AMADEI

La patronal inmobiliaria madrileña alerta de que el mercado de arrendamiento está en una situación de tensión máxima ante la elevada demanda y una oferta escasa. Según los cálculos de AMADEI, cada vivienda de alquiler en Madrid tiene más de 200 interesados y la renta mensual media ya alcanza los 1.500 euros, con niveles que rebasan los 2.000 euros en los distritos más 'prime' y que rondan los 1.000 euros en los más asequibles, lo que está traslandado la presión de la demanda hacia la perfieria. La asociación insiste en que reforzar las garantías a propietarios y operadores es clave para que haya más inmuebles disponibles para alquilar.

Las principales asociaciones inmobiliarias han hecho un nuevo llamamiento a la Administración Pública para plantar cara a los problemas de acceso a la vivienda en España. Los responsables de FADEI, FAI, AMPSI y FIABCI han coincidido durante un foro de 'home staging' en que es necesario bajar los impuestos ligados a la vivienda, agilizar los plazos, reforzar la seguridad jurídica y llegar a acuerdos a todos los niveles administrativos para atajar la crisis habitacional. “Un Pacto de Estado no es que sea urgente, es que es vital”, han insistido.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

Desde hace meses, Trabajo está intensificando las inspecciones a las agencias con el fin de destapar falsos autónomos. Muchos inspectores están dictaminando que la figura del TRADE (Trabajador Económicamente Dependiente) está más cerca de una relación laboral tradicional que de un empleo por cuenta propia, lo que se está reduciendo en multas y el alta de los profesionales como asalariados. Asociaciones y empresas denuncian un cambio de criterio por parte de la Administración al tumbar un modelo que está recogido en el convenio sectorial y un afán recaudatorio. Mientras, crece la inseguridad y el riesgo de quiebra de muchas inmobiliarias.

La patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid carga contra el nuevo índice de referencia del alquiler y los topes de las rentas y pide a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que detalle por qué los pequeños propietarios no se van a ver afectados . "Si las familias ahorran un importe de 800 a 1.500 euros al mes) será porque habrá arrendadores que dejen de ingresarlos. Estamos muy atentos para que se nos explique en qué medida se les va a compensar", aseguran desde AMADEI. La organización también ve deficiencias en el sistema y cree que será una fuente de enfrentamiento entre propietarios e inquilinos.

La patronal inmobiliaria madrileña critica en un estudio la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2025 la paralización de los desahucios de los colectivos vulnerables, aprobada en el último Consejo de Ministros del año pasado. Según AMADEI, la medida es "contraproducente y muy perjudicial" para el mercado del alquiler, ya que genera inseguridad jurídica, limita el acceso a la vivienda de familias con menores a cargo y fomenta los impagos voluntarios de las rentas, ya que los inquilinos saben que los incumplimientos no van a tener consecuencias a medio plazo, aunque no estén justificados.

La patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid prevé más caídas de las ventas de viviendas y la firma de hipotecas en 2024 y nuevas subidas de los precios y los alquileres. Según AMADEI, las transacciones podrían caer entre un 8% y un 15% en la región a lo largo del próximo año, mientras que el precio de los inmuebles subirá entre un 3% y un 5%, dificultando todavía más la compra en algunos distritos de la capital y su área metropolitana. En el caso del arrendamiento, vaticina más demanda y menos oferta, lo que podría llegar a incrementar las rentas hasta un 10%.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha nombrado a Miguel Ángel Gómez Huecas como nuevo presidente de la patronal inmobiliaria para los próximos cuatro años, según ha informado en un comunicado. De esta manera, Gómez sustituirá a Montserrat Junyent, quien seguirá siendo v

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) considera que la futura Ley de Vivienda es una "gran pérdida para la economía en general", ya que perjudicará a inquilinos, propietarios y a potenciales inversores. Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), cree que "la experiencia ha demostrado que las medidas restrictivas respecto a los alquileres producen efectos nocivos que contribuyen a perjudicar a un sector de la población mucho más amplio que el que pudiera salir beneficiado con la adopción de las mismas”. Círculo Legal también está en contra: "la oferta se reducirá drásticamente". 

El interés por la profesión de agente Inmobiliario crece en España según los últimos datos de empleo señalados por la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei), que considera necesaria una mayor profesionalización. La facilidad para trabajar como profesional del sector, al no exigirse titulación ni capacitación oficial atraen a muchos jóvenes. Pero Amadei asegura que es "necesaria una mayor profesionalización del agente inmobiliario".

La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) alerta en un estudio de los graves prejuicios que podría traer para los pequeños arrendatarios una potencial moratoria de los desalojos de familias sin alternativa habitacional hasta 2023, medida que han presentado vía enmienda a los Presupuestos de 2021 los partidos políticos Podemos, ERC y Bildu. Según el organismo, la medida supondría un grave perjuicio para los arrendadores particulares y las medidas para defender a los más vulnerables deben estar acompañadas de otras que defiendan a los propietarios.

La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) afirma que la crisis del coronavirus ha disparado los niveles de incertidumbre del sector inmobiliario y ha multiplicado las dudas de los profesionales sobre temas cotidianos que normalmente no suelen ser motivo de consultas, como las mudanzas, las firmas de documentos o la revisión de inmuebles sobre los cuales ya se habían suscrito arras o compromisos de compra. También han surgido dudas sobre las prórrogas de los contratos de alquiler y las moratorias.

La semana empieza con un nuevo confinamiento en algunas de las ciudades más pobladas de España, incluida la capital. Las restricciones de movilidad afectan a la actividad de las agencias inmobiliarias y a las visitas de pisos por parte de potenciales compradores o inquilinos. Resumimos de la mano de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) y del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID - AIM) qué se puede hacer y qué no a partir de ahora, qué medidas de seguridad se deben seguir para evitar contagios de covid-19 y qué desplazamientos extraordinarios están permitidos.

El Plan de Transición hacia una nueva normalidad tras el covid-19 que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez contempla la desescalada del confinamiento y la reactivación económica con un ritmo diferente en cada provincia e isla, en función de la situación sanitaria. Así, desde varias portavocías del sector inmobiliario se señala que la apertura de locales y establecimientos comerciales con cita previa y atención individualizada será el 4 de mayo y de manera generalizada, el 11 de mayo.

AMADEI (Asociación madrileña de empresas inmobiliarias) considera que la moratoria en el pago del alquiler de locales de negocio aprobada por el Gobierno es insuficiente. Considera que no hay necesidad de pagar las rentas de locales, oficinas o naves que no se pueden utilizar por el cierre al público al ser considerados negocios no esenciales. Por ello, pide directamente una exoneración de la renta con cargo a fondos públicos.