Bruselas desautoriza el control de alquileres de Sánchez

Bruselas ha lanzado una advertencia clara en contra de la política de control de rentas que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, apuntando que esas medidas podrían tener efectos contraproducentes. La Comisión Europea, a través del documento ‘Housing in the European Union: Market Developments, Underlying Drivers, and Policies’, pone de relieve que intervenciones como el congelamiento o topes indiscriminados de rentas pueden distorsionar la oferta de vivienda en alquiler, reducir incentivos para los propietarios, generar mercados paralelos o agravar el desabastecimiento de viviendas disponibles (problemas que en un país con ya una escasez estructural resultan especialmente peligrosos) y advierte que esas medidas proteccionistas suelen tener efectos más dañinos que beneficiosos cuando no van acompañadas de políticas robustas de impulso a la oferta.

En el caso de España, la situación es particularmente compleja: la presión sobre la vivienda de alquiler es intensa, el parque de vivienda social es mínimo (alrededor del 1,1% del total, una de las tasas más bajas de la OCDE), y los precios del alquiler han subido en los últimos años en regiones como Madrid y Baleares hasta un 50% desde 2014, según análisis de BBVA Research, lo que encarece drásticamente las opciones de salida del hogar parental.

El control de alquileres promovido por Sánchez, contenido en la Ley de Vivienda de 2023, autoriza a las comunidades autónomas a limitar los precios cuando el mercado esté “estresado”, pero es voluntario y hasta ahora solo Cataluña lo ha aplicado con resultados mixtos: una caída promedio del 5% en los municipios regulados, pero también una disminución del 17% en los nuevos contratos de vivienda a largo plazo, lo que podría indicar retraimiento de oferta o transformación de los contratos hacia modalidades temporales que evaden los controles.

Mientras tanto, la emancipación juvenil se estanca. Con un mercado de alquiler escaso y costoso, muchos jóvenes no pueden asumir los costes: en España, se calcula que más del 46% de los jóvenes de 25 a 34 años viven con sus padres, frente a niveles mucho menores en muchos países europeos. El retraso relativo respecto a la UE se hace más evidente cuanto más se prolonga el estancamiento de los precios y la ausencia de vivienda asequible para alquiler.

Las consecuencias son profundas: la falta de independencia tiene un impacto en la movilidad laboral, en la natalidad (la demora en formar familias) y en la desigualdad generacional. Y mientras tanto, los subsidios actuales, como los 250 € mensuales que el Estado ofrece a jóvenes de hasta 35 años con bajos ingresos para el alquiler, pueden generar una presión inflacionaria sobre los precios si no van alineados con una expansión real de la oferta habitacional.