Los conflictos vecinales por ruidos y mascotas vuelven a los tribunales. En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Ourense ha dado la razón a una comunidad de propietarios que llevaba meses denunciando ladridos constantes y malos olores procedentes de una vivienda donde dos perros y dos gatos permanecían a solas la mayor parte del tiempo. La sentencia describe cómo la situación había superado los límites normales de convivencia, acordando el cese del uso de este inmueble para dicho fin, al entender acreditada la persistencia de las molestias denunciadas.

No basta con recurrir a fórmulas genéricas cuando un propietario trata de evitar que se prorrogue el contrato de alquiler. Es lo que ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid al revocar el desahucio de un inquilino. La sentencia analiza un conflicto relativamente frecuente: la recuperación anticipada de la vivienda al amparo del artículo 9.3 de la LAU, una excepción que permite al arrendador (siempre que sea persona física) evitar la prórroga obligatoria del contrato si necesita la vivienda para destinarla a residencia habitual propia o de determinados familiares. No basta con alegar ‘motivos personales’ en el burofax.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia vuelve a aclarar una cuestión que aún genera dudas entre compradores de vivienda: en el ITP, la base imponible viene determinada por el mayor valor entre el declarado y el de referencia del Catastro, lo que implica que este último se imponga incluso en subastas cuando es superior al precio de adjudicación. Así, aunque el inmueble se adquiera a buen precio a través de una subasta, el impuesto se calculará sobre una base que puede no coincidir, elevando el coste real de la compra.

Guardar bicicletas o cajas en el garaje es una práctica cada vez más habitual. La falta de espacio ha llevado a numerosos propietarios a utilizar parte de su plaza con fines de almacenamiento. Y la pregunta es inevitable: ¿puede prohibirlo la comunidad? Una sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa declara que la mera presencia de bicicletas u otros enseres no basta para acreditar una infracción cuando no se demuestra un perjuicio objetivo. Desestima la demanda y avala que los propietarios sigan utilizando sus plazas como lo venían haciendo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado claro en una sentencia que no todo conflicto entre casero e inquilino es acoso inmobiliario, anulando una importante sanción económica impuesta a unos propietarios y fijando una idea clave: el mal estado de una vivienda o los retrasos en reparaciones no bastan, por sí solos, para hablar de esta infracción. Así, uno de los mensajes más contundentes de la sentencia es que un casero puede ser negligente con sus obligaciones de mantenimiento de la casa, pero eso no lo convierte en un acosador.

La empresa que gestionó un bar durante una década en Córdoba tendrá que ser indemnizada tras la finalización de su contrato de alquiler. El Tribunal Supremo consolida su doctrina y confirma que el arrendatario puede reclamar la indemnización por clientela prevista en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) cuando el propietario del local decide no renovar el contrato. La sentencia obliga al arrendador a pagar más de 15.000 euros, fijando un criterio según el cual los negocios de hostelería también generan un flujo de clientes cuyo valor económico es protegido por la ley.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los debates más sensibles en materia de vivienda: qué ocurre cuando finaliza un contrato de alquiler y el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. En una sentencia dictada el pasado 6 de marzo, el tribunal deja claro que la extinción del contrato permite acordar el desahucio incluso en situaciones de vulnerabilidad. La sentencia recuerda así que la vulnerabilidad puede justificar medidas temporales de protección, pero no impedir por sí sola que el juez declare extinguido el contrato y acuerde el desahucio cuando el arrendamiento ha expirado válidamente.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha puesto negro sobre blanco una duda muy habitual: qué ocurre con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) cuando una herencia queda yacente. La respuesta llega a través de una consulta vinculante con implicaciones relevantes para quienes retrasan la aceptación por falta de liquidez. El criterio no solo aclara si hay que presentar el impuesto en estos casos, sino que también ayuda a entender cómo encajan tres piezas clave: el devengo, la aceptación y las consecuencias de declarar fuera de plazo.

¿Qué ocurre cuando un edificio funciona como si fueran varias comunidades de propietarios pero legalmente no lo son? La Audiencia Provincial de Navarra ha dado respuesta en una sentencia del 18 de marzo: los acuerdos adoptados en esas circunstancias pueden ser nulos. El caso parte de una situación muy habitual, especialmente en bloques de viviendas con varios portales. Durante años, en un edificio cada acceso actuaba por su cuenta, se celebraban juntas separadas, se aprobaban cuotas distintas y se gestionaban gastos de forma independiente. El conflicto arrancó cuando uno de los portales convocó una junta.

El Tribunal Supremo vuelve a poner límites a la desheredación por falta de relación familiar, una cuestión cada vez más frecuente en los conflictos hereditarios. En una sentencia, dictada el pasado 7 de abril, deja claro que el distanciamiento entre padres e hijos, por sí solo, no basta para privarles de su derecho a la legítima. Según el alto tribunal, es necesario analizar si ese alejamiento constituye un verdadero maltrato psicológico imputable al heredero o responde a una dinámica familiar más compleja. Por tanto, es preciso acreditar una conducta grave, continuada e injustificada, imputable exclusivamente al heredero, que además haya generado un perjuicio psicológico real en el causante.