El supervisor financiero ha actualizado sus previsiones macroeconómicas y calcula que el PIB no volverá a niveles precovid hasta mediados de 2023 en el escenario central. Para este año, prevé un desplome de la actividad de entre el 10,7% y el 11,6%, mientras que el rebote económico de 2021 estará entre el 4,2% y el 8,6%, en función de cómo avance la pandemia del coronavirus. En el caso del paro, la recuperación no será plena hasta 2024.

El Gobierno y el ICO han cerrado un acuerdo para ampliar hasta el plazo para solicitar los préstamos del ICO para pagar el alquiler hasta el 31 de mayo de 2021. Según consta en el BOE, tras esta segunda ampliación, abren la puerta a prorrogar las ayudas hasta finales de agosto. Repasamos en qué consisten estas ayudas que se activaron en primavera para ayudar a los inquilinos vulnerables en plena crisis sanitaria.

El sector hotelero busca alternativas para conseguir ingresos en pleno desplome del turismo por la crisis sanitaria. Muchos están habilitando espacios para ‘coworking’ mientras que otros ofrecen habitaciones de alquiler por un plazo mínimo de un mes. Desde Barcelona a Málaga y A Coruña, pasando por Madrid, Valencia o Castellón, en idealista encontramos anuncios de habitaciones por precios desde 400 euros, y con posibilidad de contratar servicios extra como desayuno, aparcamiento o media pensión. Entre ellos hay famosas cadenas, céntricos hoteles boutique y pequeños hostales.

La banca enfila los últimos meses del año en un clima muy competitivo en materia hipotecaria. Hasta cinco entidades ofrecen préstamos variables para la compra de vivienda con un diferencial inferior al 1% y pocas comisiones: solo dos de ellas penalizan al cliente por la amortización total. Ahora bien, establecen un interés más alto durante el primer año de la hipoteca y es necesario domiciliar la nómina y contratar al menos un seguro para poder beneficiarse de las condiciones más atractivas. Repasamos las principales características de cada una de las ofertas.

La filial especializada en inversiones inmobiliarias de la gestora francesa Natixis repasa en un informe los cambios que se avecinan en materia social y económica en los próximos años y que, en su opinión, están llamados a fijar el rumbo del sector inmobiliario global. Por ejemplo, destaca que, en 2025, el 75% de los trabajadores europeos serán ‘millennials’, lo que afectará al tipo de vivienda que demanden y a las características de los espacios de trabajo. Según AEW, la evolución demográfica, la disrupción tecnológica y la urbanización influirán más que el coronavirus.

Cataluña se convierte otra vez en el centro del debate inmobiliario. Si hace dos semanas la Generalitat anunció un decreto que obliga a los propietarios de locales comerciales a la reducción del alquiler hasta el 50% si la actividad está suspendida, ahora ha prohibido los desalojos de inquilinos vulnerables que residdan en inmuebles de grandes tenedores de vivienda. Los expertos consultados por idealista/news avalan paralizar los desahucios, pero piden responsabilidad a la Generalitat y alertan de un caos normativo y grandes niveles de inseguridad jurídica.

El Diario oficial de la Generalitat de Cataluña publicó la semana pasada el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. Una norma que, según consultores y abogados expertos en derecho inmobiliario, perjudica de lleno al sector. En su opinión, este decreto de ley es “intrusivo”, “populista” y un “grave atentado” contra la inversión.

Las cuentas públicas que ha diseñado el Gobierno y que ya han iniciado el proceso parlamentario incluyen una dotación para la vivienda de 2.253 millones de euros, lo que supone una subida de casi el 370% respecto al Presupuesto base de 2020. Esta subida se produce gracias a que la vivienda será la sexta área económica que reciba más fondos europeos: en concreto, contará con 1.652 millones comunitarios, el 6,2% del total, más otros 602 millones adicionales. La dotación total duplica a la destinada en 2007 y 2008, aunque apenas supone un 0,5% del gasto total.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que en los últimos años se ha reducido con fuerza el número de arrendamientos sumergidos en España gracias, entre otros factores, a la obligación de los propietarios de incluir el NIF de su inquilino en la declaración de la renta, a las comprobaciones que realiza la Agencia Tributaria o a la información de consumo que proporcionan las eléctricas. A pesar de ello, el 40,8% de los arrendamientos se paga en negro, lo que se traduce en 1,28 millones. No obstante, Gestha cree que la crisis del coronavirus reducirá los fraudes tanto en el alquiler como en las compraventas de viviendas.

El Proyecto de Ley contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno incluye una modificación a la hora de valorar los inmuebles que afecta a impuestos como Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones. Cuando entre en vigor, dichos tributos se aplicarán sobre el valor de referencia que determine el Catastro. Los expertos valoran el intento de reducir la litigiosidad, pero tienen dudas sobre su puesta en marcha. Avisan del impacto en los grandes patrimonios y de que el contribuyente será el encargado de reclamar posibles errores.