¿Ese piso turístico que has visto en internet es legal o no? Ahora puedes saberlo en segundos. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una nueva herramienta digital que permite a cualquier persona comprobar de forma rápida si un alojamiento turístico cuenta o no con licencia. Un ‘fast check’ municipal pensado tanto para turistas responsables como para vecinos hartos de los pisos ilegales... y una vuelta de tuerca más en la política de persecución a esta actividad, que desde el sector se califica como excesiva y poco equilibrada.
La plataforma, accesible desde la web municipal Habitatge Barcelona, permite realizar la consulta introduciendo la dirección exacta del inmueble o el número de Registro de Turismo de Cataluña (RTC). El sistema indica de forma inmediata si el piso cuenta con la autorización correspondiente para operar como Vivienda de Uso Turístico (VUT).
Esta herramienta se suma a otras medidas puestas en marcha en los últimos años por el Ayuntamiento para combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales en la ciudad. Desde el consistorio explican que se trata de un recurso pensado tanto para vecinos que sospechen del uso irregular de una vivienda como para turistas que deseen alojarse únicamente en pisos legales.
La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para recuperar viviendas destinadas al alquiler permanente y limitar los efectos negativos del turismo descontrolado en el mercado residencial. Actualmente, según datos del propio Ayuntamiento, hay en Barcelona unas 9.500 viviendas de uso turístico con licencia vigente. La cifra se ha reducido de forma progresiva tras años de inspecciones, sanciones y moratorias a nuevas licencias.
La nueva herramienta, además, permite consultar un mapa de la ciudad con todos los pisos turísticos registrados oficialmente, lo que añade una capa de transparencia adicional a la política de vivienda del consistorio.
La ofensiva contra el alquiler turístico no es exclusiva de Barcelona. En toda España se está intensificando el debate sobre el futuro de este modelo, y algunos expertos ya hablan abiertamente de un “peligro de extinción” para el alquiler vacacional tal y como lo conocemos. Así lo advertían recientemente representantes del sector en un artículo elaborado por idealista/news, donde apuntaron a una regulación cada vez más restrictiva, un aumento de la presión fiscal y un discurso político que criminaliza esta actividad.
Desde el sector turístico advierten de que el problema no está en el alquiler vacacional en sí, sino en la falta de un marco claro y uniforme que diferencie entre operadores profesionales, viviendas particulares ocasionales y economía sumergida. A juicio de muchos expertos, las prohibiciones generalizadas podrían tener efectos no deseados: expulsar parte de la actividad a la ilegalidad y perjudicar al pequeño propietario que cumple con todos los requisitos.
También alertan de que muchas de las medidas adoptadas por los ayuntamientos (como la limitación de licencias o la reducción de plazas) no están resolviendo el problema de acceso a la vivienda. “No hay datos que prueben que eliminar el alquiler vacacional abarate el precio del alquiler residencial”, señalaban los expertos en este encuentro. Aun así, cada vez son más las ciudades que, como Barcelona, optan por aplicar la vía más dura.
En este contexto, herramientas como la nueva web municipal de verificación de pisos turísticos pueden convertirse en una pieza útil para el control y la transparencia, pero no despejan el debate de fondo: cómo lograr un equilibrio real entre el derecho a la vivienda y la actividad turística sin demonizar al pequeño propietario ni alimentar el mercado negro.
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