Las entidades de derecho público, esas desconocidas donde se colocan a amigos, familiares y gente de carnet

Probablemente uno de los aspectos más desconocidos de las Administraciones Públicas son las entidades públicas con personalidad jurídica que han sido creadas por las diferentes administraciones y en las que se colocan muchos amigos, familiares y gente de carnet con buenos sueldos, ya que muchas de ellas por su naturaleza jurídica escapan al control de la Intervención General del Estado. En el cuadro siguiente podemos observar tanto la administración que controla estas entidades como la tipología societaria de las 4.852 entidades cuyos gastos pagamos todos los españoles:

Miguel Córdoba

Puede que los organismos autónomos y los consorcios puedan ser figuras jurídicas más acordes con lo que conocemos como función pública, pero que más del 38% de estas entidades sean sociedades mercantiles controladas por las administraciones públicas, y especialmente por los ayuntamientos (1.168 sociedades) ya nos da algo más que pensar.

El caso de las mancomunidades que tienen constituidas 52 entidades, de las que 25 son sociedades mercantiles nos cuesta un poco más de entender, ya que la figura de la mancomunidad de municipios se identifica más con una asociación entre varios ayuntamientos para conseguir sinergias en determinadas actividades que beneficien conjuntamente a los habitantes de estos municipios. De hecho, en España existen 953 mancomunidades y tan solo 52 tienen entidades dependientes. No parece, por tanto, que sean necesarias dichas entidades para el normal desenvolvimiento de la actividad de estos entes locales.

También merece la pena destacar el hecho que se han constituido 864 fundaciones dependientes de las administraciones públicas, figura jurídica que, como es bien sabido, tiene ventajas fiscales y permite manejar patrimonios y actividades desde un patronato que se constituyen discrecionalmente por parte de los promotores de estas y que, en algunas que hemos estudiado, se encuentran antiguos cargos políticos que ya no están en activo. Aquí se reparten las fundaciones las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sorprende que haya más de 300 fundaciones constituidas por estos últimos.

Es interesante ver también cómo se distribuyen geográficamente estas entidades. Lo podemos observar en el cuadro siguiente:

Miguel Córdoba

De entrada, podemos observar que Cataluña, con 944 entidades, duplica a las constituidas por la propia Administración Central y cuadruplica a las creadas por la Comunidad de Madrid, siendo especialmente activos los ayuntamientos catalanes, con 513 entidades, en la creación de filiales para el desarrollo de diferentes actividades. Podríamos también hacer referencia a las 87 entidades creadas por cabildos y consejos insulares de Canarias; es cierto que son siete islas, pero puede parecer excesivo el número de entidades.

Hemos de tener en cuenta que la creación de personalidades jurídicas diferentes de las administraciones públicas supone la “creación” de puestos de trabajo, no siempre necesarios, pues supone tener que llevar contabilidades, organización de impuestos, realización de memorias y en muchos casos alquileres de lugares diferenciados, con pagos de servicio de limpiezas, gastos de comunidad, etc., amén de todo el personal que se “coloca” en estas entidades y que “se ve poco”.

Es imposible, dada la disparidad de entidades y su variopinta dependencia, saber cuántas personas se encuentran “colocadas” en esta “pseudo administración pública”, pero hay estimaciones de que podemos estar hablando de unas 170.000 personas. No queremos decir que no estén realizando funciones necesarias para la comunidad, pero sí que la opacidad con la que se trata esta información resulta algo sospechosa.

Por ejemplo, el número de empleados de estas entidades en la Comunidad de Madrid sí que figura en el informe anual de la Comunidad y supone unos 24.260 empleados, aunque no se dan datos de la mitad de las entidades de derecho público dependientes, sólo de las más importantes. Por el contrario, y por más que lo hemos intentado, ha sido imposible encontrar ninguna información de los empleados de estas entidades en la Generalitat de Catalunya, a pesar de que tiene 944 filiales dependientes y parecería razonable que existiera un registro público de las decenas de miles de personas contratadas que deben tener estas subsidiarias.

Realmente, desde la época de Jordi Pujol, Cataluña ha estado preparándose para ser un Estado y ello, en mi opinión, ha provocado una elefantiasis de administraciones públicas. No sólo son las 21 embajadas (que no están incluidas en los cuadros anteriores y que suponen un elevado coste para las arcas autonómicas), sino la enorme cantidad de entidades públicas donde se coloca a amigos, familiares y personas con carnet. No se ha mirado nunca la eficiencia ni los costes. Simplemente se ha seguido con el sentimiento emocional del “procés” para crear entre los catalanes la imagen de que serán independientes. Mientras tanto, los catalanes soportan una presión fiscal superior a la del resto de las comunidades autónomas y especialmente la de Madrid, y aguantan cientos y cientos de entidades públicas de dudosa utilidad que financian sin pensar en cuál ha sido realmente el verdadero coste del “procés”, incluyendo los miles de empresas que han cambiado su sede social a otras comunidades y que no cuestan dinero como las que estamos comentando en este artículo, sino que lo aportan al erario.

No obstante, y para ser justos, tendríamos que reconocer que en otras comunidades, como la andaluza, la vasca o la navarra, también hay un número significativo de entidades de derecho público en relación con el número de habitantes de dichas comunidades. En cualquier caso, estamos hablando de unos costes significativos que merecería la pena analizar y auditar. Siempre se está hablando de fiscalizar la acción del gobierno, tanto del Estado como de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, pero no se habla de estas casi cinco mil entidades que, en una parte de los casos, están un poco en el limbo y que cuentan con una cantidad significativa de personal, cuya necesidad y utilidad deberían al menos ser evaluadas.

Obviamente, los políticos, habida cuenta de que esta situación afecta a todos los partidos, no van a asumir una iniciativa como esta y seguirán incrementando el número de empleados públicos (más de 500.000 adicionales en la legislatura de Pedro Sánchez), cueste lo que cueste a las arcas públicas y emitiendo toda la deuda pública que sea precisa para ello. La verdad es que si no fuera por lo triste de la situación, podríamos promover la realización de una película al estilo de los años ochenta que se llamara algo así como “Loca Academia de Funcionarios”. Seguro que se podrían hacer varias secuelas.

Pero, en fin, parece que estos temas no les resultan demasiado interesantes a los ciudadanos, que seguirán votando lo mismo en las sucesivas elecciones tanto generales como autonómicas y municipales, sin pedir explicaciones a los representantes elegidos sobre en qué se gastan los impuestos y tasas que, de forma creciente, les son entregados.