En las últimas semanas ha entrado en la escena política y social un concepto novedoso para provocar una caída en picado de los alquileres: secundar una huelga masiva del pago de las rentas y obligar a los propietarios a negociar los precios a la baja. Aunque sobre el papel la idea parece atractiva, los expertos jurídicos e inmobiliarios explican a idealista/news que carece de respaldo legal y podría tener consecuencias nefastas para los arrendatarios. Se enfrentarían a un procedimiento de desahucio que les dejaría sin vivienda, entrarían en listas de morosos, tendrían que buscar otra casa con un historial financiero muy negativo y hasta sería más complicado acceder a hipotecas, préstamos personales o a una simple tarjeta de crédito con la que pagar cualquier gasto. Por eso, definen la iniciativa como “gran error” y un “llamamiento a la rebeldía”.