Congreso de los diputados

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado convalidar el Real Decreto-ley 8/2026 que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. El decreto liderado por Sumar no ha salido adelante en la Cámara Baja por 177 votos en contra del PP, Vox y de Junts, el partido de Carles Puigdemont que desde el inicio mostró públicamente su negativa a aprobar esta medida, pese a los intentos del Gobierno por conseguir su apoyo para sacarla adelante. Ahora el caos está sembrado entre inquilinos y propietarios porque sólo podrán disfrutar de esta prórroga extraordinaria de dos años aquellos contratos de arrendamiento que se encuentren en el momento de prórroga obligatoria o tácita entre el 22 de marzo y el 28 de abril y cuyos inquilinos la hayan solicitado formalmente al propietario.

Sumar defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente.El Grupo Socialista ha registrado esta iniciativa alegando la "preocupación social" que han ge

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda del PP on el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno. La normativa, que ya había sido aprobada por el Senado, incluye una reforma de la Ley del Suelo para dar más seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos, deroga las zonas tensionadas en vivienda y el índice de precios de referencia de los alquileres, y promueve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que bancos y fondos de inversión puedan acudir a un juicio verbal y acelerar así la recuperación de la posesión de sus inmuebles en caso de okupación. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

La formación catalana ha insistido en su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno que incluye la prórroga de dos años de los alquileres y la limitación del 2% a la actualización anual de las rentas, lo que anticipa la caída del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo 28 de abril. De hecho, Junts ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con rebajas fiscales como una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual y bonificaciones para la rehabilitación, ya que insiste en que las reducciones impositivas son una vía mucho más eficaz que los controles de precios.

El Gobierno ha decidido apurar al máximo los plazos legales para someter a votación el Real Decreto-ley 8/2026 con medidas en vivienda para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y cuyas dos grandes medidas son incluye la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de enero de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. Según ha confirmado la Junta de Portavoves del Congreso, el próximo 28 de abril el Congreso decidirá si convalida o tumba el texto. De momento, el decreto no cuenta con mayoría parlamentaria para salir adelante, pero Sumar confía en el apoyo de última hora de Junts.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado durante su intervención en el European Pulse Forum 2026 celebrado en Barcelona, que ya están negociando con Junts sobre la convalidación del Real Decreto-ley que incluye la prórroga automática de dos años de los alquileres y el tope del 2% a la actualización de las rentas. La líder de Sumar se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo y ha lanzado un aviso al partido catalán: "Quien tumbe este Real Decreto-ley se va a colocar en contra de la ciudadanía de nuestro país", ha afirmado.

El pasado 22 de marzo entró en vigor en forma de Real Decreto-ley tanto la prórroga extraordinaria del alquiler para aquellos contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 como el tope del 2% en la actualización de los alquileres. Sin embargo, el riesgo de que esta norma sea tumbada en el Congreso de los Diputados es elevado, ya que el Gobierno no tiene atada la mayoría absoluta para sacarla adelante. Mientras tanto, el caos está sembrado entre propietarios e inquilinos que no saben cómo deben actuar correctamente y conforme a la ley. Entrevistamos al abogado Alejandro Fuentes-Lojo para esclarecer la situación.

En los últimos días los medios de comunicación están publicando información contradictoria en relación con el Real Decreto ley (RDL) que establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Y desde el Ministerio de Consumo han enviado una nota de prensa asegurando que los propietarios están obligados a aceptar esta prórroga de los alquileres. Sin embargo, tanto jueces, catedráticos, como abogados consultados por idealista/news aseguran que no en todos los casos los arrendadores están obligados a ello, sólo aquellos cuyos contratos venzan durante la vigencia del RDL, ya que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo y el Gobierno actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Si decae esta medida, todos los contratos que venzan después del “no” del Congreso no podrán ser prorrogados.

La entrada en vigor el pasado 22 de marzo del Real Decreto-ley 8/2026 que prorroga dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual que soliciten los inquilinos para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, abre un nuevo frente de incertidumbre en el mercado del alquiler español que podría acabar colapsando los juzgados, tal y como advierten expertos consultados por idealista/news. La medida extraordinaria está ya en vigor, pero su continuidad depende de una votación parlamentaria que aún no se ha celebrado y cuya fecha límite es el 21 o 22 de abril.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado la rebaja del IVA de los carburantes, la luz y el gas, y la batería de medidas económicas y fiscales del decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Real Decreto-ley 7/2026 ha salido adelante en la Cámara Baja con

