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El Consejo de Ministros ha aprobado ea ampliación del presupuesto para las obras de remodelación y ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, donde se ubicará la sede de ONU Turismo, con un gasto adicional de 3,4 millones de euros.Además, se ha ampliado el plazo de ejecución de la

El Gobierno ha decidido prorrogar el plazo para desinvertir en CaixaBank hasta diciembre de 2027, según figura en las referencias del Consejo de Ministros que ha publicado este martes el Ejecutivo.En concreto, se ha ampliado el plazo que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha

El Gobierno ha cerrado un acuerdo con ERC para hacer oficial el bautizado 'cupo catalán', que incluye una financiación singular para Cataluña y una quita de deuda de 17.100 millones de euros. La asociación de inspectores de Hacienda considera que este pacto supondrá un perjuicio para las demás regiones, y ha pedido a los presidentes autonómicos que se opongan al mismo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra esta semana, donde el Ejecutivo propondrá condonar deuda a todas las CCAA. Según la asociación, se trata de una "amenaza seria" que "no respeta el Estado de Derecho", por lo que pide "volver a la senda de la cordura y al respeto a los principios constitucionales" de igualdad entre los españoles.

El Grupo Viso, un 'think tank' formado por expertos del sector social e inmobiliario, ha publicado un informe donde analiza los desafíos actuales en materia de vivienda y plantea soluciones al actual problema de acceso. El documento concluye que España necesita realizar una inversión estimada de 250.000 millones de euros para poder promover 1,8 millones de viviendas sociales y asequibles en los próximos 10 años y hacer frente a la escasez de oferta de vivienda protegida. También propone un Pacto Nacional por la Vivienda, que implique a todas las administraciones y el sector para dar estabilidad a las políticas de vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno licitará en este trimestre más de 1.600 viviendas a través de la nueva empresa estatal que surge tras la transformación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Rodríguez ha incidido en que las viviendas serán "públicas con carácter permanente" y que estarán repartidas por varias regiones, entre las que se encuentran Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y los archipiélagos. También ha avanzado que ya hay 4.000 viviendas en el registro único que se creó para regular las viviendas de corta duración, como los pisos turísticos o de temporada.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado durante un encuentro informativo que el parque de vivienda social en España ha pasado de un 2,5% al 3,4% del total, tras sumar 162.000 viviendas protegidas en los últimos cinco años, lo que supone un incremento del 35% en términos absolutos. También ha adelantado que el Gobierno va a licitar a lo largo del próximo trimestre la construcción más de 1.600 viviendas a través de la nueva empresa estatal, que serán públicas con carácter permamente y estarán repartidas en diferentes regiones, y que ha arrancado el proceso de consulta pública previa del próximo Plan de Vivienda.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP para exigir al Gobierno que ponga en marcha varias medidas en materia de vivienda. En concreto, han salido adelante cinco de los seis puntos que se han debatido, entre los que se encuentran poner suelo de titularidad pública en el mercado para construir vivienda a precios asequibles, habilitar desalojos de personas que han ocupado una casa ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas y medidas de carácter fiscal que faciliten el ahorro y las posibilidades de emancipación de los jóvenes. PSOE y Sumar han votado en contra de las propuestas.

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha exigido este miércoles al Gobierno medidas "más efectivas y más tangibles" en la crisis de vivienda, y el presidente Pedro Sánchez, ha replicado recordando que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están en un "boicot" a la

El Congreso de los Diputados ha activado la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que el Gobierno prometió a la Comisión Europea aprobar antes de finalizar 2024 y de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros en fondos europeos.Presentadas las enmiendas

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de utilidad pública de parte de los terrenos de El Algarrobico, paso previo a su expropiación y la posterior demolición del hotel Azata del Sol, ubicado en una zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el coste del derribo de este hotel ilegal, al que califica como "símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales", podría ascender hasta los 7 millones de euros. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Supremo han rechazado la edificación en esos terrenos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este 11 de febrero la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. De esta manera, el nuevo SMI quedará fijado en 16.576 euros brutos al año y en 39,47 euros brutos al día, con carácter general. Es el quinto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI, y tendrá efectos desde el pasado 1 de enero. Por primera vez, los trabajadores que cobren esta renta mínima tendrán que tributar en el IRPF.

Cuenta atrás para el derribo definitivo del hotel ilegal Azata del Sol, ubicado en el paraje de El Algarrobico, en el muncipio de Carboneras (Almería), y construido en un terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que el Consejo de Ministros de este 11 de febrero aprobará un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se encuentra el inmueble como paso previo a su expropiación y posterior demolición para poner fin a lo que ha calificado como el "mayor atentado medioambiental de este paraje natural".

La fórmula de movilizar préstamos y avales del ICO para impulsar la construcción de viviendas asequibles en España empieza a dar sus frutos. Según ha confirmado David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante el encuentro inmobiliario EFIMAD, el Instituto de Crédito Oficial ya está estudiando proyectos para desarrollar 25.000 viviendas, más de la mitad de las que contempla inicialmente este plan. De ellas, 5.000 unidades ya están firmadas. Según Lucas, "el ICO ha actuado sobre más viviendas en un año que en toda su historia".

