La segunda mayor petrolera de España ha registrado números rojos en el tercer trimestre del año. Los resultados de Cepsa se han visto lastrados por la caída del precio del crudo y, sobre todo, por el impacto del impuesto temporal a bancos y energéticas que aprobó el Gobierno a finales del año pasado. En los nueve primeros meses del año ha tenido que pagar más de 300 millones de euros por este tributo, lo que le ha llevado a registrar pérdidas.
Este tributo entró en vigor a finales del año pasado, con el objetivo de gravar de forma temporal los beneficios extraordinarios de las empresas de los sectores financiero y de la energía. Así, afectada a grupos como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP, y a los principales bancos domésticos, como Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Sin embargo, Cepsa es la primera que ha entrado en pérdidas como consecuencia de este gravamen.
Según publica el diario Expansión, la petrolera ha registrado unas pérdidas de 116 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a los beneficios de 982 millones que registró el año pasado, tras desembolsar 323 millones de euros por este tributo. Otro factor que ha condicionado las cuentas de la compañía ha sido la caída del precio del crudo, que este año ronda los 82 dólares el barril, mientras que en 2022 el promedio alcanzaba los 105 dólares el barril.
Cepsa ha pagado el impuesto a las energéticas en dos tramos: el primero lo liquidó en febrero y fue el más cuantioso (165 millones), mientras que el segundo, de 158 millones, lo pagó en septiembre. Y este ha sido el motivo por el que la compañía ha entrado en pérdidas: prueba de ello es que la bajada de precio del petróleo habría provocado una disminución de sus beneficios, que se hubieran situado en unos 250 millones de euros sin tener en cuenta el golpe fiscal.
La compañía afirma en sus cuentas de los nueve primeros meses del año que "contribuyó con 3.358 millones de euros en impuestos en España, de los cuales 2.046 millones fueron soportados por la compañía y 1.312 millones recaudados por cuenta de la hacienda pública española", incluyendo el pago del impuesto.
El tributo, inicialmente diseñado para aplicarse en 2023 y 2024 (con efectos en los ejercicios fiscales 2022 y 2023), levantó una oleada de críticas por parte de bancos y energéticas, pero el acuerdo de investidura que han sellado el PSOE y Sumar prorroga su aplicación más allá de esos dos ejercicios, lo que ha provocado que empresas como Repsol hayan anunciado una paralización de sus inversiones.
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