De la mochila austriaca a la mochila española o cómo solucionar el déficit público

Trimestre tras trimestre observamos cómo el agujero de la Seguridad Social no hace más que aumentar hasta el punto de que el déficit público se centra básicamente en los 55.000 millones de euros que tenemos de déficit entre las cotizaciones sociales y las prestaciones por los diferentes conceptos que componen las rúbricas de la Seguridad Social. De ellas, parece razonable que nos centremos en los conceptos que afecten a los distintos tipos de pensiones: jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y favor de familiares. Aún así, el agujero estaría en torno a los 25.000 millones anuales, y ello a pesar de las “medidas” que tomó el anterior ministro, hoy gobernador del Banco de España.

Para los no versados en las cuentas públicas, estas cifras podrían resultar incluso soportables, habida cuenta de que España ha sido durante diecisiete años el peor país de la Eurozona en términos de déficit público y el único en estar durante años incorporado al Protocolo de Déficit Excesivo, amén de que es de los pocos que ha tenido déficit primario (aquel en el que se excluyen los pagos por intereses de la deuda pública).

Pero como “España va como un cohete”, para qué preocuparse. La afirmación de que el sistema actual de reparto es sostenible por parte de los dogmáticos terraplanistas de la izquierda española debe creerse a pies juntillas, o estás cometiendo anatema contra la verdad “sanchista”. Y, sin embargo, sin necesidad de aportar ideología, los números nos dicen justo lo contrario.

En la actualidad, hay 6,6 millones de jubilados, bastantes más hombres que mujeres, habida cuenta de que en la España de Franco las mujeres cobraban la “dote franquista” (se mantuvo hasta los años ochenta) para dejar de trabajar y ser madres y amas de casa. Ello hace que la ratio de jubilados por habitante sea del 13,5%, cuando en Europa la media está en un 25%. A mediados de los años noventa, las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral y entre 1995 y 2005 hubo nuevas altas de cinco millones de mujeres que se jubilarán previsiblemente entre 2030 y 2040. Esas nuevas altas de jubiladas supondrán que los jubilados en el año 2040 serán entre 12 y 13 millones (en línea con el ratio europeo del 25%), que a una media de 1.500 euros mensuales de pensión, supondrían 120.000 millones de euros adicionales en euros constantes a añadir al déficit actual, es decir, unos 145.000 millones de euros, todo ello en euros constantes.

La recaudación actual por IRPF es de unos 133.000 millones de euros anuales, por lo que, dentro de quince años, el agujero de las pensiones se comería todo el IRPF y parte del IVA, siendo absolutamente imposible que se pudieran atender el resto de los gastos de los Presupuestos Generales del Estado. Esta situación se conocía hace veinte años y habría que haber tomado las medidas necesarias para que no se llegase hasta ese punto de casi no retorno en el que estamos, pero los políticos con decir “invocamos el Pacto de Toledo” lo tenían todo arreglado. 

Desde determinados foros tímidamente se sugiere que deberíamos poner en marcha la denominada “mochila austriaca”, utilizada en ese país para regular el mercado laboral, pero incluyendo además del tema de las pensiones, el de los subsidios de desempleo, lo cual obviamente provoca el rechazo inmediato de los sindicatos españoles, que no quieren que se les toquen los 33 días por año trabajado (y 45 para los años trabajados con carácter previo a 2012).

La “mochila austriaca” se instauró en Austria en el año 2003 y se centró en las indemnizaciones por despido. Para su cobertura, las empresas están obligadas a destinar una parte del salario bruto de los trabajadores a un fondo de inversión acumulativo individual a lo largo de toda su vida laboral. Si el trabajador es despedido, la empresa no paga la indemnización y el trabajador puede retirar el dinero que lleva acumulado en su fondo. Si es el trabajador el que decide abandonar la empresa para ir a trabajar a otra, se lleva consigo su “mochila” de dinero a la nueva empresa que será la que seguirá dotando su fondo hasta su jubilación, siendo esta “mochila” un complemento a la pensión que recibirá del sistema público. Además, si fallece el trabajador, esa “mochila” es suya y la pueden percibir sus herederos.

Es evidente que el modelo austriaco genera inseguridad en el empleo a las trabajadores, puesto que los empresarios pueden despedirlos sin coste; de ahí que los sindicatos españoles no quieran ni oír hablar de ello; y es entendible. Por eso, lo que tenemos que idear es una “mochila española” que sólo afecte a las pensiones de jubilación y no a las indemnizaciones por despido.

El modelo se basaría en que las empresas destinaran una parte del salario de sus trabajadores (entre el 2% y el 4%), que puede hacerse aprovechando alguna subida de convenio, para crear un fondo de inversión de capitalización, cuya gestora puede ser pública, aunque la gestión de los activos del fondo tendría que ser profesional. Este dinero se iría acumulando en la mochila del trabajador y siempre sería suyo, no pudiéndolo tocar, salvo situaciones especiales, hasta que se jubilase. Si fuera despedido, las indemnizaciones seguirían con el modelo actual, por lo que no se estaría en ningún momento lesionando los derechos de los trabajadores.

En paralelo, se modificaría el modelo de la Seguridad Social, pasando de un sistema de reparto a un sistema mixto, en el que se mantendría el sistema de reparto para una pensión básica, digamos 800 euros o 900 euros en euros constantes, que sí que saldría de los Presupuestos Generales del Estado, y que podría pagarse sin problemas, mientras que el resto de la pensión de jubilación saldría de las aportaciones a la “mochila” y de los rendimientos del fondo de capitalización en el que se van invirtiendo mensualmente las aportaciones. Tras treinta y cinco años de vigencia de este modelo, probablemente, las pensiones de jubilación serían un tercio la básica del sistema de reparto, un tercio las aportaciones realizadas por las empresas a la “mochila” y un tercio los rendimientos obtenidos por el fondo de capitalización con sus inversiones.

Evidentemente, hay un período de transitoriedad de treinta y cinco años, en el que es preciso adecuar lo que los trabajadores llevan ya cotizado con la pensión básica del sistema de reparto; es decir, si le iba a corresponder una pensión de 1.500 euros en euros constantes, y lleva veinte años cotizando, su pensión básica no sería de 800 euros sino de 1.200 euros aproximadamente, y así sucesivamente. Por supuesto, las nuevas incorporaciones al mercado laboral empezarían desde cero y sabrían que su pensión básica iba a ser de 800 euros. 

Con el modelo anterior, en el año 2040, en vez de producirse la explosión de las cuentas públicas y la intervención de los “hombres de negro”, probablemente habríamos atenuado el problema del agujero de la Seguridad Social y, explicándolo adecuadamente en Bruselas, se conseguiría la oportuna cadencia hasta llegar a completar el proceso de transición desde el modelo de reparto a este modelo mixto.

Si, además, se establece una negociación entre el Gobierno y las patronales, se podría realizar un trasvase de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, disminuyéndolas a cambio de que se haga una dotación inicial de las “mochilas” de los trabajadores, con un compromiso de que, en un plazo de diez años, el actual porcentaje de contribución pase del 75% al 53% que es la media de los países europeos, y constituye una queja permanente de los empresarios; y con razón.

Pero estén tranquilos, empresarios, trabajadores y sindicatos, que, con el gobierno actual, todo seguirá igual, a la espera de que llegue el “big bang” la próxima década y nos ocurra como a Grecia, cuando la primera medida que tomó la Troika fue rebajar las pensiones de los griegos en un 30%. Así que no me hagan caso porque, como nos dicen nuestros próceres, el sistema es “sostenible”.