Los dos reales decretos que aprobó el viernes el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas entraron en vigor el 22 de marzo, tras su publicación en el BOE. Este jueves se votará en el Congreso el texto que incluye una batería de medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% de los carburantes, la luz o el gas, mientras que todavía no hay fecha oficial para el debate de la prórroga de los contratos de alquiler de dos años y el tope del 2% en las actualizaciones de los arrendamientos. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar el decreto a la Cámara Baja y, de momento, no tiene apoyos suficientes para su convalidación. Por tanto, las medidas podrían perder sus efectos jurídicos.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este 18 de marzo el decreto ley de ayudas por los recientes temporales en Andalucía y Extremadura, un texto que incluía una disposición adicional para incorporar la deducción en el IRPF de hasta 591 euros para las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2026 ha subido hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Según cálculos de Hacienda, un trabajador que cobre el SMI pagará 365 euros menos de IRPF respecto al año pasado.

Podemos ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que propone una moratoria en la concesión de nuevas licencias de vivienda turística por cinco años en ciudades de más de 200.000 habitantes. La reforma de la formación morada se plasma en una enmienda registrada a la proposición de ley de EH Bildu sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos. En la misma propuesta, Podemos ha incluido otra enmienda para que en las zonas tensionadas, los pisos turísticos no puedan superar el 2% del parque total de viviendas.

El PSOE ha registrado una serie de enmiendas en el Congreso para tratar de rebajar la proposición de ley de Bildu que se tramita en la Cámara Baja para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con un número de licencia o registro. Entre las enmiendas destaca eliminar el artículo 25 de la normativa, que propone impulsar una unidad especializada para la inspección y control de las viviendas de uso turístico. También se opone a que el Ministerio de Vivienda o de Consumo establezcan en el plazo de tres meses un régimen sancionador que multe a las empresas por las malas praxis estipuladas en la proposición.

Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG han registrado un paquete de enmiendas a la Ley de Dependencia, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, con el contenido del decreto del llamado 'escudo social', como la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de agua y luz a gente vulnerable, después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado el decreto con los votos de PP, Vox y Junts y haya perdido sus efectos jurídicos. El objetivo de estas tres formaciones políticas es garantizar "su carácter estructural y evitar que desaparezcan".

El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, entre los que se encuentran el escudo social con la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos, texto que contará previsiblemente con el voto en contra de PP, Junts y Vox y que, por tanto, podría dejar de tener efectos jurídicos. Ese mismo día también se debatirán las ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta que ha presentado esta semana el PP en materia de vivienda, aunque no tiene carácter vinculante. Entre las medidas que la Cámara Baja reclama al Gobierno están bajar el IVA de la primera vivienda nueva del 10% al 4%, bonificar el IRPF a los jóvenes en sus primeros años de vida laboral para fomentar el ahorro, generar las condiciones de mercado necesarias para que se puedan desarrollar un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años con ayuda del sector privado, movilizar suelo público, reducir trabas administrativas y permitir que los ayuntamientos usen sus remanentes para invertir en vivienda asequible. El PSOE se ha absentido en algunos puntos y ha apoyado otros.

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparecerá el próximo viernes en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de las últimas medidas en materia de vivienda anunciadas por su departamento. La Diputación Permanente ha aprobado esta comparecencia fuera del periodo normal de sesiones a petición del PP, para que al ministra rindiera cuentas de las acciones de su ministerio para contener los precios del alquiler y de la compraventa de vivienda además de las últimas medidas puestas en marcha.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el 'decreto ómnibus' que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que incluía una bateria de medidas, desde la subida de las pensiones a la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago del alquiler y las deducciones fiscales por rehabilitar viviendas, los nuevos coeficientes para calcular la plusvalía municipal o la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Los votos en contra de PP, Junts y Vox han dejado sin efectos jurídicos el decreto y han protagonizado la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de 2026, aunque no se descarta que vuelvan a votarse de forma independiente para que muchas de ellas salgan adelante en las próximas semanas.

La Cámara Baja ha convocado un pleno extraordinario el próximo 27 de enero, en el que previsiblemente se votará el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que contempla la prórroga de la suspensión de desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables y de los descuentos del bono social, la subida de las pensiones o la renovación de los incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos y por obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en el Congreso este febrero, según han informado desde el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid en un comunicado, en el aseguran que el Gobierno se ha comprometido en que así será.Esta nueva normativa es una m

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas y que será obligatorio a partir de 2027, un año más tarde de lo que estaba previsto. No obstante, la Cámara Baja ha rechazado por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028, por lo que por lo que el Gobierno usará una senda fiscal más estricta para las CCAA a la hora de elaborar los Presupuestos del próximo ejercicio.