Una catedrática avisa: “Estamos perdiendo servicios públicos por falta de viviendas”

La catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena Casas, asegura que hay funcionarios rechazando sus plazas por el precio de la vivienda
La catedrática de Derecho Civil, Matilde Cuenca Casas
La catedrática de Derecho Civil, Matilde Cuenca Casas Tribuna UCM

El déficit de vivienda es un problema económico, habitacional y, ahora, también social. La catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena Casas, ha avisado: “Hay personas que han aprobado oposiciones que han tenido que rechazar su plaza por la escasa oferta y los altos precios de la vivienda. Esto nos está haciendo perder servicios públicos que necesitamos”.

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Como muestra, Cuena ha puesto un claro ejemplo de las Islas Baleares: “En Ibiza faltan médicos y seguirán faltando porque no hay sitio para vivir. Esta es la ilustración perfecta de que no solo afecta a la clase baja: personas con empleos estables y cualificados no pueden acceder a una casa en las ciudades donde trabajan. La situación es extremadamente preocupante”.

En esta línea, la catedrática ha recalcado durante unas jornadas organizadas en la Universidad Complutense de Madrid, centradas en el déficit habitacional europeo, que la situación crítica que esto genera afectará directamente a la economía de nuestro país: “Tiene un peso brutal. La gente no puede vivir donde estudia o trabaja”.

Durante su intervención, Cuena también ha criticado el Real decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler y limitar la actualización de las rentas que recientemente tumbó el Congreso de los Diputados. “Intervenir el mercado, limitar los precios del alquiler y alterar el marco jurídico solo genera inseguridad en los propietarios y, por lo tanto, tener una menor oferta”.

Asimismo, la experta ha afirmado que el problema de inseguridad jurídica “no es europeo, es nacional. Estamos en una continua campaña electoral y la vivienda mueve muchos votos. Lo que tienen que hacer los dos grandes partidos del país es llegar a un acuerdo y centrarse en el problema.”

Por último, Matilde ha simplificado este anuncio de una forma didáctica: “Si construimos 100.000 viviendas al año y se crean más de 150.000 hogares los números no dan. Son simples matemáticas. El problema es de oferta y ya nadie lo puede negar.

Europa necesita 150.000 millones al año para solventar el déficit de oferta

Durante esta jornada ha participado la directora General de Energía del Grupo de Trabajo para la Vivienda Asequible de la Comisión Europea, Tatiana Marqués Uriarte, que ha puesto sobre la mesa una cifra demoledora: 150.000 millones de euros. Esa es la cantidad que se necesita invertir en el continente europeo cada año para alcanzar un nivel de construcción adecuado ante las necesidades actuales.

Según Marqués, en Europa se construyen 1,6 millones de casas cada año, volumen que debería aumentar en 600.000 unidades para dar una respuesta acorde a la situación actual. Asimismo, la directiva europea ha cifrado el número de personas sin hogar en el continente en un millón de personas. Un récord que pone de manifiesto el problema estructural.

El problema actual comenzó hace más de 10 años

Por su parte, el profesor de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda en la Universidad Rovira i Virgili, Héctor Simón, ha recalcado durante su intervención: “El problema actual de vivienda no es ahora, comenzó hace más de 10 años. Tras la crisis inmobiliaria, los políticos decidieron no construir más viviendas asequibles porque había oferta y no nacían hijos. Sin embargo, la inmigración ha aumentado de manera exponencial”.

Simón también ha hablado sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda: “Las cifras son elevadas y la inversión es muy alta, pero carece de medidas estructurales. Falta atajar la inseguridad jurídica y ofrecer más transparencia”.

Por último, Héctor ha concluido con una frase contundente: “Hay que asegurar el derecho a la vivienda, un derecho fundamental, sin afectar directamente a los propietarios. Esta obligación debe recaer sobre el Estado.

Hogares más pequeños y ayudas con sentido

Otro de los participantes destacados ha sido el sociólogo y experto en evaluación de políticas públicas, Jorge Galindo, que ha destacado dos aspectos principales.

En primer lugar, cabe recalcar que la “demografía ha aumentado pese al descenso de la natalidad, esto se debe a un incremento de la población. Sin embargo, esta nueva sociedad la conforman hogares más pequeños, por lo que tenemos que construir casas más pequeñas acordes a la demanda”.

Por último, el sociólogo ha recalcado que las ayudas al alquiler deben hacerse con sentido: “Cualquier política pública que incentive o estimule la demanda sin antes flexibilizar la oferta se convertirá en un aumento de precios, es decir, las ayudas económicas dirigidas a los inquilinos acabarán recayendo en manos de los propietarios.

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