La crisis del covid-19 ha revolucionado la economía y, en concreto, el mercado inmobiliario. Pese a que el número de operaciones de compraventas de inmuebles y el precio de la vivienda van a bajar a lo largo de este año, se pueden sacar también lecturas positivas. Muchos profesionales han aprovechado esta pandemia para adaptar su modelo de negocio a las nuevas tecnologías, como las visitas virtuales o los contratos digitales.

A pocas semanas de la apertura de las piscinas comunitarias en gran parte de España, se ha abierto un debate sobre si deben acogerse a las normativas del Ministerio de Sanidad para mitigar el covid-19. Los administradores de fincas insisten en que la apertura de las piscinas está prevista en la Fase 2, pero la mayoría de las piscinas no cumplen todas las obligaciones impuestas por el Ministerio de Sanidad para su reapertura. Sin embargo, hay abogados que señalan que la normativa por el covid-19 aplica sólo a las piscinas públicas y las comunitarias son un espacio privado.

El Tribunal Supremo ha decidido declarar que no es posible recuperar lo pagado de más por la plusvalía municipal mediante una liquidación que no se recurrió en su momento, tanto si se vendió un inmueble en pérdidas o con ganancias. Es decir, ha decidido que no se pueden recurrir las liquidaciones firmes de plusvalía si la nulidad se basa en la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

La crisis del covid-19 ha impactado como un meteorito en el sector inmobiliario y en la economía española en general. Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España, asegura que el “ladrillo” sigue en estado de shock y todavía es difícil sacar conclusiones, aunque ya vaticina que la crisis va a durar entre cuatro y cinco años. Pero lo que sí tiene claro es que los locales de calle dejarán de ser los activos refugio por excelencia para que lo sea la vivienda en alquiler, que saldrá reforzado en cuanto a demanda.

El Plan de Transición hacia una nueva normalidad tras el covid-19 que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez contempla la desescalada del confinamiento y la reactivación económica con un ritmo diferente en cada provincia e isla, en función de la situación sanitaria. Así, desde varias portavocías del sector inmobiliario se señala que la apertura de locales y establecimientos comerciales con cita previa y atención individualizada será el 4 de mayo y de manera generalizada, el 11 de mayo.

El impacto de la crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19 en el mercado residencial ha sido directo: hoy por hoy el precio de la vivienda está congelado y están paradas la mayoría de las compraventas. Algunos expertos aseguran que ahora es un buen momento de análisis y reflexión para los compradores sobre la vivienda que se quiere. Otros aconsejan esperar a que se defina el ajuste en el sector para vender o comprar.

Joan Clos encabeza la primera asociación que agrupa tanto a grandes propietarios, como a arrendadores particulares en España.

Casi un mes después de decretarse el estado de alarma por parte del Gobierno y del confinamiento de la sociedad española, grandes expertos del sector inmobiliario dibujan un panorama sombrío para el mercado residencial, con caídas de precios cercanas al 10% y de compraventas, pero avisan de que para 2022 la situación podría volver a niveles previos al coronavirus y que esta crisis nada tiene que ver con la de 2008, que llevó a nuestro país a una época gris que duró años.

Con la declaración de estado de alarma por el covid-19, los notarios se encuentran entre los servicios esenciales, pero sólo para atender asuntos que consideren de urgencia o inaplazables. Desde el Consejo General del Notariado insisten en afirmar que atenderán todas las consultas telemáticas que reciban, pero sólo atenderán personalmente aquellas solicitudes de grave urgencia. La regla es que cualquier operación que tenga una fecha límite es urgente: el contrato de arras o el arrendamiento con opción de compra.

El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas a personas vulnerables para hacer frente al pago del alquiler de la vivienda en la que residen habitualmente. Parados, empleados dentro de un ERTE o con reducción de jornada, y autónomos que se declaren vulnerables no podrán ser desahuciados y podrán acceder a microcréditos avalados por el Estado para pagar las rentas pendientes. Además, en caso de que el propietario sea titular de más de 10 viviendas, el inquilino podrá pedir moratoria o condonación de la renta.