La Generalitat de Catalunya ya ha adjudicado el primer gran concurso de suelo público para impulsar vivienda protegida de alquiler. La promotora Corp y la alianza formada por Visoren y Copisa serán las encargadas de desarrollar las primeras 1.940 viviendas del plan con el que el Govern pretende incorporar 50.000 pisos asequibles al parque residencial catalán hasta 2030. La actuación se desarrollará sobre 37 solares distribuidos en 23 municipios y supone el primer gran paso para materializar uno de los principales compromisos del Ejecutivo de Salvador Illa en materia de vivienda.
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La licitación, impulsada por la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha despertado un notable interés entre el sector promotor. Ocho empresas presentaron ofertas para hacerse con alguno de los cuatro grandes lotes en los que se dividió el concurso y tres de ellas optaron a la totalidad de la actuación, lo que refleja el atractivo que ha despertado esta nueva fórmula de colaboración público-privada.
Finalmente, los cuatro lotes se repartirán entre dos adjudicatarios. Corp, a través de su filial Landetic y con el respaldo financiero de Scranton Enterprises, desarrollará dos de los paquetes. Los otros dos corresponderán a la unión temporal de empresas formada por Visoren y Copisa, que también resultó una de las mejor valoradas durante el proceso de adjudicación.
Viviendas repartidas por 23 municipios
Las promociones se construirán sobre 37 parcelas públicas repartidas en 23 municipios catalanes. En el caso de Corp, las actuaciones se localizarán, entre otros, en Sant Adrià de Besòs, Terrassa, Esplugues de Llobregat, Abrera, Santa Perpètua de Mogoda, Tàrrega, la Seu d'Urgell y Torelló. Por su parte, Visoren y Copisa desarrollarán promociones en Tarragona, Cambrils, Girona, Figueres, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès y Sant Celoni, entre otras localidades.
El objetivo de todas ellas será incrementar el parque de vivienda protegida destinada al alquiler asequible, uno de los grandes déficits del mercado residencial catalán y español.
Una de las principales novedades de esta convocatoria es el sistema elegido para desarrollar las promociones. La Generalitat mantiene la propiedad del suelo y cede a los promotores un derecho de superficie durante 75 años para construir, mantener y gestionar las viviendas protegidas. Una vez finalizado ese plazo, tanto los edificios como los terrenos revertirán a la administración pública.
Con este modelo, el Govern busca atraer inversión privada para acelerar la construcción de vivienda protegida sin renunciar a incrementar de forma permanente el parque público. Se trata de un mecanismo que la Generalitat ha definido como pionero en España y que pretende movilizar suelo municipal que, en muchos casos, llevaba años sin desarrollarse.
El primer paso del plan de las 50.000 viviendas
La adjudicación supone el inicio efectivo del plan con el que el Ejecutivo catalán pretende promover 50.000 viviendas protegidas hasta 2030. La estrategia combina distintas vías de actuación, entre ellas la movilización de suelo público, la colaboración con los ayuntamientos, la participación de promotores privados y nuevas líneas de financiación para facilitar el desarrollo de promociones de alquiler asequible.
Tras este primer concurso, la Generalitat ya ha puesto en marcha una segunda convocatoria dirigida a parcelas de menor tamaño. En este caso, el objetivo es construir otras 783 viviendas protegidas sobre 59 solares repartidos en 40 municipios, con un procedimiento pensado para facilitar la participación de promotores locales y cooperativas.
Con ambas iniciativas, el Govern pretende acelerar la producción de vivienda asequible y aumentar una oferta que considera insuficiente para responder al fuerte incremento de la demanda registrado en los últimos años.
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