Ante la subida de los precios de las viviendas y el difícil acceso al sector inmobiliario de parte de diversos colectivos, los expertos reivindican medidas que podrían “aligerar” este problema. Una de éstas es la reducción o supresión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) que en Cataluña es alto.
No es algo nuevo, hace años que diversos profesionales abogan por realizar cambios en el ITP en la comunidad. Sin ir más lejos, Gonzalo Bernardos, economista, destaca que "si las comunidades autónomas desean facilitar la compra de vivienda, especialmente para los primeros compradores, una medida eficaz sería reducir o eliminar el ITP, contribuyendo así a una fiscalidad más equitativa y a un mercado inmobiliario más accesible".
También lo ve factible el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, Juan Ignacio Gorospe. “Sí, podrían bajarse los impuestos porque Cataluña tiene unos tipos muy elevados en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP. Basta pensar que en la Comunidad de Madrid es un tipo proporcional del 6%”.
En cambio, en Cataluña son alícuotas progresivas, y las ha incrementado hasta el 13%, con efectos desde el 27 de junio de 2025. Es una tarifa progresiva del 10% hasta 600.000, los 300.000 siguientes al 11%, los 600.000 siguientes al 12% y a partir de 1.500.000 euros del valor del inmueble del 13%.
“Por ejemplo, un inmueble de 500.000 euros en Madrid supondría un pago de 30.000 euros y en Cataluña 50.000, y en una vivienda de 2.000.000 de euros, en Madrid 120.000 euros y en Cataluña 230.000, más del doble”, determina el experto.
Hay más dificultades, porque según el experto de la CEU, se introduce también, con efectos desde el 27 de junio de 2025, un tipo del gravamen del 20% aplicable a la transmisión de viviendas cuando el adquirente sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de gran tenedor (persona propietaria de más de 10 inmuebles de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial situados en Cataluña o a titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados dentro de la zona de mercado residencial tensionado), “que también se aplicará a las transmisiones de edificios enteros de viviendas con división horizontal o sin división horizontal”.
“Buenas consecuencias para el sector inmobiliario”
La reducción o supresión del ITP en Cataluña podría ser una medida efectiva para acabar con el problema de acceso a la vivienda. Para los expertos "el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes desafíos económicos en España, especialmente para los jóvenes. Y uno de los principales obstáculos es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en muchas comunidades autónomas supera el 10%, situándose entre los más altos de Europa".
Mientras que, para Juan Ignacio Gorospe, si se redujera la tributación en el ITP y también en AJD se favorecería la adquisición de viviendas. “La consecuencia sería el incremento de las ventas y la dinamización del mercado inmobiliario, pero el problema más importante es la falta de suelo. Habría que liberalizarlo en toda España”.
“En Cataluña hay una política fiscal expansiva”
El profesor de la CEU analiza que el impuesto se mantiene porque con una política fiscal expansiva, en Cataluña no se quiere reducir el gasto y “se ven abocados a aumentar los impuestos”. Además, normalmente al aumento de ingresos genera más demanda de gasto porque se crean estructuras que es preciso mantener.
“De todos modos hay que pensar que una reducción del tipo aplicable no tiene por qué suponer una menor recaudación, si ello incrementa en número de operaciones inmobiliarias podría provocar un aumento de los ingresos tributarios, del mismo modo que un aumento exagerado de los impuestos puede terminar provocando una pérdida global de recaudación”, asegura.
El experto determina que así lo demostró el premio nobel de economía con la curva de Laffer que lleva su nombre: “subir mucho los impuestos puede reducir la recaudación y bajar ciertos impuestos en situaciones concretas podría aumentarla, incentivando la actividad económica”.
Según Gorospe, el gobierno catalán lo justifica para regular el mercado, combatir la especulación, y favorecer el acceso de colectivos vulnerables mediante tipos reducidos solo aplicables a determinados colectivos y viviendas habituales de bajo valor.
Concretamente se aplica un tipo del 5% para adquisiciones de vivienda habitual por jóvenes de 35 años o menos, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, menos el mínimo personal y familiar, en su última declaración del IRPF no exceda de 36.000 euros, por un valor máximo de la vivienda de 300.000 euros. “Opera también para la adquisición por familias numerosas, familias monoparentales, discapacitados y víctimas de violencia machista”.
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