El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la supresión de las ayudas a la VPO como le pidieron hace poco más de un mes las miles de familias afectadas. Sin embargo, su fallo no ha sido el que esperaban.
El Alto Tribunal ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que habían planteado, que buscaba desbloquear decenas de sentencias que estaban paralizadas en los juzgados en la Comunidad Valenciana a la espera que el TC se pronunciara sobre el asunto.
A mediados del mes de octubre, la asociación valenciana que coordina todas las plataformas de afectados a escala nacional envió una carta al presidente del Constitucional pidiéndole que acelerara todo lo posible la resolución del recurso.
En aquella misiva, los afectados recordaron al Alto Tribunal que la supresión de las prórrogas de subsiadiación de préstamos protegidos afecta a unas 300.000 familias que, en los últimos dos años, están sufriendo mes a mes incrementos en las cuotas hipotecarias de entre 90 y 300 euros, lo que se traduce para ellos en una situación socioeconómica difícil y que, en muchos casos, la única salida que queda es el desahucio.
A pesar de todos esos argumentos, el BOE publicó el pasado 27 de noviembre el fallo del Constitucional, que rechazaba el recurso de inconstitucional, y la respuesta de los afectados no ha tardado en llegar.
“Consideramos que esta sentencia es injusta y antisocial, y se aleja del espíritu que debe guiar esta institución, hoy desgraciadamente politizada. La sentencia despoja a miles de afectados de sus legítimos derechos. Además, ignora el mandato constitucional del derecho a la vivienda. El TC no atiende a la difícil situación socioeconómica de los afectados y nos aboca a una situación en muchos casos insostenible”, explica el comunicado remitido por la asociación.
La sentencia, añade el comunicado, “desoye nuestra petición de justicia dejándonos en una situación de completa inseguridad jurídica, ya que tolera que el Gobierno se autoexima de prorrogar las ayudas que estaban reguladas en los planes de vivienda a los que nos acogimos al comprar nuestra vivienda. El TC pasa por alto cualquier reflexión sobre la violación del Gobierno del principio de confianza legítima, dejando que el Gobierno pueda incumplir su obligación de prorrogar regulada en los planes de vivienda, mientras los afectados sí continuamos día a día cumpliendo condiciones propias de la vivienda protegida”, añade.
Los afectados aseguran que, lejos de resolver la cuestión, la decisión del Tribunal deja un escenario jurídico confuso y discriminatorio, con un amplio abanico de circunstancias arbitrarias. Afectados en la misma situación pueden acceder o no a la prórroga dependiendo de la fecha en que presentaron la solicitud o de la redacción fortuita de la resolución de concesión de la ayuda”, alertan.
El comunicado se queja de que La sentencia del TC sigue a pies juntillas la versión del abogado del Estado y recuerda que “esta versión encuentra oposición en una amplia opinión de expertos constitucionalistas, administrativistas y jueces disconformes con la retroactividad de la supresión de las prórrogas de la subsidiación”.
Lejos de darse por vencidos, los afectados aseguran que acudirán a la Justicia Europea en busca de ayuda para demostrar que tienen derecho a prorrogar las ayudas a la subsidiación de sus préstamos protegidos. "Confiamos en un pronto pronunciamiento favorable del Parlamento Europeo que está investigando esta cuestión en el ámbito de la normativa europea", concluye el comunicado.
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