El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la compra de 170 viviendas a InmoCaixa por aproximadamente 15 millones de euros, en una operación que se formalizará el próximo 13 de noviembre. Esta adquisición representa un nuevo paso en la estrategia del Govern para ampliar el parque público de vivienda y garantizar que estos inmuebles mantengan su condición de protección oficial.
Las viviendas adquiridas se encuentran distribuidas en tres municipios catalanes: Banyoles (Girona), Lleida y Mollet del Vallès (Barcelona), con un precio medio de 88.200 euros por inmueble. Este será el tercer paquete que el ejecutivo catalán compra a InmoCaixa, la inmobiliaria vinculada a CaixaBank, lo que eleva el total de pisos adquiridos a 843 desde que Illa asumió la presidencia.
Durante su intervención en el programa Cafè d'Idees, el president fue contundente al defender la política de vivienda de su gobierno: "No hay nadie que haga más por la vivienda que el Gobierno de Cataluña” afirmó, destacando que esta cifra de 843 viviendas supone un compromiso firme con el acceso a la vivienda como derecho fundamental.
Respuesta a la huelga de alquileres
El anuncio llega en un momento de tensión social en torno a la vivienda protegida. Desde hace más de siete meses, 68 familias de Banyoles, Sentmenat, Sitges y Palau-solità i Plegamans mantienen una huelga de alquileres en bloques de protección oficial gestionados por InmoCaixa, acumulando ya 230.000 euros retenidos por un centenar de personas.
Illa ha reiterado que el horizonte del Govern "és garantir el dret a l'habitatge i primar-ne l'accés com un dret i no com un actiu financer". Además de las 843 viviendas ya adquiridas o en proceso de compra, el ejecutivo catalán está negociando la adquisición de otras 1.107 viviendas adicionales, lo que supondría superar las 1.900 unidades incorporadas al parque público.
El president también anunció que esta misma tarde su gobierno firmará un acuerdo con los Comuns en materia de desnonaments y grandes tenedores, reforzando así el compromiso del ejecutivo con políticas de vivienda más sociales. Según declaró, está abierto a estudiar cualquier medida que, "dins el marc vigent, pugui ajudar a aquest objectiu".
Un pulso político y social
La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos del gobierno de Illa. La compra masiva de inmuebles a InmoCaixa representa un esfuerzo por recuperar para el sector público viviendas que, de otro modo, podrían perder su carácter protegido y pasar al mercado libre, donde los precios son significativamente más elevados.
Esta operación, junto con las negociaciones en curso, sitúa a la Generalitat como uno de los gobiernos autonómicos más activos en la adquisición de vivienda pública, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres y las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.
El 13 de noviembre, fecha señalada para la formalización de la compra, será un nuevo hito en la política de vivienda del ejecutivo catalán, aunque las organizaciones sociales ya han dejado claro que seguirán presionando para que la transferencia de viviendas del sector privado al público continúe.
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