Según los cálculos de CoHispania, en 2023 (a la espera de los datos oficiales de 2024) se construyeron 8.646 viviendas de protección oficial (VPOs), lo que equivale a 18 viviendas por cada 100.000 habitantes, ya que hoy en día la población española supera lo 48.000 millones de residentes. Este dato se encuentra cerca del mínimo histórico registrado en 2017, cuando se levantaron 10,6 viviendas protegidas por cada 100.000 habitantes.
CoHispania es una sociedad de tasación homologada por el Banco de España, que ha cifrado el déficit estructural de vivienda nueva en 600.000 unidades, ha publicado un estudio analizando el “grave problema social y económico” que es la vivienda, centrándose sobre todo en las protegidas y asequibles.
La construcción de este tipo de viviendas se ha reducido considerablemente con el paso del tiempo. Según los datos recogidos por CoHispania, cuando comenzó la transición en España, el ritmo de construcción de viviendas protegidas era en torno a 200.000 unidades por año, a comienzos de siglo ya se encontraba ligeramente por encima de las 50.0000 viviendas/año, antes de la crisis inmobiliaria de 2008 se situaban cerca de las 70.000 viviendas/año; y a día de hoy, la cifra no alcanza las 10.000 unidades anuales.
“Las medidas políticas para la solución a la vivienda asequible no solo no han funcionado sino que ponen a este segmento de la vivienda en una posición alarmante”, asegura Eduardo Serra, presidente de CoHispania.
Mientras tanto, la población española ha crecido considerablemente desde que comenzó la transición, el número de residentes en el país ha aumentado en torno a 20 millones de habitantes más.
Inversión económica VPOs
Cabe destacar que antes de ‘boom’ inmobiliario, 1.500 millones de euros procedentes del Presupuesto General del Estado se destinaba a la construcción de VPOs. Antes de la pandemia, esta cifra se situaba en torno a 500 millones de euros. En 2023, se destinaron 3.500 millones de euros al levantamiento de este tipo de propiedades, sin embargo, esto solo refleja el 0,715% del presupuesto total.
Pese a multiplicar prácticamente por siete el importe de las arcas públicas destinadas a la construcción de vivienda asequible, la sociedad concluye que “este incremento presupuestario no tiene su reflejo en un aumento de número de vivienda protegida”.
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