El Gobierno de Portugal ha aprobado una enmienda que modifica el Marco Legal de Urbanismo y Edificación (RJUE por sus siglas en portugués), y que contempla la reducción de plazos para dictámenes y notificaciones. El objetivo de esta medida es acelerar la construcción de viviendas y aumentar la oferta habitacional cuanto antes.
A día de hoy, el plazo de los ayuntamientos para responder a las operaciones de subdivisión sin parámetros urbanísticos definidos, es decir, la solicitud de permiso para dividir un terreno está fijado en un máximo de 200 días. Con esta nueva enmienda, este plazo se reducirá a 95 días; y si esta demanda incluye obras de desarrollo urbano, el periodo disminuirá a los 65 días.
El Ejecutivo luso también aprobó una reducción, de 20 a 15 días del plazo para la deliberación final de los municipios sobre una Solicitud de Información Previa simple (PIP por sus siglas en portugués). En caso de que la petición sea cualificada, el periodo disminuirá de 30 a 20 días. Por otra parte, las solicitudes de construcción y demolición deben resolverse en un plazo de 70 días, frente a la horquilla actual, que oscila entre 120 y 200 días, dependiendo de las características del proyecto.
Estos cambios aún requieren la aprobación de la Asamblea de la República, aunque el Gobierno luso pretende obtener la autorización legislativa antes de que finalice el año para que esta enmienda entre en vigor durante el primer trimestre de 2026.
El ministro de Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, ha manifestado en unas declaraciones recogidas por el medio Jornal de Negócios, que quieren dar un paso más: "Queremos reducir plazos, simplificar procesos y ser absolutamente decisivos en la lucha contra la burocracia y la discrecionalidad, que deben desaparecer”.
El objetivo final del Gobierno es garantizar que el tiempo transcurrido entre la notificación final de los permisos y el inicio de las obras no supere los ocho días. Para ello, se reducirán drásticamente todos los plazos, ya sean para solicitudes de información previa simples, solicitudes de información previa codificadas o todas las solicitudes de licencias.
Por su parte, la secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, ha destacado la importancia de arrancar las construcciones en “solo” ocho días: “Me comunico con el municipio, autoliquido las tarifas y, a los cinco días, he comenzado la construcción. Hemos conseguido reducir los plazos urbanísticos municipales de 10 años a uno”.
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