La presunción de inocencia y el populismo como política de Estado

Artículo escrito por Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro

En los últimos días, el Ministerio de Consumo ha anunciado su intención de sancionar a Alquiler Seguro por supuestas prácticas que, según su versión, vulnerarían la legislación vigente. Lo más grave no es el contenido del anuncio, sino la forma: una filtración, declaraciones altisonantes y titulares dictados antes de que exista un solo procedimiento con garantías.

El ministro no esperó a los hechos, ni a los informes, ni a los tribunales. Prefirió convertir una cuestión administrativa en una cruzada política, en un nuevo episodio de ese populismo institucionalizado que tanto daño hace a la economía, a la convivencia y a la confianza en las instituciones.

En un Estado de Derecho, toda persona y toda empresa tiene derecho a la presunción de inocencia. No se trata de un formalismo legal ni de una excusa para eludir responsabilidades: es un principio fundamental que protege a todos los ciudadanos frente a los abusos del poder. Cuando un representante público utiliza su cargo para “condenar” en los medios a una empresa o a un particular antes de que exista una resolución firme, no está defendiendo a los consumidores, está minando las bases mismas de la democracia liberal.

El Estado como generador de alarma social

Es irónico que un Ministerio de Consumo —teóricamente creado para proteger a los ciudadanos— termine actuando como un generador de alarma. En lugar de informar con rigor, se dramatiza y se criminaliza. En lugar de velar por el cumplimiento de la ley, se sustituye el procedimiento por la sospecha.
Esta forma de actuar no solo es injusta, sino profundamente irresponsable. Una declaración de un ministro puede tener consecuencias reales: puede afectar al empleo, a la inversión, a la reputación de una empresa y, sobre todo, a la confianza de miles de personas que dependen de que el mercado del alquiler funcione con estabilidad.

Alquiler Seguro lleva más de dieciocho años trabajando por la profesionalización del mercado del alquiler, aportando soluciones tecnológicas, seguridad jurídica y transparencia. Hemos ayudado a miles de propietarios a alquilar con garantías y a miles de inquilinos a acceder a una vivienda digna y segura. Y sin embargo, en lugar de reconocer el valor de las empresas que generan confianza, se nos coloca en el punto de mira por razones más ideológicas que jurídicas.

Del derecho al dogma

El actual Ministerio de Consumo ha convertido la política en un espacio de moralismo, no de gestión. No se trata de aplicar la ley, sino de imponer una visión del mundo. Se busca dividir el país entre “pueblo” y “mercado”, entre “buenos” y “malos”, como si las empresas fueran un enemigo a batir en lugar de aliados necesarios para resolver problemas estructurales.
Este discurso no es nuevo: es el mismo que escuchamos en los regímenes populistas latinoamericanos, donde se utilizó la retórica del pueblo contra el poder económico para concentrar el poder político. Esa deriva chavista y populista —adaptada ahora a la versión local de SUMAR— pretende sustituir la complejidad de los hechos por consignas ideológicas y el debate sereno por el ruido mediático.

Pero la política no puede basarse en enemigos imaginarios. España necesita más vivienda asequible, más colaboración público-privada, más estabilidad normativa, y no más titulares que demonizan al sector privado. Los problemas del alquiler no se resuelven señalando con el dedo a quienes trabajan en él, sino sentándose a dialogar con quienes conocemos sus realidades.

Un uso sectario de los recursos públicos

Mientras se ataca a las empresas que invierten, crean empleo y aportan soluciones, el mismo ministerio que se erige en juez moral derrocha millones de euros en subvencionar estructuras ideológicas, asociaciones y “chiringuitos” cuya única función real parece ser amplificar el discurso oficial y servir de altavoz a su línea política.

Son organismos que viven del presupuesto público, sin control ni resultados verificables, y que se presentan como portavoces de los consumidores, cuando en realidad actúan como brazos mediáticos del poder político. No hace falta dar nombres: todos los conocemos. Son los mismos que se apresuran a reproducir los comunicados ministeriales y a señalar a las empresas antes incluso de conocer los hechos.

Mientras tanto, los verdaderos consumidores —los ciudadanos de a pie, los que pagan su alquiler o su hipoteca cada mes, los que necesitan estabilidad y reglas claras— quedan desatendidos. Se invierte más en propaganda que en soluciones, más en ruido que en eficacia.

La seguridad jurídica como valor esencial

En cualquier país avanzado, la seguridad jurídica es la base sobre la que se construye la economía. Ningún inversor, ningún empresario, ninguna familia deposita su confianza en un sistema donde las normas cambian según el clima político o donde la reputación de una empresa puede ser destruida por un tuit o una declaración improvisada.
El Estado no puede ser un adversario de sus ciudadanos. Su papel debe ser el de árbitro neutral, no el de juez parcial. Cuando el Gobierno utiliza las instituciones para perseguir al que piensa diferente o al que representa un modelo económico que no encaja con su ideología, deja de ser un Estado garante para convertirse en un Estado intervencionista, paternalista y arbitrario.

Y eso tiene consecuencias reales: menos inversión, menos innovación, menos vivienda disponible, más precios al alza y más desconfianza. Porque nadie quiere operar en un entorno donde las reglas del juego dependen del humor del ministro de turno.

Lo que de verdad importa

Mientras el Ministerio de Consumo dedica su tiempo y recursos a fabricar titulares, los verdaderos retos del alquiler siguen sin resolverse. España necesita seguridad jurídica, incentivos a la oferta, políticas estables y un marco fiscal que fomente la inversión en vivienda en alquiler.

En lugar de eso, asistimos a una sucesión de ocurrencias, declaraciones y medidas que ahuyentan a los propietarios y desalientan la profesionalización del sector. Cada vez que se lanza una acusación infundada, se pone en riesgo la confianza de miles de familias que dependen del alquiler como forma de vida o de inversión.

La vivienda no puede ser un campo de batalla ideológico. Es un derecho y una necesidad, pero también un mercado que debe funcionar con reglas claras, previsibles y justas. Criminalizar al sector privado solo conduce a la escasez y al deterioro de la calidad del parque de vivienda.

Un llamamiento al sentido de Estado

Desde Alquiler Seguro seguiremos defendiendo con firmeza la profesionalización del sector y el respeto a la ley. No nos van a amedrentar las declaraciones de un ministro que confunde el populismo con la gestión pública.
España necesita menos ruido y más responsabilidad. Necesita políticos que entiendan que gobernar no es agitar fantasmas, sino garantizar derechos y promover la seguridad jurídica.

El tiempo pone a cada uno en su sitio. Las empresas que trabajamos con rigor y transparencia seguiremos aquí, creando empleo, invirtiendo en innovación y ofreciendo soluciones a propietarios e inquilinos. Los discursos demagógicos, en cambio, se evaporan tan rápido como los titulares que los sostienen.

Porque la verdad —y el sentido común— siempre acaban imponiéndose.