Congreso de los diputados

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

El Pleno del Congreso debatirá y votará el 26 de mayo una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La Cámara Baja decidirá si el texto legislativo se admite a trámite y entra en el cauce parlamentario. En el caso de admitirse, se abriría el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para "combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas". La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias.

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PSOE ha rebajado el plan de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", de modo que en lugar de esa prohibición ha instado a impulsar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, a gravar los pisos vacíos y a subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. El grupo plurinacional ha defendido esa prohibición en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las socimis.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una proposición no de ley de Sumar con la que plantea aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre". Sumar también incluye un punto en su proposición no de ley para pedir al Gobierno derogar "de forma urgente" la ley por la que se regulan las socimis

El principal partido de la oposición defenderá una propuesta en el Congreso de los Diputados con la que insta a agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en el plazo establecido, ésta se considerará aceptada; y pide al Gobierno reorientar por completo su política de vivienda y centrarse en aumentar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia "asfixiante". El PP ha plasmado esta propuesta en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron la última sesión plenaria a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que se votará en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana.

La derogación del Real Decreto ley 8/2026, que contemplaba la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler de vivienda habitual y el tope del 2% en la actualización de las rentas, mantiene la confrontación entre propietarios e inquilinos para continuar con los contratos como consecuencia de la interpretación del alcance de sus efectos. Un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid explica las diferentes situaciones que se han creado y deja claro que aquellos contratos que vencían tras la derogación no tienen derecho a prórroga, salvo que el propietario la haya aceptado.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone impulsar la puesta en marcha de un impuesto a nivel europeo sobre los beneficios extraordinarios que las energéticas están obteniendo por la subida de los precios de los combustibles que ha provocado el conflicto en Or

Sumar vuelve a la carga con la prórroga extraordinaria del alquiler. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril a esta medida aprobada por Real Decreto ley en el Consejo de Ministros, ahora el partido quiere retomar esta prórroga cuanto antes elaborando un borrador de texto esta misma semana y mediante otro Real Decreto ley. Sin embargo, se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años sólo por la solicitud de la misma.

Sumar vuelve a tomar la iniciativa al margen del PSOE para intentar sacar adelante la prórroga de alquiler y enviará 'motu proprio' a los grupos en el Congreso una propuesta de decreto de vivienda de "consenso", es decir, con la opción de contemplar medidas para atraer el apoyo de Junts y PNV. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para enfatizar que aspiran a retomar la prórroga de alquileres cuanto antes, elaborando un borrador de texto esta misma semana, y que su preferencia es que sea de nuevo mediante un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Sumar quiere volver a llevar al Congreso de los Diputados el decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres con cesiones a Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros para que estos apoyen el texto y pueda convalidarse. El PP, Vox y Junts tumbaron el pasado martes 29 de abril en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler. Tras el varapalo, varios miembros de Sumar han salido a reprochar el voto en contra de estos partidos al decreto y han avanzado que su intención es llevar al Consejo de Ministros lo antes posible un nuevo decreto para intentar aprobarlo.

El PSOE y el PP han tumbado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que, entre otros objetivos, planteaba buscar una alternativa al euríbor y al IRPH como principales índices hipotecarios. Los plurinacionales habían llevado esta propuesta a la Comisión de Economía de la Cámara Baja y con ella buscaban promover el estudio de alternativas al Euríbor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.

Establecer la duración de un contrato de alquiler en España hoy en día se ha convertido en un auténtico laberinto jurídico. Los cambios normativos de los últimos años, incluida la no convalidación en el Congreso de la prórroga extraordinaria de dos años de Sumar, han creado un ecosistema de plazos, prórrogas y excepciones que generan una enorme inseguridad tanto en propietarios como en inquilinos. Para analizar este escenario con rigor, contamos con uno de los mayores expertos en arrendamientos y referencia en el análisis jurídico del mercado inmobiliario, José Ramón Zurdo, abogado y director general de Agencia Negociadora del Alquiler.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado convalidar el Real Decreto-ley 8/2026 que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. El decreto liderado por Sumar no ha salido adelante en la Cámara Baja por 177 votos en contra del PP, Vox y de Junts, el partido de Carles Puigdemont que desde el inicio mostró públicamente su negativa a aprobar esta medida, pese a los intentos del Gobierno por conseguir su apoyo para sacarla adelante. Ahora el caos está sembrado entre inquilinos y propietarios porque sólo podrán disfrutar de esta prórroga extraordinaria de dos años aquellos contratos de arrendamiento que se encuentren en el momento de prórroga obligatoria o tácita entre el 22 de marzo y el 28 de abril y cuyos inquilinos la hayan solicitado formalmente al propietario.

