Fondviso (Solventis) invertirá 500 millones en 3.100 viviendas de alquiler asequible en Catalunya

Los fondos de inversión se ponen manos a la obra con la vivienda asequible en España. Solventis, grupo financiero con una trayectoria de más de 20 años en banca de inversión, gestión de activos y otros servicios financieros, ha lanzado el fondo de inversión socialmente responsable Fondviso con el que prevé́ invertir hasta 500 millones de euros en la construcción de 3.000 viviendas de alquiler asequible en Cataluña. En rasgos generales, el fondo espera invertir 650 millones para la construcción de 12.000 viviendas en España en los próximos 10 años.

Para sus planes en Catalunya, el fondo apostará por la colaboración público-privada junto a la administración catalana. Para ello, el nuevo fondo de Solventis ejecutaría una inversión directa en Cataluña de hasta 500 millones de euros, de los 2.000 millones de euros previstos de inversión total a movilizar. Esto supone que hasta el 25% de la cartera del fondo irá destinada a Catalunya, una de las comunidades autónomas con mayor peso en el proyecto.

El objetivo del fondo es acelerar la creación de un parque público de vivienda de alquiler asequible y sostenible en España; especialmente en autonomías como Catalunya, donde el esfuerzo financiero de los hogares para alquilar una vivienda se sitúa en el 42,2% de media de los ingresos netos, siendo Barcelona una de las provincias de España que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (43,8%) para afrontar un alquiler. La situación es todavía más urgente teniendo en cuenta que el precio del alquiler está en máximos históricos en Catalunya, situándose en 19,85 euros por m2 útil al mes.

En este contexto, Toni Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis, ha destacado en la presentación del proyecto que el desarrollo del parque de viviendas de Fondviso “podría contribuir a incrementar en más de un 30% el plan que tiene previsto desarrollar la Generalitat para impulsar la oferta pública de vivienda de alquiler social y asequible durante los próximos años, cifrado en 10.000 viviendas.”

Los responsables también han aprovechado a presentar en Cataluña su proyecto Fondviso, que es un fondo de inversión colectiva de tipo cerrado, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en infraestructuras de vivienda social asequible -pionero en nuestro país-, con criterios ESG, que mediante la colaboración público-privada quiere fomentar el acceso a la vivienda de alquiler, bajando un 30% el coste de habitabilidad del inquilino. Dicho coste incluye la renta de alquiler, el coste energético e hídrico y los gastos de mantenimiento.

Este modelo transforma la vivienda en una infraestructura social (“igual que sucede con otros equipamientos como las autovías o la red ferroviaria”), y contribuirá a crear un parque de viviendas de gestión pública y titularidad privada, sin generar deuda ni consumir recursos públicos.

El fondo de inversión contempla la construcción de viviendas de alquiler destinadas al 30% de la población española, es decir, a hogares con unos ingresos mínimos medios entre 28.000 y 45.000 euros. Por tanto, constituye una nueva vía para combatir la escasa oferta pública de alquiler social y asequible en España, que se sitúa en el 1,6% del total, en Cataluña en el 1,83%, frente al 15% de media de Europa.

Actualmente, el 35% de las familias que viven de alquiler destinan más del 40% de su renta neta, y el objetivo es que puedan dedicar un máximo del 30%.

El papel de la administración catalana

Fondviso plantea un modelo de colaboración público-privada con un importante efecto multiplicador de la inversión. Permite a las administraciones, entre ellas la catalana, obtener 5 veces más viviendas para la oferta pública del mercado de alquiler que con el modelo actual, proporcionando a la administración pública una mayor capacidad para ampliar la oferta de viviendas de alquiler asequible.

Según el modelo de Solventis, la administración no realiza ninguna inversión, sino que gestiona el alquiler de las viviendas por un periodo no inferior a 30 años a cambio de un canon fijo anual en concepto de pago por disponibilidad al vehículo de inversión. Por lo tanto, finalmente la administración solo asume los costes y riesgos de gestión con los inquilinos (morosidad, posible desocupación, etc.). Pasado ese periodo, la infraestructura pasará a ser de titularidad pública.

Por otra parte, los inversores, titulares de la infraestructura, obtendrán una rentabilidad neta anual superior al 7%, asumiendo únicamente el riesgo de edificación de los inmuebles, con el valor añadido de apostar por un proyecto de impacto social, comprometido con el medioambiente y el progreso de la sociedad.

Además, Bosch ha puesto de relieve que “este modelo generará viviendas asequibles en todo el país, tanto en ciudades especialmente tensionadas, como en otras poblaciones más periféricas, que no cuentan con suficiente oferta de alquiler. Y otra de las claves es que se trata de un modelo flexible, ya que cada administración local, al gestionar la infraestructura, podrá adaptar las políticas locales de vivienda a las necesidades cambiantes de esa población modificando las condiciones de alquiler o los destinatarios de las viviendas asequibles”.