El Gobierno de Canarias avanza en sus planes para reformar la Ley del Suelo que lleva vigente en el archipiélago desde hace siete años. Ya está trabajando en una propuesta de modificación dirigida a simplificar los procesos urbanísticos y recortar los plazos de la concesión de licencias, entre otras materias, y asegura que en los próximos meses va a mantener encuentros con ayuntamientos y sector privado para consensuar el texto. Su previsión es tener preparado el borrador en septiembre para presentárselo a los diferentes grupos parlamentarios.
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este nuevo texto, que pasará ahora a audiencia pública con las CCAA y ayuntamientos, pretende evitar la paralización de planeamientos por defectos menores, como se ha producido en numerosos municipios durante años, para acabar con la inseguridad jurídica y los enormes perjuicios económicos.
El sector constructor en España lleva años lamentado el largo y tedioso proceso administrativo en la gestión de los terrenos urbanizables de las ciudades, alargando en años su desarrollo, lo que se traduce, según los promotores, en un encarecimiento de la materia prima de la vivienda, el suelo. Carolina Roca, vicepresidenta de Asprima, desvela las 6 medidas que aplicarían para hacer más sostenible el urbanismo: desde flexibilizar los cambios de uso a aumentar la seguridad jurídica y la colaboración público-privada.
La situación del mercado inmobiliario vive directamente ligada al desarrollo de los planes urbanísticos de las ciudades. Distintos actores del sector han pedido durante el Foro Inmobiliario de Europa Press que las administraciones trabajen por un pacto de Estado para mejorar la planificación y la normativa urbanística y evitar que se alargue eternamente.
Que un plan urbanístico pase por los tribunales para comprobar su legalidad debería ser un proceso normalizado para cualquier proyecto de desarrollo.
El Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia al rechazar hasta en cinco sentencias el Plan General de Urbanización de Ávila por no cumplir los requisitos de la Estrategia Territorial Europea.
Bancos y cajas han engordado sus balances con suelos procedentes de promotoras con problemas. Ahora, los ayuntamientos han encontrado una vía para forzarles a que los desarrollen: o lo hacen o se los expropian a precio de suelo rural, unas 10 veces más barato.
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