Sumar defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente.El Grupo Socialista ha registrado esta iniciativa alegando la "preocupación social" que han ge

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda del PP on el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno. La normativa, que ya había sido aprobada por el Senado, incluye una reforma de la Ley del Suelo para dar más seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos, deroga las zonas tensionadas en vivienda y el índice de precios de referencia de los alquileres, y promueve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que bancos y fondos de inversión puedan acudir a un juicio verbal y acelerar así la recuperación de la posesión de sus inmuebles en caso de okupación. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

La formación catalana ha insistido en su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno que incluye la prórroga de dos años de los alquileres y la limitación del 2% a la actualización anual de las rentas, lo que anticipa la caída del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo 28 de abril. De hecho, Junts ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con rebajas fiscales como una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual y bonificaciones para la rehabilitación, ya que insiste en que las reducciones impositivas son una vía mucho más eficaz que los controles de precios.

El Gobierno ha decidido apurar al máximo los plazos legales para someter a votación el Real Decreto-ley 8/2026 con medidas en vivienda para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y cuyas dos grandes medidas son incluye la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de enero de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. Según ha confirmado la Junta de Portavoves del Congreso, el próximo 28 de abril el Congreso decidirá si convalida o tumba el texto. De momento, el decreto no cuenta con mayoría parlamentaria para salir adelante, pero Sumar confía en el apoyo de última hora de Junts.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado durante su intervención en el European Pulse Forum 2026 celebrado en Barcelona, que ya están negociando con Junts sobre la convalidación del Real Decreto-ley que incluye la prórroga automática de dos años de los alquileres y el tope del 2% a la actualización de las rentas. La líder de Sumar se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo y ha lanzado un aviso al partido catalán: "Quien tumbe este Real Decreto-ley se va a colocar en contra de la ciudadanía de nuestro país", ha afirmado.

El pasado 22 de marzo entró en vigor en forma de Real Decreto-ley tanto la prórroga extraordinaria del alquiler para aquellos contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 como el tope del 2% en la actualización de los alquileres. Sin embargo, el riesgo de que esta norma sea tumbada en el Congreso de los Diputados es elevado, ya que el Gobierno no tiene atada la mayoría absoluta para sacarla adelante. Mientras tanto, el caos está sembrado entre propietarios e inquilinos que no saben cómo deben actuar correctamente y conforme a la ley. Entrevistamos al abogado Alejandro Fuentes-Lojo para esclarecer la situación.

En los últimos días los medios de comunicación están publicando información contradictoria en relación con el Real Decreto ley (RDL) que establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Y desde el Ministerio de Consumo han enviado una nota de prensa asegurando que los propietarios están obligados a aceptar esta prórroga de los alquileres. Sin embargo, tanto jueces, catedráticos, como abogados consultados por idealista/news aseguran que no en todos los casos los arrendadores están obligados a ello, sólo aquellos cuyos contratos venzan durante la vigencia del RDL, ya que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo y el Gobierno actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Si decae esta medida, todos los contratos que venzan después del “no” del Congreso no podrán ser prorrogados.

La entrada en vigor el pasado 22 de marzo del Real Decreto-ley 8/2026 que prorroga dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual que soliciten los inquilinos para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, abre un nuevo frente de incertidumbre en el mercado del alquiler español que podría acabar colapsando los juzgados, tal y como advierten expertos consultados por idealista/news. La medida extraordinaria está ya en vigor, pero su continuidad depende de una votación parlamentaria que aún no se ha celebrado y cuya fecha límite es el 21 o 22 de abril.