La realidad de la banca en la España despoblada y la demagogia política

Ni los banqueros tienen rabo y cuernos, ni los dirigentes políticos tienen siempre que actuar demagógicamente como adalides de la protección de aquellos ciudadanos (no de todos) a los que dicen representar. De verdad, ya vale de criticar a los bancos porque cierran oficinas en las que únicamente pagan algunas pensiones a principio de mes y hacen alguna transferencia durante las semanas siguientes.

Un banco es una empresa privada, que responde ante sus accionistas, y lo que no tiene sentido por parte de los políticos es exigir que esas entidades privadas pierdan dinero por mantener sucursales improductivas abiertas. Vivimos en una economía de mercado, y las empresas privadas no tienen por qué subsidiar servicios públicos. El Gobierno tiene sus propios mecanismos para facilitar la gestión de cobros y pagos en las zonas rurales. Nunca debió privatizar las oficinas de la Caja Postal de Ahorros en los años noventa, pero si ya lo hizo, no tiene más que tres opciones: crear un nuevo banco público con una actividad específica, establecer una red de oficinas dependientes del Instituto de Crédito Oficial (ICO), o bien subcontratar la actividad con la Asociación Española de Banca (AEB), de manera que se establezcan un conjunto de puntos de dispensación de efectivo, vía cajeros o autobuses, y que este grupo de puntos de movimiento de fondos sea global, es decir, todos los bancos deben participar en el proyecto, y este proyecto no debe ser deficitario. El objetivo no sería otro que facilitar el movimiento de fondos en la España despoblada.

Y ya de paso, podríamos tratar de resolver otro problema que no es otro que la brecha tecnológica. Por más que ingenieros con cara de velocidad se empeñen desde sus despachos en Madrid en “digitalizar” España, no van a poder luchar contra la idiosincrasia de los diferentes segmentos de la población española. Muchas personas de más de ochenta años no han usado una tarjeta de crédito en su vida; en muchos pequeños núcleos rurales no existe el IVA, sencillamente porque sólo usan efectivo, y no es por defraudar, porque con lo que ganan no tendrían que pagar IRPF; simplemente están fuera del sistema, y no sólo del bancario, porque si tienen un problema médico, en muchos casos no tienen cerca un ambulatorio en el que les hagan una radiografía, y si consiguen llegar a uno, puede que no tengan el servicio para enyesarles una extremidad dañada, y entonces, al final, llaman a un familiar para que les lleve a Madrid o a otra capital de provincia donde puedan atenderles.

Los recientes resultados de los partidos de la España vaciada en las elecciones de Castilla-León nos muestran lo que está ocurriendo en nuestro país. Unos políticos “de carrera”, muchos de los cuales no han trabajado en su vida en una empresa, y que se dedican a la política desde que entraron en Nuevas Generaciones o en Juventudes Socialistas se dedican a establecer planes de laboratorio a los que los españoles tienen que adaptarse, en lugar de hacer lo que sería lógico, poner pie en tierra, tratar de entender a las distintas generaciones de españoles y adaptarse a ellas. Estos “niñatos”, a decir de Esperanza Aguirre, están haciendo mucho daño a España, y la respuesta es que se vota tanto a los partidos provinciales como a Vox, sencillamente porque los que están en los partidos nacionales tradicionales han perdido el contacto con el pueblo español.

Se pueden utilizar los 140.000 millones de euros de las ayudas europeas en todos los proyectos de laboratorio que se quiera, pero si no cuentan con la aquiescencia del pueblo español, esto no servirá para nada. Se pueden gastar miles de millones en digitalizar los pueblos castellanos, pero a lo mejor no es tan necesario como ponerles un simple cajero en la oficina de correos, donde puedan sacar dinero como hacían antes, o bien una simple antena que les permita usar el Internet básico para poder ver la prensa por la pantalla de su ordenador y su móvil.

Lo primero que tendrían que hacer estos políticos “de carrera” es recorrer España, ver los diferentes segmentos de población que hay, buscar soluciones para cada uno de ellos, y hacer un plan estratificado en vez de un plan general que, probablemente, no va a tener éxito, porque no se va a tener en cuenta lo más importante, la opinión de los ciudadanos. Así que, dejémonos de planteamiento extremistas como lo de poner impuestos extra a eléctricas y bancos, sólo para tener más dinero para despilfarrar en proyectos no productivos. España no necesita que se machaque a los bancos o a las eléctricas; si hay que regular algo más, que se haga, pero esa obsesión que tienen los antisistema por atacar a empresas que, en general, están bien gestionadas y proporcionan un empleo indefinido y de calidad no es de recibo.

Y, volviendo al tema de las oficinas bancarias, el cierre de oficinas físicas y la reducción de empleo en el sector bancario va a continuar. Los bancos ya no quieren tener cuentas corrientes de saldos irrisorios, entre otras cosas porque con los tipos de interés en negativo, les suponen costes en lugar de ingresos. El mundo del crédito va a dar un giro copernicano en los próximos años, y las inversiones en proyectos de I+D se financiarán con fondos de capital-riesgo en las condiciones que procedan, pero ese monopolio bancario de préstamos de 100 con garantías de 120 es un modelo obsoleto que no creo que vuelva a darse.

Por tanto, habrá que asumir que los bancos cada vez serán más pequeños, tanto en oficinas, como en empleados, como en balance, y no son los culpables de que el mundo evolucione y que vayamos a un mundo diferente en el que el libro de cabecera de algunos (el Manifiesto Comunista que surgió con la Revolución Industrial) no será otra cosa que una pieza de museo. El Gobierno está para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, y si estos necesitan que se dispense efectivo en la mayoría de los pueblos de España, habrá que instalar cajeros, autobuses diarios, horarios razonables (lo de 9 a 11 es una vergüenza para los pobres jubilados con problemas de movilidad) y demás; y el coste no tienen que pagarlo los bancos; forma parte de las medidas que tiene que tomar nuestro gobierno para atender al pueblo que vota cada cuatro años y del cual los elegidos son sus meros representantes. No todo es sanidad y educación; la democracia es mucho más, y en particular, que existan los servicios públicos necesarios para atender las necesidades básicas de las personas cuando dichos servicios no son rentables para que existan empresas privadas que los atiendan.