La prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables se amplía hasta finales de septiembre

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva prórroga de la prohibición de desahuciar a personas sin alternativa habitacional. La medida, cuyo plazo expiraba el próximo 28 de febrero, estará activa hasta el próximo 30 de septiembre.

El Ejecutivo de coalición también ha extendido la prohibición de cortes de suministros energéticos (luz, agua y gas), otra de las medidas del denominado 'escudo social' ante la crisis del covid-19, aunque en este casi la ampliación es hasta el 30 de junio.

Así se ha acordado durante la negociación que entablaron desde hace semanas PSOE y Unidas Podemos para extender ambas medidas más allá de finales de mes. Para los morados ambas medidas son indispensables para garantizar que no se deja nadie atrás en estos momentos en los que el país comienza una etapa de recuperación.

En materia antidesahucios, podrán acogerse también familias en situación de vulnerabilidad con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello. 

En octubre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la anterior prórroga del escudo social que ya contemplaban estas dos medidas que vuelven a tener continuidad.

Según explicó entonces el Ejecutivo, la imposibilidad de cortes de suministros energéticos es una medida de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco desarrollado para identificar y reducir el fenómeno de la pobreza energética.

Además, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para la población vulnerable viene recogida de forma permanente en la futura Ley de Vivienda, que debe pasar la tramitación parlamentaria de cara a su aprobación definitiva.

Unas medidas de carácter urgente 

Según consta en la web de La Moncloa, las medidas, que tienen un carácter urgente y son necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables en un contexto marcado por la evolución de la pandemia, contemplan:

1. La ampliación hasta el 30 de septiembre de 2022 de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes. Se incluyen aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último caso, explica, "se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación".

En estos supuestos se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:

• Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.
• Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
• Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
• Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
• Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.
• Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley.

Igualmente, en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

2. Se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el mencionado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medida, por lo que, al ampliarse hasta el 30 de septiembre de 2022, el nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de octubre de 2022.

"Se trata de medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la situación de los hogares en situación de vulnerabilidad en el contexto de la evolución de la pandemia", concluye. 

"Clara desprotección a los propietarios", según Asval

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) considera que las sucesivas prórrogas de los decretos prolongando la suspensión de los desahucios para familias vulnerables no son la solución al problema de accesibilidad que hay en España, y ha apostado por ampliar la oferta de vivienda en alquiler y, en especial, el parque de vivienda pública en alquiler social.

"Este es un aspecto en el que presentamos un claro déficit frente a nuestros vecinos europeos", señala Asval, que añade que la decisión genera una "clara desprotección" a los propietarios, "que en los momentos más duros de la pandemia han sabido poner de su parte sin recibir ayuda pública alguna". "Las continuas prórrogas de estos decretos, además, generan inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda, lo que impedirá el desarrollo de más oferta, y agravará el problema de accesibilidad", denuncia.