalizando alguna actuación muy concreta de agentes que han podido incumplir la ley en el resto, que trabajan de una manera honrada y digna. Y por lo tanto, la actuación de pasearse por la ciudad de Barcelona y culpabilizar de lo que pasa en la ciudad solo a los agentes inmobiliarios es un error y mentira.

Les hemos pedido muchas veces sentarnos con ellos y tener un cara a cara, pero sin éxito. Desviar la atención hacia el sector profesional es seguir con el relato de que la situación y el problema de la vivienda está en el tejado del propietario, cuando no es así.

Ahora que han dado un golpe en la mesa, ¿hasta dónde llegarán?

Lo estamos analizando, pero nos negamos a aceptar este tipo de acciones peyorativas y poco civilizadas. No puede ser que, sin aportar ningún tipo de prueba o queja, se les increpe por haber hecho mal las cosas. E ir con pegatinas y megáfonos para hacer que alguien cumpla la ley no es eficaz, ni ético. Nos guste más o menos, es una ley que se debe cumplir, pero hay mecanismos oficiales para que esto se cumpla: no se puede permitir que rocen el vandalismo.