El Tribunal Supremo vuelve a marcar el terreno de juego en una cuestión clave para el mercado inmobiliario: quién puede reclamar al banco la devolución de las cantidades entregadas a cuenta cuando una promoción no llega a construirse. En una sentencia concluye que no basta con comprar una vivienda sobre plano para activar el régimen de protección de las cantidades anticipadas si la operación respondía a una finalidad inversora y no a un fin residencial. El caso gira en torno a una promoción fallida en Campos del Río (Murcia). Tras la insolvencia de la promotora, los compradores dirigieron sus reclamaciones a Caixabank, en su condición de avalista de la promoción.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios: el uso turístico de las viviendas. En su sentencia respalda el cese de la actividad cuando los estatutos contienen una prohibición expresa de destinar los inmuebles a hospedería. No obstante, la sentencia no significa que cualquier comunidad pueda impedir de forma automática el alquiler turístico. El Tribunal Supremo recuerda que estas limitaciones deben constar de forma expresa en los estatutos. La mera descripción del edificio como residencial no basta, por sí sola, para prohibir esta actividad.

Cambiar un cerramiento de pavés por una ventana puede parecer una reforma menor, pero cuando esa modificación afecta a la relación entre dos fincas colindantes, las consecuencias pueden acabar resolviéndose en los tribunales. Es precisamente lo que ocurrió en un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado la razón a una comunidad después de que varios vecinos sustituyeran esos elementos por ventanas practicables en el muro que delimitaba ambas propiedades.

¿Puede una comunidad obligar a retirar un jacuzzi instalado en la terraza de una vivienda? La cuestión no es menor, pues cada vez es más frecuente incorporar elementos de este tipo, piscinas desmontables o espacios de ocio privados, especialmente en inmuebles situados en áreas donde el clima acompaña. La respuesta a esta cuestión dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, pero la Audiencia Provincial de Málaga ha recordado en una sentencia de este año que no basta con alegar posibles riesgos o molestias. En el caso resuelto, el jacuzzi estaba en una terraza privativa, con lo que no requería autorización.

¿Puede obligarse a una familia a abandonar el piso en el que vive desde hace más de una década únicamente porque ha cambiado el propietario? La respuesta, como suele ocurrir, depende de varios factores. Entre ellos, la fecha del contrato, la normativa aplicable en ese momento y, en algunos casos, su inscripción registral. Estas cuestiones han sido analizadas por la Audiencia Provincial de Madrid en una reciente sentencia donde concluye que el contrato firmado en 2013 no era oponible al no estar inscrito en el Registro de la Propiedad.

Intentar recuperar una vivienda en alquiler antes de tiempo puede tener consecuencias muy relevantes cuando no se respetan los requisitos que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que rechaza un desahucio por finalización de contrato al entender que el alquiler seguía dentro del periodo de prórroga obligatoria.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona vuelve a poner el foco en un aspecto clave: no basta con que el aparato de aire acondicionado esté permitido, también debe respetar los límites de la convivencia, en especial la prohibición de causar molestias a otros vecinos. El caso parte de una comunidad que decidió actuar frente a la instalación de una unidad exterior situada en la parte baja de una terraza. El problema no era el aire acondicionado en sí, sino su efecto: expulsaba aire caliente hacia la terraza colindante.

La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a pronunciarse sobre una cuestión muy habitual: qué ocurre cuando un contrato de alquiler social finaliza y el inquilino permanece en la vivienda. En una sentencia de junio de 2025, el tribunal analiza un supuesto en el que la arrendataria seguía ocupando el inmueble alegando la existencia de un acuerdo verbal y su derecho a un nuevo alquiler de estas características. El envió de un burofax comunicando la negativa a renovar el contrato fue clave para no prorrogar el alquiler.

Irse de un piso de alquiler antes de tiempo puede salir caro. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a unos inquilinos a pagar una importante suma a sus arrendadores por abandonar el inmueble apenas tres meses después de firmar el contrato. La sentencia recuerda algo que muchos pasan por alto: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no permite al arrendatario desistir del contrato de cualquier manera. Cuando decide abandonar la vivienda antes de los seis primeros meses, el propietario puede reclamar los perjuicios económicos derivados de esa salida anticipada.

Pagar el alquiler durante años y continuar en la vivienda no significa necesariamente que el contrato siga protegido por las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Girona en una sentencia que da la razón a una arrendadora que reclamaba recuperar su piso tras finalizar el contrato. La resolución concluye que el alquiler ya había agotado sus prórrogas legales y que la relación entre las partes se encontraba en situación de tácita reconducción. En consecuencia, bastaba con comunicar la voluntad de no renovar.