Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio un tirón de orejas a España por no querer indemnizar a los particulares que reclamaban responsabilidad patrimonial al Estado basándose en normativas de 2015 que van en contra de las leyes comunitarias. Ahora el Gobierno está trabajando sobre una reforma de dichas leyes, pero de mínimos y que no soluciona gran parte de los problemas con los que se enfrenta el contribuyente a la hora de exigir la responsabilidad patrimonial al Estado.

¿Quién paga las reparaciones en un piso de alquiler? Es una de las principales dudas que surgen entre propietarios e inquilinos. En principio y como norma general, el arrendador es quien debe hacerse cargo del pago de aquellos arreglos necesarios para que la vivienda sea habitable (según la LAU). Pero suele haber desperfectos imputables al arrendatario. Un Juzgado de Pamplona ha condenado a dos inquilinos a abonar 4.433 euros al dueño de una vivienda por los costes de reparación y limpieza encaminados a dejar el inmueble en buen estado tras finalizar el contrato de alquiler.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recuso para analizar si las casas móviles requieren de una licencia urbanística para su instalación. En concreto, el recurso fue presentado por un camping de Tarragona contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) que defendió que el ayuntamiento de la ciudad denegara la instalación de casas móviles (conocidas como ‘mobile homes’) en el camping al considerar que se trataba de uso de suelo y, por tanto, que estaba sujeto a licencia urbanística previa. Ahora el alto tribunal debe aclarar la naturaleza de este tipo de soluciones habitacionales y si la licencia de actividad de camping ampara la instalación de estas casas.

El Tribunal Supremo ha inclinado la balanza a favor de los divorciados o separados obligados a dejar su casa por decisión judicial. Estima que sí pueden aplicarse la exención por reinversión en vivienda habitual del IRPF, aunque hayan pasado más de dos años desde que tuvieron que dejar de vivir en dicha vivienda. Ahora, los contribuyentes afectados pueden solicitar la rectificación de autoliquidaciones presentadas y así recuperar lo indebidamente pagado a Hacienda.

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa resolver si tienen derecho a disfrutar de la deducción por compra de vivienda habitual aquellos contribuyentes que adquirieron una casa antes del 1 de enero de 2013 (fecha a partir de la cual desaparece esta deducción fiscal) y que no aplicaron esta deducción en el IRPF por no conocer tal derecho o por considerar que no les correspondía. Ahora el alto tribunal da esperanzas a muchos contribuyentes que se encuentran en esta situación.

Cristina Arias es desde 2021 la directora del servicio de estudios de Tinsa. Con experiencia en sectores como el financiero, petroquímico o de consumo, explica a idealista/news que este año no esperan que haya un desplome en el mercado residencial, ya que las cifras de empleo están resistiendo, lo que otorga estabilidad y solvencia a los hogares. Sí prevén una menor actividad en la compraventa de viviendas sin que esto suponga caídas en los precios nominales. En su opinión, este año las subidas de tipos ya se trasladarán al coste de las hipotecas, serán más caras.

El 30 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo dio vía libre a los contribuyentes que habían pagado la plusvalía municipal en virtud de pacto o contrato, a pesar de no ser el sujeto pasivo de este impuesto, a recuperar lo pagado indebidamente mediante la impugnación de la liquidación emitida por el Ayuntamiento correspondiente. Ahora, el alto tribunal permite también recuperar este tributo a quienes quieran rectificar la autoliquidación presentada en su día por el sujeto pasivo, que normalmente es el que vende el inmueble.

Con la Campaña de la Renta ya arrancada, son muchos los contribuyentes que siguen disfrutando de la deducción por compra de vivienda habitual, pese a su supresión desde el 1 de enero de 2013, es decir, hace ya 10 años. Sin embargo, hay varios supuestos que pueden poner en peligro la aplicación de este beneficio fiscal en el IRPF, como el divorcio o la refinanciación de una hipoteca. En caso de una novación o subrogación es posible seguir disfrutando de esta deducción fiscal.

En enero de 2021 el Tribunal Supremo obligó a las Administraciones tributarias de las CCAA a que en caso de una comprobación del valor de una casa a efectos del ITP o el Impuesto de Sucesiones, enviaran a un perito a valorar la casa: no sólo para ver el estado de conservación, sino también las calidades y hacer una auténtica pericial. Sin embargo, las CCAA se siguen saltando a la torera la sentencia del alto tribunal. Ahora una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña ha anulado una comprobación de valores en que la que no se realizó la visita del perito, pese a que ésta se ofreció al contribuyente.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid y por la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la suspensión cautelar de esta norma impugnada a petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ambas CCAA estiman que este tributo vulnera varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el de capacidad económica y no confiscatoriedad.