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La nueva suspensión de los desahucios por impago del alquiler y la puesta en marcha de unos avales públicos para propietarios e inquilinos que ha incluido el Gobierno en el Real Decreto-ley 1/2025 no han sido bien recibidas por los expertos ni por los propietarios. Aseguran que estas medidas "son una sentencia de muerte" para quienes necesitan encontrar una vivienda de alquiler, que seguirán fomentando la inquiokupación y que agravan la inseguridad jurídica, lo que "amenaza la sostenibilidad del mercado de alquiler". También critican que "la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales, y no al interés general".

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

Los expertos en arrendamientos y fiscalidad han empezado a hacer números sobre qué impacto tendrá la propuesta del Gobierno de poner en marcha una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler y apliquen una renta según el Índice de Precios de Referencia estatal, aunque las viviendas no se encuentren en una zona tensionada. A la espera de conocer los detalles de la medida, el mercado está dividido. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que no resulta rentable para los propietarios, mientras que los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman un ahorro solo en algunos casos y el Consejo General de Economistas calcula un beneficio de al menos 300 euros para la mayoría de los caseros.

El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria de 2025 en el primer día de actividad en la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, más conocido como el decreto 'ómnibus', con los votos en contra de PP, Junts y Vox. El texto incluía la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas para colectivos vulnerables durante todo 2025, la prohibición de cortar suministros básicos a familias con pocos recursos, la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas al transporte público. La derogación tiene efectos inmediatos desde este 23 de enero.

Armanext, compañía especializada en asesorar a las socimis para debutar en el mercado de valores, se suma a la lista de voces inmobiliarias que alertan de que los cambios normativos en España suponen un lastre para la inversión. En su opinión, "la falta de claridad normativa ha frenado la recuperación de los flujos de inversión extranjera" y ha generado cautela entre los inversores. A pesar de la inseguridad jurídica, desde Armanext creen que este sector ha demostrado "ser un modelo de inversión dinámico" y que este año se mantendrá su etapa de consolidación e innovación.

Ya ha pasado una semana desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan con el objetivo de hacer frente al problema de la vivienda en España. Sin embargo, las propuestas todavía no se han concretado y varias de las más polémicas necesitan el visto bueno del Congreso para salir adelante, como los cambios fiscales que afectan a socimis, extranjeros extracomunitarios no residentes, a los pisos turísticos o a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal. Diferentes actores del sector inmobiliario y financiero critican la falta de concreción de las medidas y alertan de que la inseguridad jurídica provoca paralización de operaciones y podría lastrar la inversión. Además, el contenido normativo podría sufrir cambios durante el trámite parlamentario.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que "a principios de febrero" podría llegar al Congreso de los Diputados la extensión a las zonas no tensionadas de la bonificación fiscal de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen los precios del alquiler, una medida que adedelantó el presidente del Gobierno el pasado lunes y que se enmarca en un plan para fomentar la vivienda asequible. La ministra ha indicado que su intención es que este incentivo se ponga en marcha "lo antes posible", según permitan los trámites parlamentarios.

Las acciones de dos de las grandes compañías inmobiliarias de la bolsa española, Neinor Homes y Merlin Properties, subieron este martes cerca de un 4% y un 5%, respectivamente, tras limitar el impacto en sus cuentas de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda.Las dos fuer

La nueva promotora y gestora pública de vivienda que nacerá de la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) será una realidad dentro de medio año. Según ha explicado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese es el plazo estimado para incorporar a la nueva empresa pública todo el patrimonio del Estado, elaborar un plan estratégico y crear un portal de gestión para que los ciudadanos puedan solicitar una vivienda. Rodríguez también ha asegurado que espera que el Ayuntamiento de Madrid de luz verde definitiva en febrero a la Operación Campamento de Madrid, el mayor desarrollo en suelo público y donde está prevista la construcción de unas 10.700 viviendas asequibles.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que las medidas fiscales, planteadas en los últimos días por el presidente del Gobierno y por el Partido Popular, sólo son complementarias para solucionar los problemas de vivienda.En opinión de Gestha, la experiencia demuestra q

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes una batería de medidas para hacer frente al problema de la vivienda en España, y varias de ellas necesitarán el visto bueno del Congreso de los Diputados para poder materializarse. En concreto, deberán obtener 'luz verde' de la Cámara Baja el nuevo IVA para viviendas turísticas, la nueva fiscalidad de las socimis de vivienda y el endurecimiento para la compra de vivienda de extranjeros no comunitarios, así como la bonificación fiscal del IRPF si se rebaja el precio del alquiler en zona no declarada tensionada.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que entre los planes de su departamento está el implementar un billete único para el transporte público en España a partir del año 2026.En un acto de Nueva Economía Fórum, el ministro ha avanzado que el segundo semestre de

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, considera que hay que "hinchar a impuestos" a aquellos propietarios que alquilen una casa sin tener en cuenta el índice de precios establecido en la Ley de Vivienda y que ofrece un rango de valores para fijar la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda, con el objetivo de limitar los precios especialmente en zonas tensionadas. Según defiende Ibáñez, deben tomarse medidas para "prohibir la compra especulativa de casas" o subir impuestos para que "no sea rentable" hacerlo. También apuesta por una mayor presión fiscal para los pisos turísticos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 27 de diciembre recoge el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, cuyo objetivo es mejorar la calidad de las estadísticas, así como promover la coordinación y armonización en el sistema. Entre sus líneas estratégicas se encuentra recopilar datos sobre globalización y desarrollar un 'padrón online' que permita conocer la situación poblacional de los municipios en tiempo real. Además, aboga por una base de datos de viviendas, con un identificador único de vivienda nacional.

