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Las inmobiliarias madrileñas piden la exención del pago del alquiler de locales de negocios cerrados

Locales cerradas por el covid-19 / Gtres
Locales cerradas por el covid-19 / Gtres
Autor: Redacción

AMADEI (Asociación madrileña de empresas inmobiliarias) considera que la moratoria en el pago del alquiler de locales de negocio aprobada por el Gobierno es insuficiente. Considera que no hay necesidad de pagar las rentas de locales, oficinas o naves que no se pueden utilizar por el cierre al público al ser considerados negocios no esenciales. Por ello, pide directamente una exoneración de la renta con cargo a fondos públicos.

La Asociación también se queja de que al inquilino, obligado a pagar las rentas pese a tener el negocio cerrado, no se le indemniza o compensa de ningún modo por esa imposibilidad de uso y disfrute del local, nave u oficina arrendados.

Del lado del propietario del inmueble, AMADEI asegura que no debe recaer sobre el arrendador la obligación de soportar un aplazamiento o fraccionamiento de rentas.

En el caso de arrendadores que no sean grandes tenedores, se establece un horizonte evidente de clara conflictividad judicial, dado que no se especifica la obligatoriedad del arrendador de aceptar la propuesta de aplazamiento del pago de la renta ni tampoco se concretan los términos de dicho aplazamiento, ni siquiera cómo deben establecerse las comunicaciones entre las partes. Además, no se instrumenta programa específico de ayudas transitorias de financiación para el caso de que la parte arrendadora no acepte ninguna propuesta de aplazamiento, discriminando claramente a los arrendatarios comerciales de los de vivienda.

En los casos en que quede menos de un año de vigencia del contrato, la posibilidad de utilizar la fianza arrendaticia para el pago de estas rentas afectadas por el estado de alarma deja sin cobertura al arrendador para el caso de que se hayan producido daños en el inmueble a la fecha de su entrega. En el resto de caso no se especifica que la no reposición de la fianza en el plazo de un año pueda entenderse como incumplimiento contractual y por ende causa de resolución del contrato y desahucio.

Además, AMADEI recuerda que esa fianza está depositada obligatoriamente en la Comunidad Autónoma, con lo cual el arrendador se vería obligado a solicitar su devolución con el trámite y dilación que ello conlleva.

“En absoluto se debe vincular la efectividad de las medidas de aplazamiento a acreditar, en su caso, haber solicitado el cese de actividad, toda vez que muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus centros de negocio y se han acogido al régimen de teletrabajo desde casa, con lo cual no han solicitado dicho cese de actividad”, recuerdan desde la asociación.

En definitiva, AMADEI considera que el Gobierno debería haber aprobado medidas de exención del pago de rentas o, en su defecto, compensación, financiación o subvención, todo ello con cargo al erario público y no obligar al propietario, sea gran tenedor o no, a soportar las consecuencias económicas de esa financiación a su exclusivo cargo.