Cataluña recibe 277 ofertas para construir 600 viviendas protegidas en Barcelona y su área metropolitana

La Generalitat de Catalunya ha recibido 277 ofertas de constructoras y empresas inmobiliarias para desarrollar un total de 600 viviendas protegidas en Barcelona y su área metropolitana. Este ambicioso proyecto, enmarcado dentro del Plan Territorial Sectorial de Vivienda, busca responder a la creciente demanda de vivienda asequible en Cataluña, especialmente en las zonas de mayor tensión del mercado inmobiliario, donde los precios de alquiler han experimentado un aumento considerable en los últimos años.

Con una inversión de 50 millones de euros, la iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con dificultades en el mercado de alquiler libre. En concreto, el proyecto está dirigido a jóvenes, familias monoparentales y personas mayores, quienes enfrentan mayores barreras para encontrar vivienda adecuada y asequible. La Generalitat ha puesto especial énfasis en estos grupos, considerando los estudios que indican su vulnerabilidad en el mercado actual.

Distribución de las viviendas en áreas estratégicas

Las 600 viviendas protegidas se distribuirán en diversos municipios del área metropolitana de Barcelona. En la propia capital catalana se concentrará una parte significativa de la promoción, mientras que el resto se repartirá entre municipios como L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Badalona. Estos municipios, situados en la primera corona metropolitana, han sido seleccionados estratégicamente por su proximidad a Barcelona y por el alto índice de demanda de vivienda a precios accesibles que presentan.

Además de la accesibilidad económica, el proyecto contempla criterios de sostenibilidad. Los edificios deberán cumplir altos estándares de eficiencia energética para reducir el impacto ambiental y asegurar un menor coste en servicios como calefacción y electricidad para los inquilinos. Esta orientación responde a la voluntad del Govern de integrar la sostenibilidad en sus políticas de vivienda, ofreciendo no solo precios asequibles, sino también condiciones de vida más sostenibles y menos costosas a largo plazo.

Colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda

La Generalitat ha optado por un modelo de colaboración público-privada para el desarrollo de estas viviendas, una estrategia que permite captar inversión privada sin perder el control sobre los precios de alquiler. Esta fórmula ha demostrado ser eficaz para atraer empresas interesadas en proyectos de impacto social, asegurando una mayor celeridad en la construcción y una optimización de recursos. Con las 277 ofertas recibidas, la Generalitat seleccionará a las empresas que mejor se ajusten a sus requisitos de calidad y accesibilidad económica.

El Govern ha explicado que esta nueva promoción se enmarca en un esfuerzo más amplio por reducir el déficit de vivienda asequible en Cataluña. El Plan Territorial Sectorial de Vivienda, lanzado recientemente, establece la meta de construir hasta 10.000 viviendas protegidas para 2025, con el objetivo de aliviar la presión en el mercado inmobiliario y ofrecer alternativas viables de alquiler. Este plan incluye tanto viviendas nuevas como la rehabilitación de propiedades ya existentes para ampliar la oferta habitacional en el corto y mediano plazo.

Objetivo a largo plazo

Para el Govern, estos proyectos no solo buscan cubrir la necesidad inmediata de vivienda, sino que también están orientados a estabilizar el mercado de alquiler en la región. La construcción de viviendas asequibles en zonas de alta demanda puede ayudar a contener el incremento de precios, que ha dejado a muchos ciudadanos sin alternativas viables para residir en áreas cercanas a su lugar de trabajo o a servicios esenciales. En este sentido, el proyecto se plantea como una intervención estructural, buscando una mayor cohesión social y equilibrio en el acceso a la vivienda.

Con este nuevo impulso, la Generalitat refuerza su compromiso por una Cataluña en la que el acceso a la vivienda no dependa exclusivamente del poder adquisitivo de las familias. Estas 600 viviendas protegidas, junto con otros proyectos en marcha, representan un avance hacia un modelo de ciudad y región más inclusivo, donde las necesidades de la población se vean reflejadas en una oferta habitacional diversa y asequible.