La firma de inversión cree que los pesos pesados del negocio promotor tienen recorrido para subir en bolsa. A pesar de que todo el mercado inmobiliario está sufriendo los efectos de la incertidumbre y las subidas de los tipos de interés, Renta 4 que la obra nueva va a sufrir un mejor ajuste que la vivienda usada, el bajo endeudamiento de las compañías, las buenas cifras de preventas de inmuebles o la elevada rentabilidad por dividendo que ofrecen a sus accionistas. Metrovacesa e Insur son las que cuentan con más potencial al alza.

El departamento de análisis de la entidad ha actualizado sus previsiones inmobiliarias, en las que anticipa un euríbor alto durante al menos tres años y un ajuste en el mercado de la vivienda tanto en términos de ventas como de precios. Según Bankinter, el euríbor terminará el año cerca del 4,1% y no bajará del 3% en los dos siguientes ejercicios. Además, vaticina una bajada de las transacciones del 13% en 2023 y del 5% en 2024 y una corrección del precio de los inmuebles del 5% este bienio. También adelanta ajustes en otros países como EEUU y Portugal.

El CEO de una de las promotoras más importantes del país carga contra la excesiva burocracia, la falta de seguridad jurídica y la escasez de suelo que arrastra España que no solo lastran el negocio promotor, sino que también impiden que se desarrollen más viviendas en España. Según David Martínez, primer ejecutivo de Aedas, la estructura jurídica actual "estrangula el mercado" y lastra las nuevas inversiones para convertir suelos urbanizables en finalistas.

La vivienda y los suministros cada vez suponen un gasto mayor para las familias en España. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE, en 2022 cada hogar destinó de media 10.243 euros a pagar la hipoteca o el alquiler de su casa y las facturas de la luz, el gas, el agua y otros combustibles, un 3,5% más que un año antes y la cifra más alta de la serie histórica que arrancó en 2006. Su peso sobre el gasto total se quedó en el 32,4%. Los residentes en Madrid, Baleares y el País Vasco son los que destinan más presupuesto, mientras que Extremadura cierra el ranking nacional.

Francis Fernández, CEO de la Spanish International Realty Alliance (SIRA), repasa en esta entrevista cómo está el mercado de la vivienda, por qué no espera que haya caídas de precios y qué opina sobre la Ley de Vivienda y las últimas medidas que ha anunciado el Gobierno. Según Fernández, las políticas recientes tienen un sesgo ideológico al dejar de lado la propiedad y priorizando el alquiler, a pesar de que defiende que la mayoría de la población prefiere comprar que arrendar. También critica la permisividad contra la okupación ilegal e insiste en que el sector inmobiliario necesita crecer y reforzar su liderazgo.

Los hogares se han lanzado a renegociar las condiciones de sus préstamos hipotecarios ante el varapalo que ha provocado la subida del euríbor en sus gastos mensuales. Tanto es así que las operaciones se han triplicado en apenas 12 meses: en el primer trimestre han alcanzado 1.361 millones de euros, frente a los 456 millones del año pasado, mientras que en los cuatro primeros meses del año ya se han renegociado más hipotecas que en todo 2019 según los datos del Banco de España. Dicho importe representa casi el 8% de las nuevas operaciones, máximos anuales desde 2016.

El vicepresidente de Testa Home y responsable de desarrollo de la socimi Merlin Properties ha repasado durante unas jornadas inmobiliarias organizadas por ESADE los principales 'peros' de la nueva Ley de Vivienda. Miguel Oñate ha criticado el intervencionismo del texto, su visión cortoplacista y la falta de apoyo a su contenido desde el sector inmobiliario, el mundo académico y los partidos políticos de la oposición. También ha alertado de su efecto "triturador" sobre la oferta de viviendas de alquiler.

Josep Oliver, catedrático emérito de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, se muestra contrario a la medida estrella de la nueva Ley de Vivienda: el tope a las rentas. En su opinión, limitar los precios no facilita el acceso a la vivienda ni ataja el problema que existe de raíz: los bajos ingresos de los hogares y la falta de oferta. Oliver recuerda que los ciudadanos que ganan hasta 1.500 euros al mes deben destinar entre el 35% y el 55% de su salario al pago del alquiler, por encima del límite recomendado, y que su situación no mejorará con unas rentas topadas. La clave está en generar más viviendas vía colaboración público-privada.

Con el paso de los años está aumentando el tiempo que deben esperar los propietarios en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de las viviendas. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes o de los 4,9 meses de 2018. Si sumamos lo que tardan las apelaciones en las Audiencias Provinciales, el plazo total se amplía hasta 20,5 meses, aunque Andalucía, Baleares, Canarias o Castilla y León se acercan a dos años. Los expertos piden cambios normativos para acelerar la recuperación de los inmuebles.

El Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido previsiones y ha anunciado una nueva subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta situar el precio del dinero en el 4%, máximos desde verano de 2008. Los expertos dan por hecho que este repunte, el octavo consecutivo, no será el último, por lo que el euríbor a 12 meses podría subir más en los próximos meses, lo que seguirá dificultando el acceso a una hipoteca a los consumidores con menor poder adquisitivo e impulsará más renegociaciones de los préstamos variables ya en vigor. También esperan más amortizaciones por parte de los hogares para ahorrar intereses y que los bancos mantengan una política agresiva a tipo mixto y compensar así la caída del saldo hipotecario.