El Govern de las Islas Baleares ha aprobado una reducción del 60% en las sanciones por alquiler turístico ilegal para los propietarios que cedan su vivienda al programa Lloguer Segur y la pongan a disposición del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) para que estas se alquilen a precios asequibles durante un mínimo de siete años.
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Para acogerse a la rebaja, el titular del inmueble debe reconocer su responsabilidad durante la tramitación del expediente sancionador y ceder la vivienda al programa público. A cambio, podrá percibir durante esos siete años la renta máxima fijada, aunque sin recibir la bonificación del 30% que habitualmente cubre el Ejecutivo balear.
El Govern establece un precio máximo de 1.500 euros mensuales para el propietario, siendo el inquilino quien abona 1.050 euros y la administración autonómica la diferencia. En el caso de los pisos expedientados por alquiler turístico ilegal, el propietario solo recibirá el pago del arrendatario.
Esta vía es menos ventajosa que la ya se contemplada hasta el momento, que permitía una reducción de hasta el 80% de la multa si cedían la vivienda durante cinco años, aunque en este caso no se percibía ninguna renta.
Un programa con resultados por debajo de lo previsto
La ampliación del abanico de viviendas responde al escaso impacto del programa desde su lanzamiento. Frente a los 2.000 pisos anunciados en su presentación, a mediados de mayo solo se habían incorporado 82 inmuebles.
Ante ello, el Ejecutivo de Marga Prohens ha aprobado sucesivas modificaciones: la posibilidad de incorporar viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad si el propietario acomete las reformas necesarias, con un anticipo público de hasta 50.000 euros que se descuenta posteriormente del alquiler; la inclusión de pisos en situación de ocupación ilegal o con desahucio por impago, eximiéndoles del requisito de haber estado vacíos al menos seis meses; y la incorporación de inmuebles en manos de grandes tenedores.
Desde la conselleria subrayan que el objetivo de todas estas medidas es trasladar viviendas que hasta ahora se destinaban al alquiler vacacional al mercado residencial de larga duración para cubrir la demanda de los residentes.
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