El Gobierno ha anunciado una prórroga de una batería de medidas en la recta final de año. Además de ampliar un año la suspensión de los desahucios por impago de la renta, también ha ampliado hasta noviembre de 2025 el plazo para que los deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas, que contempla medidas como mejorar las condiciones del préstamo, ya sea con una ampliación de plazo o con una modificación del tipo de interés. Lo que sí termina el 31 de diciembre es la posibilidad de que cualquier hipotecado cambie su préstamo variable por uno fijo o mixto de forma gratuita.

El Gobierno ha vuelto a prorrogar un año más la suspensión de los desahucios y lanzamientos de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, así como la posibilidad de que el propietario pida una compensación económica, cuyo plazo expira el 31 de enero de 2026. También se ha ampliado hasta finales del año que viene la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a los hogares vulnerables. Estas nuevas ampliaciones ya se han hecho efectivas, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que será el germen de la nueva empresa pública de vivienda, para impulsar los alquileres asequibles. Los inmuebles de los que dispondrá Sepes proceden del Instituto de la Vivienda, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional, entre otros organismos. También ha aprobado la Ley de Contratos Públicos para impulsar la vivienda asequible en suelo público.

El Ejecutivo ha ampliado un año la vigencia de las deducciones en el IRPF por las obras de mejora energética de viviendas y edificios residenciales, que contemplan bonificaciones de entre el 20% y el 60%, dependiendo del tipo de actuación. Estas deducciones fiscales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, y ya se han aplicado sobre 122.862 actuaciones, que han supuesto un ahorro de 319,70 millones de euros en el IRPF.

Los órganos de gobierno de Sareb han decidido suspender temporalmente el proceso de venta de la promotora Árqura y, por tanto, se pospone la fecha límite de presentación de ofertas no vinculantes por parte de los potenciales inversores. La sociedad, que ha tomado esta decisión por recomendación de la consultora Deloitte, su asesor financiero de la operación, abre ahora un periodo de análisis y revisión de la transacción "cuyas conclusiones se comunicarán a los inversores a la mayor brevedad". La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó hace unos días aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, que también apoya Podemos, para que la nueva empresa pública de vivienda aproveche los pisos de Sareb.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno para afrontar el problema de acceso a la vivienda en España es movilizar vivienda vacía, para lo que ve necesario "incentivar a los pequeños propietarios" a que la pongan en el mercado del alquiler habitual. Además, ha recordado que el objetivo es hacer posible que haya una mayor oferta residencial y más vivienda pública asequible, y ha desglosado otros grandes problemas ante la falta de acceso a la vivienda en España: poco suelo finalista, escasa obra nueva y los alquileres turísticos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

El consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha decidido, en su última reunión del año, fortalecer la estructura administrativa de la compañía, como paso previo para la creación de la empresa pública de vivivenda anunciada por el Gobierno hace unas semanas. Entre los cambios está la reclasificación de Sepes dentro de las entidades públicas y la creación de dos direcciones: la Dirección del Parque de Vivienda Asequible, encargada de la gestión inminente de viviendas; y la Dirección de Transformación, que gestionará el cambio y definirá el nuevo plan estratégico de Sepes. La misión de la empresa es aumentar la oferta de viviendas asequibles para venta y alquiler, junto con el sector privado.

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no a las energéticas. También se han quedado fuera las propuestas del PP aprobadas en el Senado dirigidas a los jóvenes, como las exenciones en el IRPF o que la recaudación del impuesto a la banca se destinara a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado.

El ministro de Economía, Comercio o Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado este martes que antes de finalizar esta semana o a principios de la que viene el Gobierno hará la petición formal del quinto desembolso de fondos europeos, que contará con más de 7.500 millones de euros.Durante su comparecenci

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha avalado la propuesta del Gobierno de nombrar a Carlos San Basilio y Paloma Marín como presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), respectivamente. Durante su comparencia en la Cámara Baja, San Basilio ha pedido medios técnicos y humanos para el regulador del mercado y ha insistido en que el marco legal debe adaptarse "con rapidez" a las necesidades del mercado. Marín, por su parte, ha hecho hincapié en los "retos presentes y futuros", como la transformación digital, la inteligencia artificial, los criptoactivos, la ciberseguridad o la sostenibilidad ambiental.