El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto con el que avala por segunda vez las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la multinacional Airbnb a retirar de su plataforma casi 35.000 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. En total, el Gobierno central ha emitido tres resoluciones por las que invita a Airbnb a retirar 65.000 anuncios, que la compañía ya retiró el pasado verano.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la creación del “Grupo Titán”, un equipo adscrito al Cuerpo Nacional de Policía que vigilará e inspeccionará las viviendas turísticas clandestinas en la comunidad. Según Moreno, la medida responde a una demanda social y municipal para garantizar un modelo turístico más seguro, sostenible y de calidad. El Ejecutivo andaluz, que ha impugnado el Registro Único de Arrendamiento del Gobierno central, busca erradicar alojamientos ilegales mediante duras sanciones económicas a los propietarios.
El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha propuesto y notificado 17 sanciones por valor de 80.000 euros cada una en dos edificios de la ciudad de Palma dedicados al alquiler turístico ilegal. En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a un total de 1,36 millones de euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de la licencia oportuna para hacerlo. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros.
El Parlamento andaluz ha aprobado La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que unifica la ordenación urbanística y del territorio de la comunidad autónomas más poblada de España.
El sector financiero calcula que hay entre 85.000 y 90.000 viviendas okupadas ilegalmente en nuestro país y asegura que ocho de cada 10 son pisos de su propiedad. Solo Bankia tiene unas 5.000 casas habitadas por okupas. Las entidades se quejan de que la legislación es muy garantista y de que ciudades como Madrid y Barcelona son muy permisivas y estiman que el valor de los inmuebles puede reducirse a menos de la mitad por culpa de una usurpación.
Algunos las defienden como una alternativa a la escasez de viviendas de protección oficial, mientras que otros opinan que todo este lío se traduce en un negocio de casas de veraneo a muy buen precio.
El gobierno de Andalucía modificará la ley de ordenación urbanística de la región (loua) para permitir la regularización de cerca de 25.000 viviendas construidas en suelos no urbanizables. En concreto, se cambiará por decreto el artículo 185.
Los vecinos de una urbanización de alcanar, en la comarca litoral de montsia (Cataluña), esperan la llegada de las palas para derruir sus viviendas construidas de forma ilegal o la llegada de un indulto.
Artículo escrito por Pedro Hernández, abogado y ex secretario de la cámara de la propiedad urbanaAhora que según se dice, con la creación del banco malo, va a salir al mercado una gran cantidad de viviendas, conviene recordar que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento" no es
El uso de fotografías realizadas desde un satélite ha revelado la existencia de más de 15.000 viviendas ilegales en la localidad alicantina de orihuela.
El ministerio de fomento ha preparado un documento en el que plantea cambios en la ley del suelo para evitar la demolición de miles de viviendas ilegales siempre que estén ocupadas por un comprador de buena fe.
La junta de Andalucía tiene previsto aprobar hoy un decreto por el que se abre la puerta a la regularización de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en la región.
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