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, tras solventar las diferencias que mantenían los Ministerios de Trabajo y Economía sobre su aplicación. El Gobierno espera que el texto, que también incluye la digitalización del registro horario de los trabajadores y el derecho a la desconexión digital, llegue al Congreso de los Diputados a mediados de marzo como tarde y que entre en vigor antes de verano. Por otro lado, ha revisado al alza en dos décimas su previsión de PIB para 2025, hasta el 2,6%, y prevé la creación de medio millón de empleos.

El Gobierno ha presentado el Proyecto ARCE 2050, con el que quiere acelerar la descarbonización del parque inmobiliario español y de las ciudades a través de una transición energética. En la inauguración, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, destacó la importancia de avanzar en la transposición de la Directiva europea en esta materia y de impulsar la sostenibilidad " sin perder de vista el equilibrio económico y social". Entre los objetivos de la iniciativa, pionera a nivel comunitario, están concienciar a la ciudadanía y fomentar la colaboración público-privada a través de grupos de trabajo y una plataforma virtual.

La nueva suspensión de los desahucios por impago del alquiler y la puesta en marcha de unos avales públicos para propietarios e inquilinos que ha incluido el Gobierno en el Real Decreto-ley 1/2025 no han sido bien recibidas por los expertos ni por los propietarios. Aseguran que estas medidas "son una sentencia de muerte" para quienes necesitan encontrar una vivienda de alquiler, que seguirán fomentando la inquiokupación y que agravan la inseguridad jurídica, lo que "amenaza la sostenibilidad del mercado de alquiler". También critican que "la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales, y no al interés general".

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

Los expertos en arrendamientos y fiscalidad han empezado a hacer números sobre qué impacto tendrá la propuesta del Gobierno de poner en marcha una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler y apliquen una renta según el Índice de Precios de Referencia estatal, aunque las viviendas no se encuentren en una zona tensionada. A la espera de conocer los detalles de la medida, el mercado está dividido. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que no resulta rentable para los propietarios, mientras que los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman un ahorro solo en algunos casos y el Consejo General de Economistas calcula un beneficio de al menos 300 euros para la mayoría de los caseros.

El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria de 2025 en el primer día de actividad en la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, más conocido como el decreto 'ómnibus', con los votos en contra de PP, Junts y Vox. El texto incluía la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas para colectivos vulnerables durante todo 2025, la prohibición de cortar suministros básicos a familias con pocos recursos, la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas al transporte público. La derogación tiene efectos inmediatos desde este 23 de enero.

Armanext, compañía especializada en asesorar a las socimis para debutar en el mercado de valores, se suma a la lista de voces inmobiliarias que alertan de que los cambios normativos en España suponen un lastre para la inversión. En su opinión, "la falta de claridad normativa ha frenado la recuperación de los flujos de inversión extranjera" y ha generado cautela entre los inversores. A pesar de la inseguridad jurídica, desde Armanext creen que este sector ha demostrado "ser un modelo de inversión dinámico" y que este año se mantendrá su etapa de consolidación e innovación.

Ya ha pasado una semana desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan con el objetivo de hacer frente al problema de la vivienda en España. Sin embargo, las propuestas todavía no se han concretado y varias de las más polémicas necesitan el visto bueno del Congreso para salir adelante, como los cambios fiscales que afectan a socimis, extranjeros extracomunitarios no residentes, a los pisos turísticos o a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal. Diferentes actores del sector inmobiliario y financiero critican la falta de concreción de las medidas y alertan de que la inseguridad jurídica provoca paralización de operaciones y podría lastrar la inversión. Además, el contenido normativo podría sufrir cambios durante el trámite parlamentario.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que "a principios de febrero" podría llegar al Congreso de los Diputados la extensión a las zonas no tensionadas de la bonificación fiscal de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen los precios del alquiler, una medida que adedelantó el presidente del Gobierno el pasado lunes y que se enmarca en un plan para fomentar la vivienda asequible. La ministra ha indicado que su intención es que este incentivo se ponga en marcha "lo antes posible", según permitan los trámites parlamentarios.

Las acciones de dos de las grandes compañías inmobiliarias de la bolsa española, Neinor Homes y Merlin Properties, subieron este martes cerca de un 4% y un 5%, respectivamente, tras limitar el impacto en sus cuentas de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda.Las dos fuer

La nueva promotora y gestora pública de vivienda que nacerá de la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) será una realidad dentro de medio año. Según ha explicado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese es el plazo estimado para incorporar a la nueva empresa pública todo el patrimonio del Estado, elaborar un plan estratégico y crear un portal de gestión para que los ciudadanos puedan solicitar una vivienda. Rodríguez también ha asegurado que espera que el Ayuntamiento de Madrid de luz verde definitiva en febrero a la Operación Campamento de Madrid, el mayor desarrollo en suelo público y donde está prevista la construcción de unas 10.700 viviendas asequibles.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que las medidas fiscales, planteadas en los últimos días por el presidente del Gobierno y por el Partido Popular, sólo son complementarias para solucionar los problemas de vivienda.En opinión de Gestha, la experiencia demuestra q